Luego de la elección de la Mesa Directiva para la primera legislatura del Congreso -que liderará María del Carmen Alva de Acción Popular (AP),  junto a representantes de Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú (PP) y Avanza País (AP)-, la bancada oficialista de Perú Libre (PL) quedó en el aire. 

La derrota no solo se debió a que registraron su lista fuera de hora, sino a que en las negociaciones PL mostró obstinación en presidir la Mesa y no cedió en la idea de impulsar una Asamblea Constituyente desde el Parlamento. El presidente Pedro Castillo, incluso, insistió en esta idea en su mensaje presidencial.

Hoy el nuevo objetivo de la bancada perulibrista es hacerse de las principales comisiones del Parlamento. Y si bien los congresistas de la oposición dicen que no hay ánimos de hacerle la vida imposible al oficialismo, a quien le corresponde presidir siete de esos grupos de trabajo, la mayoría de bancadas coincide en que hay varias demandas antes de ceder y cada una tiene, además, sus propias ambiciones.

“Estamos en ese proceso de iniciar las gestiones. […] Las comisiones más importantes [para el partido] son Educación, Trabajo, Salud, Defensa, Presupuesto y Constitución”, dice el congresista Edgar Tello, de Perú Libre.

Tello sabe, como su colega de bancada José Balcázar, que desistir de sus pretensiones de impulsar una Asamblea Constituyente va a ser puesto sobre la mesa por la oposición a cambio de comisiones clave. Pero no están dispuestos a ceder, así sea -en palabras de Balcázar- una intención “suicida”. 

Sudaca contactó unos días antes de su nombramiento al ahora premier Guido Bellido para consultarle sobre esta posición. «Todo es dialogable […] ¿Por qué les preocupa tanto la Asamblea? Están desesperados», dijo y dejó de contestar.

Las negociaciones por las comisiones entonces se pondrán cuesta arriba para el oficialismo. Por ejemplo, Alejandro Cavero, de Avanza País, dice que a la fecha han tenido dos reuniones con Perú Libre [ninguna sobre las comisiones], luego de las cuales la única conclusión de su partido fue que no apoyarán la Asamblea Constituyente, aunque sí cambios constitucionales.

“A título personal pienso que, bajo ninguna circunstancia, deberían presidir Constitución, pero hay otras que son importantes para el oficialismo, como Presupuesto. Habrá que sentarnos a conversar, pero si no desisten de la bandera de la Constituyente, será difícil llegar a un acuerdo”, agrega.

Avanza País, a la que le corresponde presidir una comisión, también tiene su lista de deseos. “Tenemos varias comisiones en mente, pero es parte de la negociación con los otros grupos políticos. Está Energía y Minas, aunque también estamos apuntando a Educación, Trabajo o Producción. Calculo que, a partir de la próxima semana, estaríamos negociando”, dice Cavero.

Por su lado, en Fuerza Popular -la segunda bancada con más congresistas (24)- también quieren Constitución. De acuerdo al vocero alterno de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, competirán por este codiciado grupo de trabajo con la bancada oficialista. 

“Son cinco las comisiones para FP. En la segunda vuelta hemos ido con la defensa de la Constitución del 93, por lo que sería una de las comisiones por las cuales podríamos estar detrás”, apunta. Pese a ello, reconoce que recién luego del mensaje presidencial se reunirán como bancada para definir estos temas y que aún no tiene las coordinaciones avanzadas. 

Luego de la elección de la Mesa Directiva, José Arriola, vocero de Acción Popular, señala que no han tenido mayor acercamiento a Perú Libre. Sin embargo, señala que hay predisposición para apoyar a dicho partido en algunas comisiones. Educación, por ejemplo, sería una carta para negociar. Incluso, en la órbita está Presupuesto, una de las más codiciadas.

¿Qué pediría Acción Popular para no negarle al oficialismo la presidencia de estos grupos de trabajo? “Un primer gesto sería poner coto a este tipo de declaraciones de Cerrón y el congresista Guillermo Bermejo. A partir de ahí, podríamos conversar, pero todavía no hemos empezado a negociar las comisiones con ellos”, dice Arriola.

Arriola se refiere, por ejemplo, a las recientes declaraciones de Bermejo luego de que el Pleno votó por no dejar participar a la lista que integraba Perú Libre con miras a la Mesa Directiva. “El fujimorismo y la derecha quieren vetar a la lista 3 […] El plan de vacancia contra Pedro Castillo ha empezado”, escribió en Twitter el parlamentario investigado por sus vínculos con los narcoterroristas del Vraem. 

Por otro lado, Eduardo Salhuana, congresista por APP, señala que, más allá de que Perú Libre no tenga ningún representante en la Mesa Directiva, eso no significa que se vaya a actuar a sus espaldas. “Se coordinará también con ellos el tema de las comisiones para que algunas, como Presupuesto y otras importantes, sean asumidas por Perú Libre. Sería una mezquindad apoderarse de todas las comisiones”, afirmó. 

Ahora que se ha juntado con el Partido Morado, Somos Perú tendrá mayor ventaja para negociar, pues a esta alianza le corresponden dos presidencias de comisiones. Así, buscarán tener Descentralización y Ciencia y Tecnología, aunque todavía no se oficializa la creación de este Grupo Parlamentario más allá de las declaraciones de sus integrantes. 

Fuentes cercanas a esta coalición señalaron que también se están conversando con otros congresistas para que se incorporen a la misma. “Hay incomodidades en el Parlamento y algunos ven con bastante agrado las posiciones de Somos Perú. Esperamos que las incorporaciones se den a la brevedad. Uno de ellos es Héctor Valer, que es no agrupado (y estuvo en Renovación Popular)”, refirió una fuente.

Las claves

De acuerdo al exjefe de gabinete de la Mesa Directiva, Alejandro Rospigliosi, las comisiones más importantes a presidir son Presupuesto, Constitución, Economía, Energía y Minas, y Fiscalización. Esto, debido a que las principales decisiones de Estado, como fiscalizar al Ejecutivo y aprobar normas con gran impacto, pasan por estas.

Cabe recordar que, según el reglamento del Congreso, es el Pleno el que aprueba el cuadro de conformación de las comisiones. Para ello, debe haber un acuerdo previo del Consejo Directivo del Parlamento, el cual incluye a la Mesa Directiva y los portavoces de los grupos parlamentarios que llevan las propuestas. 

Todo indica que las negociaciones se darán a contrarreloj y que o Perú Libre aprende a ceder, o podría seguir perdiendo espacios clave en el Parlamento. 

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La novela del nuevo gabinete ministerial está en su momento más incierto. Luego de que se anunciara que el día de ayer se conocerían los nombres de los ministros del Bicentenario, la ceremonia se postergó al 30 de julio, dejando al país, dos días más, en zozobra.

A horas de la mañana, Sudaca fue el primero en informar por redes sociales que la juramentación de los ministros fue cancelada la noche de antes de ayer, de acuerdo a fuentes que estaban encargadas de organizar el evento y de Cancillería.


La ceremonia, que recién se empezó a gestionar el pasado lunes 26 por la noche, iba a albergar a 150 personas. Sin embargo, antes de las ocho de la mañana de ayer los organizadores recibieron la orden de que el evento no iba más. El anuncio interno lo dio José Corbera, jefe de la Oficina General de Administración de la Cancillería. 

Una hora después de la información que lanzó este medio, Presidencia emitió un comunicado donde señalaba que la juramentación del primer ministro se haría el día de mañana en Ayacucho y que la ceremonia de juramentación del gabinete se llevará a cabo el 30 de julio en el Centro de Convenciones de Lima y no en Palacio de Gobierno, como se suele hacer.

La razón radica en que aún no está terminada la lista de los ministros que estarán a cargo. Más allá de los nombres que han circulado, varios indicios demuestran las indecisiones del presidente Pedro Castillo, y las presiones que está recibiendo.

El confeccionista Dante Grados -a quien tradicionalmente los gobiernos de turno le han pedido la elaboración de las bandas ministeriales y presidenciales-, aseguró a Sudaca que hasta las seis de la tarde del martes se habían entregado solo 12 fajines, de los cuales diez son para hombres y dos para mujeres.


Al ser 19 los ministerios aún vigentes extraña que para entonces no se hayan mandado a hacer más. Adicionalmente, este medio pudo conocer que Julián Palacín, integrante del equipo técnico de Perú Libre, le compró al confeccionista uno de los fajines para un ministro. Contactado, el abogado negó que sea para él o su hijo. Pero no quiso dar más detalles.

Asimismo, a las cinco de la tarde del mismo día, 27 de julio, llegó al taller una camioneta de la cual bajó una mujer para comprarle un fajín adicional a Grados. Sudaca pudo comprobar mediante la placa que el vehículo es propiedad de la PCM. 

Hasta la noche del martes, Róger Nájar permanecía como la principal carta para ser primer ministro. Fuentes aliadas de Castillo -y otras cercanas al partido con las que pudo hablar Sudaca-, sin embargo, señalaron que hasta ayer existían serias dudas sobre su nombramiento, basadas principalmente en que tuvo una hija con una adolescente de 14 años cuando él tenía 30, como informó el diario La República. Es por ello que todavía no se termina de definir al 100% si es que asumiría el premierato, y Nájar venía perdiendo peso a la interna. 

A eso se le suma que ayer por la noche un grupo de cerca de 20 congresistas mujeres de distintas bancadas del nuevo Parlamento firmaron una misiva donde se exhorta a Castillo a que «no incluya en su gabinete ministerial a personas involucradas en actos de violencia contra las mujeres, niñas y niños peruanos». Era una clara alusión a Nájar. Entre las firmantes están la fujimorista Ronsagella Barbarán, Norma Yarrow por Renovación Popular, la acciopopulista Marleny Portero, Rosio Torres por Alianza Para el Progreso, Rosselli Amuruz de Avanza País, entre otras. 

Lo más concreto es que Hernando Cevallos asumiría la cartera de Salud; Pedro Francke, el MEF; y la vicepresidenta Dina Boluarte, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Otro voceado para ocupar es Héctor Béjar en Cancillería. Fuentes de esta cartera confirman que se trata del nombre que tiene mayor peso para ocupar dicho ministerio. Ayer llamó la atención su presencia en una de las primeras reuniones bilaterales lideradas por Castillo con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

Castillo, Béjar, el rey de España Felipe VI y Lasso almorzaron ayer en Torre Tagle. El electo presidente cerró con un brindis y la frase “seco y sin gota, al estilo de Chota”, lo que causó risas en los presentes.

Sudaca también conoció que el Frente Magisterial, organización de la cual ha sido activo integrante Castillo, propuso una terna para la cartera de Educación: los profesores Mario Guanilo de La Libertad, Segundo Vásquez de Cajamarca y Roger Apolinar de Lima Provincias. Sin embargo, el principal voceado para dicho ministerio sigue siendo Juan Cadillo, según ha trascendido.

Además, el presidente de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas (Conarc), Víctor Vallejos, fue propuesto por esta organización a Pedro Castillo para ocupar el ministerio del Interior. Vallejos no es visto con simpatía por otras organizaciones de rondas, como la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc-P) 

Pero no todos se acercan a Castillo a proponer. Cerca de las siete de la noche del 26 de julio pasado, dos días antes de la fecha pactada para la presentación de los ministros, unos 50 militantes de Perú Libre llegaron a la base de Breña donde despacha Pedro Castillo. Querían presionar para que ningún “caviar” llegue al gobierno y exigir que, si hacía falta algún profesional para estar en el Ejecutivo, los elegidos debían estar entre quienes apoyaron la causa perulibrista desde el inicio.

“Castillo y Cerrón, un solo corazón” o “(George) Forsyth y (Daniel) Salaverry, la misma porquería”, coreaban luego de que terminase la visita de Vladimir Cerrón, líder del partido, a la base de Breña. Además, exigían a Roger Nájar como primer ministro. Los militantes también cantaban: “si Pedro se equivoca, el pueblo lo corrige”. 

Emerson López, secretario de profesionales del Comité Ejecutivo Regional de Lima, y vocero de dicho incidente,  sin embargo, no ha visto que el reclamo haya sido fructífero.  En comunicación con Sudaca, indica que todavía no les han comentado quiénes serán los que finalmente asumirán los ministerios y que recién el lunes sostendrán una reunión con el presidente Castillo.

Para la abogada constitucionalista Ana Neyra, al no contar con ministros, formalmente, ningún acto del presidente tiene validez ya que no tiene refrendo alguno, de acuerdo al artículo 120 de la Constitución. “Cualquier acto que suscriba, como un proyecto de ley, no podría hacerlo, aunque también es cierto que en los días 28 y 29 no se hacen muchas cosas”, explica.

“Esperemos que por lo menos haya un primer ministro, porque es esta persona quien propone el gabinete al presidente. Me parece que algo así nunca ha sucedido, los cambios de gobierno siempre empiezan con el cambio de ministros”, agrega la exministra de Justicia.

Por ahora, habrá dos días en los cuales el país no tendrá ministros, hecho sin precedentes en la historia reciente del país. A 200 años de la independencia del país, la incertidumbre política sigue siendo nuestro sello distintivo. 

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A fines del 2020, DHL Express fue elegida como el segundo mejor lugar para trabajar a nivel mundial. La empresa incluso se jactó de que en el Perú no paró operaciones, además de mantener a su personal y no recortar sus salarios. Pero hace dos semanas explotó un caso de maltrato laboral que desencadenó en una serie de denuncias por despidos disfrazados de “mutuo disenso”. Sudaca pudo recoger varios de estos testimonios.

 

El pasado 16 de julio, Scarlett Loyola, hija del ahora extrabajador Luis Loyola, denunció públicamente que su padre había sido retenido en las oficinas de DHL y que fue obligado a renunciar. Luis tenía cerca de 10 años trabajando como mensajero en DHL y, desde que empezó la pandemia, le habían asignado tareas que podía cumplir en su casa. Es, además, una persona que padece hipertensión arterial.

Según el relato, el señor Loyola se encontraba con descanso médico por un infarto ocular del que fue dado de alta a inicios de este mes. El pasado 14 de julio fue citado a las oficinas de la empresa con la excusa de una capacitación.

El martes entregó su alta y lo llamaron para que vaya el miércoles 14/7 a la oficina en el Callao a una capacitación. Mi papá fue y lo llevaron a un cuarto con el jefe y la gerente de operaciones, Mireya Martin. Le dijeron que debía firmar su renuncia por mutuo acuerdo. Pero él nunca firmó suspensión perfecta de labores y encima tenía descanso médico. Mi papá dijo que no firmaría y no lo dejaban salir”, se lee en la publicación de su hija.

Contactada por Sudaca, Scarlett Loyola se ratifica y cuenta que ella estuvo en comunicación con su padre por el celular durante este penoso episodio.  Asegura, incluso, que le escuchó decir que se sentía mal de la presión, pero el personal de DHL apenas atinó a que una agente de seguridad le tome el pulso. Según la hija del trabajador, a pesar de la urgencia, no lo dejaron salir de la oficina. Hasta que, finalmente, firmó el documento.

La mujer, que hoy sufre injustificadamente una serie de insultos en Twitter por destapar este hecho (aunque también muestras de apoyo), asegura que, cuando llegó a ayudar a su padre, el director de Recursos Humanos, Mauricio Martínez, la maltrató y le negó la opción de grabar una conversación que mantuvieron afuera de la empresa, en la vía pública. Según ella, le dijo que la denunciaría si hacía lo contrario. Mauricio Martinez  ha desactivado su perfil de LinkedIn.

Cuando Scarlett pidió explicaciones del despido disfrazado de “mutuo acuerdo”, Matínez habría puesto como excusa que su padre, a pesar de estar contagiado de Covid-19, se fue a almorzar con un trabajador de la empresa y, por lo tanto, lo había puesto en peligro. Lo que le llamó la atención es que su padre había estado infectado desde fines de febrero hasta el 7 de marzo pasado, en que lo dieron de alta. La supuesta comida ocurrió en mayo, asegura: dos meses antes de su despido.

“Se puso déspota y me dijo que si quería que denunciase en las redes, en Sunafil, donde sea, pero que tenían la firma de mi papá y eso los iba a avalar, dijo que tenían un staff de buenos abogados”, afirma Scarlett Loyola.

Horas después de que el caso de Loyola saliera a la luz, la empresa publicó un comunicado. En este decía que no iban a discutir casos individuales de excolaboradores por consideraciones legales y de privacidad, pero que rechazaban rotundamente cualquier acusación relacionada a algún maltrato o violación de derechos. 

Además, apuntaron: «Para aquellos considerados como grupo vulnerable, pero cuyos trabajos requieren operaciones en centros de servicio, también hemos hecho arreglos para que puedan quedarse en casa sin afectar sus ingresos ni su situación laboral». No todos opinan lo mismo, como veremos a continuación. 

Más pretextos

Jair Yataco sufre de dislipidemia, una concentración elevada de lípidos (colesterol, triglicéridos), y también de hipertensión arterial. Según Bryan Medina, médico del hospital Rebagliati, estas condiciones, en el contexto de pandemia, hacen que sea población vulnerable. 

Yataco asegura que la empresa conoce de su condición. A pesar de eso, señala que él siguió operando en la calle hasta poco tiempo antes de ser despedido, cuando se le dijo que haga trabajo remoto.

El pasado 15 de julio, sin embargo, tras 15 años trabajando como mensajero en la empresa, fue llamado a una “capacitación” por uno de los líderes de su área. Ahí le dijeron, para su desagradable sorpresa, que debía firmar un mutuo disenso. Según su relato, si no aceptaba, la empresa utilizaría como excusa un incidente que había ocurrido el 20 de noviembre del 2019, por el cual se le retuvo su brevete.

“Sabía que me iban a agarrar por eso, porque otros amigos ya estaban hablando de despidos, pero es algo que yo había comunicado en su momento. Me dijeron que si no firmaba, sólo me iba a ir con la CTS, en plena pandemia. Tácitamente estaba obligado a firmar”, recuerda.

Otro caso similar es el de Yanira Hermoza (28), quien había dedicado siete años en el área de Aduanas y fue retirada hacia fines de 2020. Según su testimonio, fue convocada de un momento a otro a la compañía tras un descanso médico y fue llevada a una oficina en el área de recursos humanos, supuestamente, para comunicarle que querían cambiar sus funciones.

Una vez ahí, le dijeron que ahora buscaban a gente de otro nivel y que no cumplía con las expectativas de la empresa. “Yo tenía hasta felicitaciones de DHL y había estado siete años. Me tenían a veces trabajando sábados o domingos y jamás me pagaron horas extras. Eran conscientes que era mamá soltera, pero igual me hicieron sentir muy mal y lloré. Me pareció raro que me dijeran que firme lo de mutuo disenso, pero para no pelearme, terminé firmando”, narra.

“Firmé por ignorancia, me dijeron que era la mejor opción para ambas partes, para que puedan dar buenas referencias mías. Llegué a casa y me dijeron que debí negociar de otra forma. Luego caí en cuenta de que, primero me dijeron que me sacaban por ser mala en el trabajo y luego me decían que me recomendarían en otro. Después de tanto esfuerzo, te dicen ‘chau’. Fueron injustos conmigo”, se lamenta.

María, nombre ficticio de una extrabajadora de casi 10 años, aún tiene una materia pendiente con la empresa y por ello pide anonimato. Ella también fue convocada para ver “un tema laboral” a inicios de enero de este año -según dice, para conocer cómo iba a ser el plan de trabajo-. Al llegar, estaba su jefa y la directora del área, con un sobre manila. Ella sabía, o algo le decía, de qué se trataba: el mutuo disenso.

“Sabía que no había ido a trabajar. Me dijeron que intentaron colocarme en otro lado pero que no se pudo, que estaban desvinculando a varios empleados y que necesitaban otro tipo de profesional para el puesto que dejaba. Incluso, me dijeron que me habían armado un pack que me convenía firmar [se refiere a una ‘buena’ liquidación]”, cuenta.

María cuenta que se contactó con su abogado y este le dijo que podía pelearla, pero que iba a demorar. Entonces pidió que la dejen sola y, al rato -dice- vinieron con una propuesta de liquidación mayor.

“Me advirtieron que tenía 10 minutos y que el director de Recursos Humanos, Mauricio Martínez, decía que pasado ese tiempo, la oferta vencía. Me estaban presionando y respondí que necesitaba pensar en mi futuro. Estamos en pandemia y tengo una hija. Ni siquiera había tenido una sola amonestación en mi carrera. Luego me dijeron que si íbamos por el lado legal, iba a salir mal de la empresa y que, si renunciaba, iba a salir por la puerta grande”, afirma. Asegura que el jefe de Recursos Humanos también se jactó de contar con un staff muy fuerte de abogados.

Y luego añade: “Al final de la tarde, me enteré que hicieron una reunión y que dijeron que me habían sacado por mi desempeño, que me habían avisado incluso, pero es totalmente falso. En las evaluaciones tenía una puntuación de cuatro, donde cinco es lo máximo y el promedio era tres. Fue un golpe muy duro, lo peor fue cómo dejaron mi imagen”, señala.

Guillermo Boza, abogado laboralista y profesor principal de Derecho en la PUCP, señala que estos casos son comunes y muchas veces se convoca a un trabajador y se le presenta un documento de manera sorpresiva donde se le dice que si no firma, no se le pagan sus beneficios.

“Cuando alguien cuestiona o judicializa estos casos, va a tener que acreditar los hechos que alega, como el que haya sido coaccionado. Hay jurisprudencia, como un caso de Telefónica, que con los hechos se demostró que una persona fue encerrada en una oficina negándose a firmar. Fue una suerte de secuestro temporal. Se acreditó y se declaró nulo el acto de mutuo disenso”, explica.

Sudaca envió un cuestionario sobre estos casos a DHL, que se limitó a señalar que los despidos «se derivan de razones netamente relacionadas a temas de desempeño y cumplimiento de nuestro código de conducta interno, siempre en el marco de la ley».

Mientras tanto, este medio conoció que para el caso de Loyola, Sunafil sostendrá en los próximos días una diligencia donde participará el afectado y DHL. De acuerdo a la entidad fiscalizadora, desde el 16 de marzo, DHL registra seis denuncias virtuales, de las cuales dos son por despidos arbitrarios. Además, desde que empezó la pandemia, se han impuesto 62 multas contra 55 empresas por este tipo de abuso. Este es un caso más de una empresa que dice se ampara en la ley, pero cuyos trabajadores apuntan lo contrario.

 

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El pasado 29 de mayo, los ciudadanos Eva y Juan Ramírez Díaz se acercaron a la comisaría de Barranca a poner una denuncia por estafa contra Navil Castillo Garro, “organizadora” de ‘Crowdfunding Dreams’, una nueva “pirámide financiera” que, según la SBS, no tiene autorización para captar fondos.

 

De acuerdo al parte policial, Castillo les había explicado que tenían que realizar un depósito de S/5.215 cada uno y que debían comprometerse a captar a más incautos. La promesa era que si llegaban a convocar a siete personas, se quedarían con las cuotas de ingreso de estos. La dinámica la repetirían los nuevos integrantes bajo un esquema de tres fases en el que cada uno podría terminar ganando más de S/114.000.

Para maquillar el aporte, ‘Crowdfunding Dreams’ hace firmar a los participantes una declaración jurada donde se deja claro que se trata de una donación y en la que se adjunta el voucher del dinero, una copia de DNI, huella digital y firma.

La pirámide -que se marquetea como de «riesgo cero»- funciona solo si los invitados aportan sus cuotas y siguen invitando a otros. Para que una persona gane siempre deberá tener a alguien debajo suyo. Pero el sistema, más pronto que tarde, se vuelve insostenible y se derrumba cuando dejan de recibir más afiliados.

Es lo que pasó con CLAE, que en la década de los 80 llegó a mover más de US$640 millones y captó a más de 200.000 personas, según reportes periodísticos. A la falta de nuevos aportantes, se sumó la intervención de la SBS y el negocio naufragó.

Hoy los Ramírez, que se encuentran en la base de la pirámide, viven las consecuencias naturales de este tipo de negocio: no pudieron captar a más incautos y entonces no hubo devolución.

El líder y fundador de ‘Crowdfunding Dreams’ es nada menos que un miembro del Parlamento Andino: Jorge Romero Castro, quien entró a esta inútil entidad con Fuerza Popular el 2016. Tiene 47 años y se hizo conocido en los medios por un par de episodios infelices.

En 2019, por ejemplo, Alessandra Granuelly denunció en un programa dominical que fue contactada por Romero para trabajar en el Parlamento con la condición de que este se quedara con la mitad de su remuneración. Esto, incluso, produjo una denuncia constitucional por parte de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a inicios de este año por los delitos de Concusión y Peculado de Uso. El caso está en manos del Congreso.

El nombre de Romero también saltó a la palestra en setiembre pasado, cuando se descubrió que “dobleteaba” como coach en la empresa Go American Coaching SAC, dedicada a “actividades de apoyo a la enseñanza” y de la cual es gerente general. Era un trabajo adicional al de parlamentario por el que ya recibía una remuneración de S/23.000.

En su LinkedIn, Romero destaca que es experto en coaching y en FireWalking&OutDoor, el extravagante nombre de una actividad que consiste en cruzar un corto camino de piedras a altas temperaturas. Además, se reconoce como especialista en distintos tipos de marketing. En esa red social, sin embargo, no figura su experiencia en ‘Crowdfunding Dreams’, aunque en su flamante canal de YouTube protagoniza vídeos en los que asesora a nuevos incautos a que “cumplan sus sueños”.

“En este grupo estamos las personas que queremos cambiar el mundo y contribuir para ser un millón de miembros en todo el planeta. Personas que impactemos en la vida de otras, que llevemos el mensaje de superación personal, de prosperidad, de mitigar la pobreza y crear un mundo de abundancia y prosperidad”, dice en uno de estos videos, sin precisar que la abundancia viene a costa de embaucar a los que están debajo.

Victoria -a quien cambiamos de nombre luego de originalmente publicar el verdadero por temor suyo a represalias-, de 71 años, y su esposo son otras de las víctimas. La pareja, que fue captada por una conocida de ambos, incluso se hizo de un préstamo para poder invertir una cuota de ingreso de S/10.430. Pero no tuvieron suerte en captar a más personas.
Con una operación urgente de por medio, solicitaron que se les devuelva su dinero. Idas y venidas, excusas y un único contacto con una persona de nombre Shirley, que es parte de la organización, fueron las noticias que recibió Victoria, quien ahora se encuentra delicada de salud y con un préstamo que tiene que honrar.

“Esto fue un boom en Barranca, todo el mundo se metía. La persona con la que hablamos [para pedirle la devolución del dinero] se puso altanera y no dejaba de hablar. Dijo que también había sido estafada y que estaba devolviendo como podía. No supimos más de ella”, cuenta la hija de anciana a Sudaca, mostrando el depósito de dinero y los chats de comunicación de esta estafa vestida de promesa.
Como ellos hay varias víctimas que esperan la devolución del dinero, aunque otros casos ya no tienen esperanzas.

“Te hablan de dinero, que era como una pirámide pero a través de donaciones. Te pintan que tal persona ha cobrado y, habiendo un precedente de alguien que lo logró, entré”, cuenta Luis, otro miembro de Crowdfunding International Dreams que se siente estafado y que pide no revelar su nombre real.

A Luis le dijeron que si quería retirarse de la comunidad y tener su inversión de vuelta debía conseguir un reemplazante. “No he podido conseguir a quien me reemplace, pero al inicio se me dijo que cuando quisiera retirarme podría hacerlo. Si intento traer a alguien, esa solución me va a traer un problema. Yo ya di el dinero como perdido”, se lamenta.

«Hay protocolos que hay que cumplir y un estatuto donde uno entra sabiendo que no se pueden romper las reglas», responde a Sudaca Percy Aguilar, uno de los organizadores. En buena cuenta, si no consigues reclutar más gente, pierdes tu dinero.

A decir de Aguilar, el parlamentario Romero Castro “es el líder, el master coach, quien da entrenamientos y todas las pautas para ingresar con todo el conocimiento a la comunidad”. Romero no respondió nuestras llamadas para consignar su versión en este reportaje.
Antes la captación de donantes se hacía a través de conocidos, luego a través de grupos de WhatsApp y Telegram. De hecho, en esta última red social hay más de 3.200 miembros que son los que han venido aportando al menos una cuota de S/5.215. Los miembros se jactan incluso de haber captado a oficiales de la Policía.

Para tener más aportantes, además, son constantes los zoom en los que mentores o ‘coachs’ incentivan la búsqueda de más donantes. Es el caso de la ciudadana venezolana Lisette Alemán, quien recientemente tuvo una charla virtual -a la que Sudaca pudo infiltrarse- frente a más de 500 miembros.

“Nuestra meta es llegar a un millón de personas. ¿Se imaginan que esas personas tengan S/114.730 en sus cuentas? Para eso se necesita ser el mejor. No sea mediocre. Si usted hace esto, está contribuyendo a que este mundo sea mejor. Llame a esa persona y dígale ‘gracias por darme la oportunidad’ o dígale ‘me parece que es un ser extraordinario, te amo, eres mi mejor amiga o amigo”, se le oye decir a Alemán. Como si fuese una dinámica al interior de una iglesia evangélica.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) confirmó a Sudaca que ‘Crowdfunding Internacional Dreams’ no cuenta con autorización de dicha entidad para realizar actividades de captación de dinero del público bajo ninguna modalidad.

No solo eso, sino que solo aquellas entidades que estén autorizadas son las que «pueden realizar actividades de captación de dinero del público, sea como ahorro, depósito o de cualquier otra forma». Asimismo, señala que han recibido consultas, pero todavía no cuentan con información respecto a quiénes manejan y cómo opera este sistema. En este reportaje pueden encontrar algunas respuestas.

 

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La salida del fiscal Luis Arce Córdova del Jurado Nacional de Elecciones no habría significado un revés al proceso electoral si el Colegio de Abogados de Lima (CAL) hubiese cumplido con elegir a su representante en esta instancia, que revisa el festival de apelaciones presentadas por Fuerza Popular.

 

Finalmente ayer el suplente de Arce, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza -también investigado por sus vínculos con Los Cuellos Blanco- juramentó en el cargo. Pero la autoridad electoral vivió momentos de zozobra porque, hasta que esto ocurriese, no podían seguir evaluando las actas sobre las que el fujimorismo y su staff de abogados han pedido nulidades. Un trámite que se viene decantando en contra de los intereses de la tienda naranja.

Para elegir a su miembro ante el JNE, todos los abogados habilitados del CAL -es decir, los que estén al día en sus pagos- tienen derecho a votar. Estos suman unos 35.000, de los más de 76.000 abogados registrados. Según Nancy Miranda, una de los tres miembros del comité electoral del CAL y secretaria de este órgano, desde el año pasado vienen solicitando un padrón completo a la Junta Directiva que preside la decana María Elena Portocarrero, pero siempre les ponen trabas.

“Los encargados de elaborar este padrón son los directivos del CAL, de acuerdo a sus funciones. La decana tiene que organizarse y decir que elaborará esto, que es trabajo de la Dirección de Informática. Son cinco veces que el padrón ha sido observado por la ONPE”, dice Miranda a Sudaca.

El pasado 30 de marzo, por ejemplo, la ONPE remitió una carta al comité electoral donde señala lo siguiente: “Reiteramos nuestra observación sobre el padrón electoral, en el sentido que dicho instrumento no reúne las condiciones mínimas de confiabilidad que aseguren la participación plena de todos sus agremiados […] resulta necesario contar con un padrón debida y totalmente actualizado, fidedigno e inobjetable, para poder llevar a cabo unas elecciones óptimas”. 

Portocarrero -que debió dejar el cargo a fines del 2019- admite una demora del proceso y confirma las observaciones hechas por la ONPE. Pero aduce que, en gran parte, la responsabilidad fue de este organismo electoral porque no dejó claro, desde el primer momento y específicamente, qué información necesitaba.

“Las actualizaciones fueron por partes. Primero referente a los datos hábiles e inhábiles. Luego requirieron la actualización de correos electrónicos, la última observación fue referente al reglamento. Estas observaciones pudieron efectuarse de manera conjunta para agilizar el proceso”, dice Portocarrero para este informe.

La decana señala que ella propuso contratar una empresa privada para llevar a cabo las elecciones, luego de que, por las demoras, se suspendiera la votación programada para inicios de marzo de este año. Pero no sabe precisar por qué se frustró aquella alternativa.

“Les dije al comité electoral que, con la data que se tenía, se haga la elección con una empresa privada de veedores, de manera formal, pero querían confiar en el respaldo de la ONPE. La Junta Directiva no participa de las elecciones. El comité electoral es autónomo. Las propuestas [de empresas privadas] han debido de llegar al comité electoral. Yo no manejo la mesa virtual. Si ha llegado un documento y se ha remitido, yo no me acuerdo”, apunta.

Hacia fines de abril, el comité electoral finalmente consiguió un padrón subsanado.  Entre idas y venidas, el 13 de mayo este comité le indicó a la ONPE que señale una fecha para la elección electrónica, que se desarrollaría de manera gratuita gracias a la entidad electoral. Pero no ha habido respuesta. Una vez se tenga una por parte de la ONPE, recién correrán 45 días para la preparación del software que utilizarán para los comicios. 

“La ONPE tiene una agenda y recién han estado con las elecciones presidenciales. No por ser el CAL nos van a atender de inmediato. Esperemos que sea pronto [determinar la fecha de elecciones], estamos trabajando en eso y en estos días se nos va a señalar cuándo. Pero el comité electoral no tiene responsabilidad alguna con el tema del padrón”, insiste Miranda.

Actualmente hay ocho candidatos a ser miembros del JNE. Por reglamento, la persona que sea elegida asume el cargo por un período de cuatro años. 

Según el experto electoral José Manuel Villalobos -quien confiesa que aspira a ser el elegido de este proceso-, el marco legal del JNE no contempla el problema de no designación de un miembro por parte del CAL. Además, recordó que en elecciones nacionales anteriores no se registraron tantas apelaciones. PPK, por ejemplo, fue proclamado el 28 de junio de 2016. 

Decana de facto

Que no se haya podido nombrar hasta ahora al representante en el JNE también tiene un telón de fondo caótico. El Comité Electoral y la Decana del CAL se llevan pésimo. El punto de quiebre en dicha relación se habría dado hacia fines del 2019, previo a las elecciones internas al decanato de aquel año. Según fuentes colegiadas, en una asamblea ordinaria se reveló un audio de un miembro del comité electoral donde se hablaba sobre una supuesta preferencia hacia uno de los candidatos.

Fue a raíz de eso que los tres miembros del comité, incluida Nancy Miranda, fueron removidos. Le pedimos más detalles a Portocarrero, pero dijo que no podía hablar del caso al ser un proceso abierto.

Como fuese, las elecciones para el nuevo decano se dieron luego de aquel incidente, llevado a cabo por otro comité electoral, en noviembre de aquel año. A la segunda vuelta habían llegado Javier Villa Stein y César Castañeda Serrano. Según fuentes del CAL, la figura de Villa Stein no es del agrado de Portocarrero. Pero no fue ella quien finalmente frustró su designación. Lo cierto es que las elecciones no fueron avaladas por ninguna entidad.

De hecho, la ONPE no participó del proceso y hasta la notaría contratada para dar el visto bueno a la jornada tuvo que retirarse en medio de denuncias públicas de fraude. A pedido de uno de los participantes en los comicios, el Poder Judicial emitió una medida cautelar que suspendía cualquier elección hasta que no se resuelva si los comicios de noviembre eran o no válidos.

En setiembre del 2020, sin embargo, el comité electoral destituido logró -via judicial- ser repuesto. A pesar de la medida cautelar que impedía la elección, ese setiembre el comité convocó a otro proceso. Javier Villa Stein se llevó la victoria. Muchos de los candidatos, sin embargo, se negaron a participar alegando que les habían avisado con apenas 48 horas de anticipación. Incluso el notario “desistió de dar fe a cualquier acto electoral”, según reveló Hildebrandt en sus Trece.

Esta es la historia del caos de lo que alguna vez fue uno de los colegios profesionales más prestigiosos del país.

 

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Yisella Inga no tiene ninguna filiación con Fuerza Popular. A pesar de eso fue una de las personeras en la ciudad de Talara, Piura, la región en la que el fujimorismo arrasó con 64,2% de votos. Una familiar la contactó días antes del 6 de junio para preguntarle si le interesaba participar de aquella segunda vuelta. Le contó que el pago era, en un primer momento, de S/50, una cifra que se dobló un día antes de las elecciones cuando una persona que se presentó como miembro del partido le ofreció S/100. Todo gracias al supuesto apoyo de un misterioso empresario, cuenta Inga. 

 

Emocionada, dice, fue al local partidario en dicha ciudad y coordinó con Janet Guerrero, quien era coordinadora de personeros en esa jurisdicción. Ella le confirmó el pago de tres cifras.

Una vez conocido el conteo rápido de Ipsos que daba como ganador momentáneo a Pedro Castillo, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, instó a los personeros a seguir luchando voto a voto antes del cierre oficial de la segunda vuelta. Pero al terminar la jornada electoral, en Piura algunos no vieron un sol. 

“Cerca de las 11 de la noche de ese domingo nos dijeron que no iba a llegar la persona que nos iba a pagar por un inconveniente. Ni siquiera nos habían dado la comida que nos prometieron. He estado llamando reiteradas veces. A otros coordinadores sí les han pagado”, cuenta Inga a Sudaca. Este medio conversó con tres personeros más que están en la misma situación, aunque prefirieron mantener sus nombres en reserva.

“Primero se nos dijo que nos iban a dar S/50, pero luego vino otra orden de S/100. Al final, a poco más de 20 personas se nos ha dado S/30 por parte de la señora Janet Guerrero, pero con eso la gente no iba a contentarse. Hacia el lunes, si no hay un resultado, se irá a los medios masivamente y se denunciará al partido”, dice otro coordinador de personeros.

En total, serían más de 70 personas quienes o no han recibido pago alguno o a quienes se les ha dado apenas S/30, según los cálculos de los coordinadores naranjas en esta provincia. Cuando insisten con las personas encargadas, estos hacen caso omiso o dan largas. La vieja historia del perro muerto en un partido que izaba la bandera de la unión frente al ‘comunismo’.

Promesa sin cumplir

Según la aludida Janet Guerrero, quien era responsable de los personeros en el distrito de Pariñas y que viene apoyando al fujimorismo desde hace más de 10 años, el pago fue un caos porque se distribuyó mal el dinero. Según ella, todo debió centrarse a través de su persona, pero no fue así. 

