R.J.A.A.A. (“Alexis”)

El abuso en perjuicio de R.J.A.A.A. (o “Alexis”, según la comisión investigadora), quien tenía 15 años al momento de ocurrir los hechos, es el caso conocido más reciente. Ocurrió el 19 de mayo del 2015. El sacerdote Manuel Mendoza Ruiz le habría hecho tocamientos indebidos durante el viaje que el adolescente y el sacerdote realizaron a fin de participar de un retiro espiritual en la ciudad de Chimbote. Los tocamientos ocurrieron en el bus entre Trujillo y Huamachuco. Siendo de madrugada y con las luces apagadas, Mendoza Ruiz empezó a hacerle tocamientos indebidos en sus partes íntimas, metiéndole la mano en el interior de sus pantalones. A pesar del reclamo del adolescente, el sacerdote volvió a insistir, generando la molestia del menor de edad.

La madre de la presunta víctima, a quien la comisión investigadora llama con el seudónimo de “Rita”, relata que acudió ante el obispo Sebastián Ramis Torrens a realizar la denuncia correspondiente, pero éste no ordenó ningún tipo de investigación, ni medidas de protección o de acompañamiento a la víctima, ni ninguna sanción contra el responsable. Ante la falta de respuesta, “Rita” irrumpió en una reunión realizada el 24 de octubre de 2018 con sacerdotes de la provincia, para reclamarle al obispo Ramis por su inacción. Allí fue apoyada por otros sacerdotes:

«¿Por qué la quieren botar, si ella quiere contar su verdad (…)? Si su hijo ha sido afectado, ¿por qué vamos a defender lo indefendible? Nos da vergüenza que vengan a decirnos en nuestra cara la clase de gente que somos. Una madre humilde, que hayan querido hacer de su hijo lo que han hecho».

“Alexis” tuvo una audiencia el 26 de febrero del 2019 con el vicario judicial Mons. Ricardo Coronado Arrascue, que lo afectó mucho. Al respecto, ella relata:

«Ayer mi hijo salió muy mal de la entrevista, y cada vez que lo entrevistan, que lo preguntan, mi hijo sale mal, molesto. Y le he pedido al padre que ayer lo ha entrevistado que ya no lo entrevisten más porque mi hijo ya… hemos ido a la fiscalía, ha pasado por la psicóloga de la fiscalía, por el padre, por el obispo, por varias oportunidades y yo creo que, en vez de mejorar las cosas, lo estamos empeorando. Antes de ir estaba molesto, resentido. En el trayecto del camino no me dijo nada. Entró a hablar con el padre, le contaría los hechos como sucedieron, y salió molesto».

Los casos de estas cinco víctimas fueron denunciados ante la fiscalía, siendo archivados por prescripción de los hechos o argumentando su poca capacidad probatoria. El obispo Sebastián Ramis Torrens, denunciado por encubrimiento en todos los casos, fue exculpado con el argumento de que no existe normativa que obligue a un miembro del clero a trasladar una denuncia de abuso sexual, inclusive contra menores de edad, a la fiscalía.

Los casos de estas cinco víctimas son sólo la punta del iceberg de un escándalo mucho más complejo de abusos y encubrimiento que implicaría a las más altas autoridades de la Iglesia católica en el Perú, como informó en julio de 2020 la periodista Melissa Goytizolo de La República en un extenso reportaje intitulado “Batalla al interior de la Iglesia”.

Un grupo de sacerdotes de la prelatura de Huamachuco, entre los que se encuentran algunas de las presuntas víctimas, reunidos en torno a la Comisión de Escucha de Víctimas de Abusos Sexuales de la Prelatura de Huamachuco, vienen solicitando desde hace años a las autoridades eclesiásticas que tomen acciones concretas a favor de los denunciantes. Entre ellos se encuentran Agustín Díaz Pardo, Antonio Campos Castillo, Nery Tocto Calle, Esteban Desposorio Fernández, Ángel Antero Salazar Chávez y Ángel Cachay Malo. El padre Esteban Desposorio le comentó a la periodista de La República que tenía más de 100 testimonios de jóvenes víctimas de abuso sexual.

La investigación periodística de Goytizolo menciona, en base a cartas oficiales, los nombres de políticos que fueron informados de lo que estaba pasando en Huamachuco y de las altas autoridades eclesiásticas que fueron debidamente informadas en su momento, a saber, el cardenal Juan Luis Cipriani, Mons. Sebastián Piñeiro (actual arzobispo de Ayacucho) y Mons. Miguel Cabrejos (actual arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana). Por supuesto, ninguno se pronunció sobre el caso ni hizo nada para atender a las víctimas.

En carta del 25 de febrero de 2016, dirigida por Mons. Cabrejos a Mons. Ramis, obispo prelado de Huamachuco, aquél pide que se discipline a los sacerdotes denunciantes por haber aparecido en el programa Punto final de Frecuencia Latina para hacer públicas sus denuncias. «Ante estos hechos me permito pedirle que en su condición de obispo de los referidos sacerdotes (…) actúe con la mayor diligencia para garantizar la observancia de la disciplina eclesiástica entre sus sacerdotes, les exija el cumplimiento de todas las leyes que le competen y evite que se introduzcan abusos como el ocurrido a propósito de la publicación de esta denuncia, para que comportamientos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir».

Y sobre el fondo del asunto, las denuncias mismas, dice que «el contenido de las declaraciones en ese reportaje reviste especial gravedad, pues se acusa de supuestos actos que atentarían gravemente contra la dignidad del sacramento del orden, contra la disciplina eclesiástica y algunos estarían contemplados en los “delicta graviora”. Denuncias que por su contenido y por la forma en que se han expresado han ocasionado grave escándalo entre los fieles y daña profundamente la imagen de nuestra amada Iglesia».

Ni una sola palabra respecto al sufrimiento y al daño que se les ha ocasionado a las víctimas ni sobre la necesidad de reparaciones. Lo único que le preocupa es la imagen de la Iglesia, por lo se debe garantizar que no se vuelvan a repetir denuncias como éstas. Y como efectivamente sucedió, los denunciantes fueron sancionados y las víctimas, desatendidas y revictimizadas, restándole crédito a sus testimonios y declaraciones, considerándolas «llenas de contradicciones y exageraciones extremas». El cura Montenegro fue suspendido de todas sus responsabilidades eclesiásticas recién en el 2019, tres años después de la carta de Mons. Cabrejos, sin haber reconocido sus delitos ni haber sido obligado a reparar el daño producido.

Una conclusión que salta a la vista es que la Iglesia católica en el Perú requiere ser sometida a investigaciones independientes sobre abusos cometidos, como se ha estado haciendo en varias diócesis de países desarrollados. Porque donde uno pone el dedo, salta la pus.

Tags: