Los derechos de las mujeres y de la población LGBTI parecen enfrentar uno de los escenarios más adversos de los últimos años, el nivel de retrocesos es alarmante; así como lo es el evidente pacto conservador entre – aparentemente- opuestos sectores políticos.
Ha quedado claro que las autoridades vinculadas tanto a una “supuesta izquierda” como a la derecha no se enfrentarán para defender libertades fundamentales. La visión conservadora, anti-enfoque de género y anti-igualdad los une y se impone.
Cada semana un nuevo revés, mencionemos los últimos:
- La aprobación desde el Ejecutivo de la Castración química, que evidencia un preocupante retroceso en la comprensión de la violencia de género desde el Estado.
- El atropello contra la SUNEDU, que condena la educación universitaria a ser mediocre y abre las puertas a la comercialización de lo que es un derecho.
- La reciente aprobación en el Congreso del PL 904 que pretende establecer el derecho al veto de “algunas” organizaciones de padres de familia sobre los contenidos escolares, pasando por encima de la rectoría del MINEDU y – obviamente- buscando eliminar el enfoque de género de la curricula de educación básica; y
- La elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, sin debate, sin transparencia y seleccionando a quienes tienen perfiles serviles al conservadurismo y opuestos a los principios constitucionales que – en la teoría- deben defender (igualdad y no discriminación).
El drama no termina aquí, se viene la elección del Defensor del Pueblo, institución democrática fundamental para la defensa de los derechos de la ciudadanía y para supervisar el cumplimiento de las labores del Estado. En este escenario las posibilidades de garantizar una nueva persona idónea en el cargo son pocas.
Nos encontramos en una crisis democrática, en donde se están vulnerando las principales instituciones y generando un contexto propicio para los autoritarismos y las restricciones de libertades fundamentales. El escenario es grave y debe generar la alerta de toda la ciudadanía, al menos de la que cree en la democracia como sistema político idóneo para vivir en cierta armonía.
En este contexto la demanda de una Asamblea Constituyente es contraproducente. Y digo esto convencida de que, aunque el país necesita una nueva constitución que responda a las grandes demandas de la población y ponga barreras a las múltiples exclusiones; para la construcción de este nuevo pacto social se necesita una clase política honesta, alejada de la corrupción, comprometida con los valores y principios básicos democráticos y el Estado de derecho. El escenario que tenemos no es ese, sino todo lo contrario.
Toca a la sociedad civil encontrar salidas a la crisis, a los liderazgos sociales realmente comprometidos con la igualdad y la no discriminación promover articulaciones que contribuyan a dar una respuesta dialogante y de consensos, con mínimos que no pueden transgredirse por afectar la dignidad humana. Difícil tarea. Aunque es penoso decirlo, por ahora que se vayan todos.