“Alexander Gallardo era nuestro coordinador de personeros regionales y estuvo mandando la información y los enlaces para enviar la data de personeros, para filtrarlos también. Yo puse 228 personeros y la señora Roxana Zapata, 53; sin embargo, luego apareció Gilbert Mora (antiguo partidario) con credenciales para más personeros”, explica. Esto último descuadró todos los cálculos.

En total, en la provincia de Talara hubo 366 personas que fungieron de personeros y coordinadores de estos. El día de las elecciones, asegura Guerrero, se repartieron los pagos en todos los distritos. Pero al llegar a su jurisdicción, se dejó S/8.000 a Mora, S/6.000 a Roxana y S/15.000 a ella, lo que alcanzaba para pagarles a 290 personeros. Los personeros que había llevado Guerrero fueron los que se quedaron en el aire, porque fueron los últimos en recibir la plata y representaban la mayor parte de estos. ¿De dónde salió este dinero? ¿Quién es el supuesto empresario que financió todo? Ninguno de los entrevistados supo responder.

Luego de varias conversaciones, Guerrero consiguió que Zapata devolviera S/1.500 y luego, según cuenta, pidieron ayuda de congresistas electos en su región, con lo que se logró conseguir un pago de S/30 a una parte de los personeros sobrantes. No fue suficiente. Decenas siguen reclamando a su puerta casi a diario.

“Yo solo quiero quedar bien, recuperar mi paz y retirarme del partido. Hasta ahora vengo insistiendo que me den para pagar. Con esto que ha pasado, estoy bien golpeada. No pensé que el partido hiciera esto. Me han dado la espalda”, cuenta acongojada.

Guerrero señala que los otros dos coordinadores le han mandado cartas notariales para rectificarse tras haber salido en medios de Piura y reclamar los pagos. Sostiene que incluso la presión viene de dirigentes con mayor jerarquía, quienes le han llamado la atención. Pero ella se reafirma.

Para Andrés Sandoval, coordinador de personeros en uno de los locales de votación de Talara, el error estuvo en no centralizar el pago en una sola persona en la jurisdicción. Señala que al contactarse con fujimoristas de mayor peso en la región, de igual manera les han dado largas.

Sudaca conoció, a través de fuentes del fujimorismo, que antes del 6 de junio había un espíritu de cuerpo y sobraban las arengas en los chats de WhatsApp de la organización de personeros, como el “no al comunismo” o “vamos, por el Perú”. Aquellos mensajes ahora brillan por su ausencia. 

Otra fuente fujimorista comenta que hoy la atención no está en honrar la palabra del partido con los personeros, sino más bien en la estrategia de anular las actas, aunque los Jurados Electorales Especiales ya rechazaron todos los pedidos de nulidad. La política de la yuca en todo su esplendor.

Sudaca buscó a Milagros Takayama, personera nacional de Fuerza Popular; Mártires Lizana, congresista por Piura; y a Alexander Gallardo, excandidato al congreso por la misma región para conocer sus descargos. Hasta el cierre de la nota no obtuvimos respuesta.

 

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Mientras la ONPE terminaba de contar los votos que dan como virtual ganador a Pedro Castillo, las últimas 24 horas en el Congreso de la República recordaban lo peor de los últimos cinco años. Una reforma constitucional para limitar la cuestión de confianza -que fracasó- derivó más tarde en borradores de moción de censura contra el presidente Francisco Sagasti.

Esta última iniciativa, al inicio apoyada por los parlamentarios de Alianza para el Progreso (APP), por ahora, ha sido enterrada.

 

El primer fracaso

Ayer, el Congreso tuvo su primer y casi definitivo revés en su intención de ejecutar reformas constitucionales para limitar la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo. Esto luego de que no se alcanzaran los dos tercios del número legal de congresistas hábiles para ello. Y aunque luego vino una reconsideración, siempre impulsada por el alfil de César Acuña, el congresista de APP Luis Valdez, el pleno reconfirmó que los números no iban a alcanzar: 80 votos a favor, 30 en contra y 4 abstenciones.

Si bien se pensó que se podía sacar adelante en la cuarta legislatura, ahora solo tocaría acudir a la vía del referéndum. Pero según fuentes congresales, esto no prosperará. ¿Cuál es la historia de este fracaso por buscar poner candados al próximo Ejecutivo? Sudaca conversó con diversas fuentes parlamentarias para entender quiénes estuvieron detrás y cómo se les quemó el pan en la puerta del horno.

Para las fuentes no hay duda de que la desesperación de los congresistas tiene su punto de origen en la resaca del 2019. “Hay un tema que se dice, pero en el texto se nota más. Hay un trauma con Vizcarra. Lo que hizo en 2019 ha dejado a muchos traumados y el documento responde directamente a las cosas que él hizo”, dice una fuente.

Un segundo tema es la alianza estratégica entre fuerzas políticas. Pese a que el líder de APP, César Acuña, negó una alianza con Fuerza Popular, es innegable que existe una sociedad. En esa línea, la iniciativa buscaba poner más candados a una eventual disolución del Parlamento por parte de un más que probable gobierno de Pedro Castillo. Y por el contrario, tenerla más fácil para vacarlo. De esta manera, cualquier arranque autoritario del presidente estaría limitado, pero también se entrancaría cualquier reforma mínima sobre la que la mayoría parlamentaria pueda estar en contra.

Otro tema que no es menor es el afán de protagonismo de Luis Valdez, un personaje muy cercano a César Acuña. Valdez es visto por sus opositores como un congresista afanoso por dejar huella en la historia parlamentaria. Y el que parece estar en la misma sintonía es su compañero de bancada Omar Chehade, que ya había propuesto una reforma constitucional cuando era parlamentario oficialista de Ollanta Humala. Ambos personajes, como quedó demostrado en la vacancia a Vizcarra, guían los pasos de la bancada de APP.

Luis Valdez, alfil de APP, busca la exposición según fuentes parlamentarias (Foto: Andina).
Luis Valdez, alfil de APP, busca figuretear según fuentes parlamentarias (Foto: Andina).

Pero detrás de este intento también hay un ánimo de confrontación con el actual presidente de la República, que llegó a su nivel más álgido ayer, como veremos líneas más adelante. “En el Congreso se piensa que Sagasti está ahí por circunstancias del destino nada más. Además, se considera que de alguna manera oprime a los parlamentarios y los trata mal. Es más un tema emocional”, cuenta otra fuente parlamentaria.

APP, por supuesto, no actuó solo. Podemos Perú y Acción Popular fueron las bancadas donde se pudo cosechar más apoyo. Algunos de sus aliados, sin embargo, retrocedieron a última hora. Pese a que hubo un acuerdo inicial con UPP y el Frepap, estos últimos se bajaron del carro. En primer caso, las razones se basarían en un acercamiento con Castillo. En el segundo, dicen las fuentes parlamentarias, desistieron del apoyo cuando vieron que un proyecto de ley que favorecía la inscripción de su partido -que no logró pasar la valla en las últimas elecciones- no terminó de cuajar.

Choque con Sagasti

Previo al pleno de ayer 10 de junio, los congresistas, nuevamente liderados por APP, pusieron en la mira a Francisco Sagasti y una posible censura en su contra. ¿Qué había pasado? Una tensa reunión entre el hijo putativo de César Acuña, Luis Valdez, y el presidente interino. 

Valdez, presidente de la Comisión de Constitución, aseguró a los medios que le había dicho al presidente que en la comisión que preside no se iba a impulsar la reforma de bicameralidad, pese a que, afirmó, es necesaria. Sin embargo, en cuanto a la cuestión de confianza, sí señaló el interés por sacar la reforma adelante. 

Le recordó el cierre del Congreso del 2019 y el riesgo que supone que el Ejecutivo pueda plantear cuestiones de confianza a la ligera ante un eventual presidente autoritario. “Por no querer responder el pliego interpelatorio, podría solicitar una cuestión de confianza”, declaró.

Después de la reunión y previo a que fracase el intento de la reforma, Valdez había señalado que la actitud de Sagasti fue muy confrontacional y amenazó con una denuncia constitucional en caso el mandatario utilice sus “poderes fácticos” para las reformas. Sagasti respondió minutos después: «No hay ningún interés de intimidar nada que permita el más mínimo resquicio para una acusación constitucional. Aquí de repente el ladrón cree que todos son de su condición». 

Los congresistas se sintieron agredidos en general, por lo que se empezaron a esbozar algunos caminos. Fuentes del congreso señalan que algunas bancadas, entre ellas de Fuerza Popular (FP) y Unión Por el Perú (UPP), estaban cocinando una moción de censura en contra del presidente Sagasti.

No encontraban excusas posibles hasta que en la noche Willax reveló una conversación entre el presidente Francisco Sagasti y Mario Vargas Llosa, donde el primero le habría pedido interceder con Keiko Fujimori para que acepte su derrota.

Sagasti salió a responder a los pocos minutos desde su cuenta de Twitter. “Deploro que se distorsione y malinterprete una acción orientada a mantener la tranquilidad en un ambiente tan polarizado, complejo y difícil, plagado de mentiras y distorsiones, como el que estamos viviendo”, escribió en uno de los mensajes.

Hoy por la mañana, sin embargo, Valdéz rechazó cualquier intento de censura. “Más allá del reproche político que es natural, en el Congreso no se tiene el más mínimo ánimo [de censurar]. [Sagasti] debe entender que es el primer mandatario y su distancia al proceso electoral es importante”, dijo.

¿Qué pasó para que la rabieta de APP cambiara tan pronto? Quizá la respuesta esté en que César Acuña quiera calmar los ánimos en su intento por acercarse políticamente al profesor.

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Por Giovani Alarcón y Alba Ñaupas

A las 10 de la noche de ayer domingo, todas las caras dentro del local de Fuerza Popular eran de autogol. Sudaca, que había seguido a la candidata Fujimori todo el día, intentó arrancarle alguna declaración a los voceros de su partido. Luis Carranza, ‘Nano’ Guerra García y Patricia Juárez se excusaron, casi con pena. Lo propio hizo Pedro Cateriano, que no ha sido vocero oficial de la campaña, pero estuvo muy cerca. El conteo rápido de Ipsos y América TV ponía a Castillo 0,4 puntos por encima. 

 

Afuera del local, las juventudes fujimoristas -que habían celebrado eufóricas el flash a boca de urna- ya no estaban. El toque de queda las había obligado a replegarse. Los pocos simpatizantes que quedaban apenas atinaban a levantar la mirada. Todo era silencio, caras de preocupación y luz de las pantallas de sus celulares. Un escenario absolutamente distinto a las sonrisas y los gritos de las horas previas. 

El día en que se definió si Keiko Fujimori jalará su ‘trica’ electoral, la candidata naranja empezó su itinerario en las alturas de Lima. Su ‘desayuno electoral’ fue en el asentamiento humano La Morenita de Fátima, en San Juan de Lurigancho. Un cerro con vista panorámica e inundado de niebla, que muchos de sus recientes y fervorosos partidarios probablemente no conocen. Hubo panes con jamón, avena con manzana y tamales. Allí Fujimori destacó la participación de la selección peruana de fútbol -de cuyos jugadores, algunos, había recibido el endoso en días previos- y el perdón. Bajando el cerro, incluso se animó a posar para el lente de Sudaca en la foto que inicia esta crónica.

Keiko Fujimori en desayuno tradicional
Keiko Fujimori en desayuno tradicional en SJL (Foto: Giovani Alarcón).

Tras la comilona protocolar, dejó a su hermano Kenji en la casa de su madre en San Borja y fue a la suya en Surco. Desde allí fue a votar en el IE 7086 Los Precursores, donde la aglomeración de simpatizantes, detractores y periodistas terminó con un policía en el suelo. Volvió a casa y pidió un barquito de sushi para aplacar la tensión. Algunos vecinos paraban paseando a sus mascotas esperando algún balconazo desde el tercer piso que no se dio. Poco antes de las 7 enrumbó a su local de campaña en la calle Campanillas, en La Molina, para recibir los primeros resultados.

En La Molina, decenas de simpatizantes, en su gran mayoría jóvenes fujimoristas, escucharon el flash a boca de urna. Tensos, aunque esperanzados, recibieron la noticia de que su candidata llevaba -teóricamente- la delantera. Se tomaron varias ‘selfies’ para recordar el alegre momento. Aunque se trataría de una agitación efímera, algunos conversaron con Sudaca.

Juventudes fujimoristas
Juventudes fujimoristas (Foto: Giovani Alarcón.

Luis Eduardo Pacaya, coordinador de juventudes de Loreto, reconoció que la diferencia del boca de urna no era mucha y apeló a la cautela. Al ser consultado por la razón del antivoto hacia Fujimori, señaló que es culpa de la educación escolar, que no enseña sobre el terrorismo, y de los anteriores gobiernos. 

Respecto a los pasivos políticos de Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, su semblante cambió y solo atinó a decir que todos somos humanos y cometemos errores. “Lo otro es que ha sido investigada, pero no sentenciada, hay presunción de inocencia”, zanjó.

Videos y videntes

Pasadas las 8 de la noche, una hora después del boca de urna, el equipo de Fuerza Popular difundió un video que mostraba cómo había recibido la noticia el círculo íntimo de Keiko Fujimori. Un recurso audiovisual apenas justificado por la pandemia. No fue hasta cerca de las 9:30 pm, más de dos horas después del resultado y la llegada de varias pizzas al local, que permitieron el ingreso de la prensa al local de Campanillas. 

Pizzas llegan al local de Campanillas, antes del conteo rápido.
Pizzas llegan al local de Campanillas, antes del conteo rápido.

El vídeo difundido por el fujimorismo muestra en primera línea a Keiko, su esposo, sus hijas, Kenji y Patricia Juárez, quienes celebran con algarabía los resultados preliminares. Abrazos profundos y sonrisas inmensas detrás de las mascarillas, que con el pasar de los minutos se irían disipando. 

Con la prensa ya dentro del local de campaña, a poco del conteo rápido, Fujimori se dirigió a los medios durante apenas 3 minutos. Como si ya supiera lo que se le venía, tras esa breve declaración decidió retirarse raudamente del lugar. “Los resultados se han recibido con alegría, pero al ver que el margen es tan pequeño, es fundamental mantener la prudencia. La campaña ya culminó y será fundamental tender puentes y encontrar espacios de diálogo entre los grupos políticos. El país, a través del mapa de los resultados de boca de urna, muestra dos grandes bloques con ciudadanos que quieren todos un cambio”, dijo.

A las 10 de la noche, 3 horas después del flash electoral, la balanza se inclinó al otro bando y Perú Libre pasó a liderar con 50.2%, frente al 49.8% de Fuerza Popular (unos 70 mil votos, aproximadamente). 

Ante la negativa a declarar de Cateriano, Carranza, Guerra García y Juárez, el único que atinó a compartir algunas palabras fue Reynaldo Dos Santos, el autodenominado ‘vidente’ de la farándula que previamente había dado su apoyo a Fujimori.

Reynaldo Dos Santos, vidente farandulero.
Reynaldo Dos Santos, vidente farandulero.

Minutos antes del conteo rápido de Ipsos, Dos Santos aseguraba tajantemente que Fujimori ya “es la presidenta del Perú” porque él ya lo había visto desde hace tiempo. “Hay una luz de esperanza, el comunismo no se va a instalar en el Perú”, había asegurado para luego relativizar sus palabras. 

“Desde el 2002 vengo diciendo que ella iba a ser presidente, lo que pasa es que una profecía no tiene tiempo, pero se puede ver el hecho en sí, y el hecho está ahí y no va a cambiar”, afirmó, cuando los números del conteo rápido no cuadraron con su predicción. El viejo truco del vidente. 

Si después de casi 15 años aún no acierta, quizás Dos Santos debería ir buscando otro trabajo. Y Fujimori, quién sabe, lo mismo. 

 

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¿Por qué un candidato presenta tres equipos técnicos pero casi no promociona las propuestas que estos elaboran para él? Pedro Castillo Terrones llena mítines, canaliza el sentimiento popular de inequidad y representa un conjunto de voces que han sido dejadas de lado. Sin embargo, tiene unas falencias clamorosas cuando se trata de comunicar sus propuestas técnicas -con las que deberá gobernar- a través de los medios. 

 

Y esto, pese a que sí tiene documentos, elaborados por sus distintos equipos, que detallan decenas de medidas que implementaría en un eventual gobierno, aunque él parezca no haberse enterado. En el sector salud, por ejemplo, el miembro de su equipo técnico Antonio Quispe difundió hace unos días el «Plan para controlar la pandemia y repotenciar el sector salud», con 100 propuestas iniciales.

Entre las medidas están, para citar solo algunas, la creación de un viceministerio de regulación sectorial para la salud, implementar más plantas de oxígeno en establecimientos de salud I-4, sistemas de vigilancia y rastreo según la carga viral que arrojan las pruebas moleculares, instalar 3 mil camas con cánulas de alto flujo y generar un Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) destinado a la comida chatarra y las bebidas azucaradas. 

Además, este medio publicó recientemente documentos internos del equipo económico de Juan Pari, que detallan sus planes en materia tributaria y para la nacionalización de los hidrocarburos. ¿Por qué Castillo no ha mencionado nada de esto en el debate?

Sudaca conversó con cinco integrantes de los círculos más cercanos del profesor chotano para responder a esta pregunta. 

Decisiones propias

En el último debate entre los dos candidatos presidenciales, cuando tocó hablar sobre salud, Castillo preguntó abiertamente: “¿por qué no un ‘razonador’ magnético en cada centro de salud para detectar a tiempo las enfermedades de los compatriotas?”. No es el error en la palabra ‘razonador’ -que en realidad es ‘resonador’- lo que importa, sino la propuesta. 

Hay una idea concreta detrás de lo que dijo Castillo: la implementación de resonadores magnéticos -que permiten tener una visión clara del interior del cuerpo a través de la construcción de imágenes por campos magnéticos- en todos los centros de salud del país. Esto, sin embargo, no es compatible con el concepto mismo de atención primaria. No en términos prácticos, al menos.

Así se lo hizo saber al candidato una fuente vinculada a su equipo técnico en salud en una reunión con el candidato, de la que Sudaca pudo enterarse, cuando este consultó si sería correcto lanzar la propuesta de los resonadores. En la reunión estuvo también Hernando Cevallos, jefe del equipo de salud. Los técnicos le dijeron al profesor que no era buena idea vincular la atención primaria con estos dispositivos, porque son demasiado caros y su demanda no justifica que estén en cada posta. 

En cambio, le dijeron, los resonadores deberían ubicarse en los centros de referencia más grandes. La atención primaria es, por definición, accesible y esencial. Todo lo que reviste mayor complejidad debe ser derivado. Castillo asintió, pero igual lanzó la propuesta en el debate. Es decir, escuchó, pero no hizo caso. «Castillo escucha a todo el mundo, pero casi no le hace caso a nadie», dice una fuente cercana al equipo de salud de Perú Libre. 

Otra fuente, con llegada directa a los círculos más íntimos de Castillo, confirma lo dicho. El ‘profe’ toma apuntes, pero no hace mucho caso, asegura. No confía en los equipos que ha presentando, ya que su confianza responde a entornos más familiares y amicales, de sobrinos y hermanos, explica.

Al ser consultado sobre cómo preparó su participación en el debate, Cevallos reconoció que Castillo “ya tenía una visión [propia] de los problemas” y que los equipos técnicos solo “puntualizaron algunos aspectos”. 

Quispe ensaya otra explicación. Para él, es urgente que el candidato complete su media training. En comparación a Fujimori, asegura, tiene dos campañas menos. “Es su primera campaña y errores ha cometido y seguirá cometiendo”, lamenta.

Apoyos y ministerios

Para entender la escasez de propuestas pese a que sí están puestas sobre un papel, Sudaca también se comunicó con el economista Pedro Francke, quien ha cobrado mayor relevancia mediática recientemente, pues antes el encargado del tema económico era Pari. “Como todo equipo vamos intercambiando funciones y vemos qué funciona mejor”, afirma.

Francke asegura que estuvo trabajando para ayudar a Castillo de cara al debate, pero destaca que el discurso es del propio candidato. Reconoce que no se reúnen a diario, aunque afirma que el trabajo con él se da a “un ritmo bien fuerte”. “Nuestro rol es de asesoramiento y tenemos un ritmo con Castillo, pero no me parece correcto comentarlo”, señala.

Para Cevallos, Castillo sí planteó varias propuestas en salud. Pero se trata de tópicos generales. Por ejemplo, impulsar la atención médica primaria -con la ya explicada contradicción de los resonadores magnéticos- o el acercar la salud al ciudadano. El excongresista asegura que el profesor no es un experto en el sector salud, y que “el tema es explicarlo para que la gente sencilla lo entienda. Tiene una forma de comunicarse que es andina, no es político, pero es inteligente”.

Pero el trastabilleo parece ir incluso más allá. El jueves, tras la tercera presentación de técnicos del lápiz en la Casa del Maestro, a una cuadra de la base principal de su contrincante Keiko Fujimori, Sudaca conversó con Gonzalo Alegría, parte del equipo en materia económica. 

Alegría aseguró que no haber pulido las propuestas para el debate de candidatos fue ‘casi culpa suya’. La explicación, dijo, es que quiso incorporar diversas propuestas de sindicatos y grupos sociales, y por eso el planteamiento final en materia económica no se habría culminado a tiempo. También reveló que internamente ya se está conversando sobre quiénes asumirían las carteras ministeriales de ganar el profesor. Señaló a Sudaca que Pedro Francke probablemente asumiría la cartera de Economía y Juan Pari, “al menos va a ayudar” en el Ministerio de la Producción.

“Se está conversando a la interna. El único que decide finalmente es el presidente. Castillo tiene mucho tacto, porque ya va insinuando qué podría ser útil, pero no se compromete hasta ganar las elecciones y ver las comisiones de transferencia”, anotó. Francke prefirió deslindar del tema. “No se ha hablado nada del tema de carteras ministeriales y me parece que es lo correcto. No corresponde hablar de eso hasta que llegue ese momento”, indicó.

Aquel día también hubo un episodio extraño que ya ha sido retransmitido a nivel nacional. Al ser presentado como responsable del área de transportes, el abogado Julián Palacín aseguró que la obra del bicentenario que haría Perú Libre sería la construcción de un teleférico en Lima de 100 kilómetros, “10 veces más grande que el de Bolivia”. 

Como reacción inmediata, Luis Gutiérrez, supuesto miembro del equipo que estaba a menos de un metro de Palacín, calificó lo propuesto como ‘penoso’. «Soy parte del equipo técnico y estoy absolutamente en contra de esa propuesta. No ha consultado con el equipo. Estoy pensando votar nulo, porque eso es pura cutra», afirmó a ATV. Perú Libre, a través de su oficina de prensa, negó que Gutiérrez sea parte del equipo técnico, pero no supo explicar qué hacía el señor en la presentación del mismo.

En términos técnicos, la candidatura del ‘profe’ parece armarse cada día con algo nuevo. Y así, en la improvisación, llega a su recta final.

 

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