[OPINIÓN] El de la ordenanza municipal —que abunda y, al parecer, es obligatorio exhibir— que prohíbe el acoso sexual y la discriminación en los locales del distrito pertenece a esta última categoría.
El epítome de semejante estupidez está en un club privado. Allí, donde para ingresar hay que presentar recomendaciones, superar un proceso de admisión, aceptar estatutos y acreditar conducta y decencia, ahora nos colocan un cartel que advierte que está prohibido el acoso sexual. Y no uno: lo ponen a la entrada de cada local, restaurante o tienda dentro del recinto.
Pero ahí no termina la genialidad.
El cartel precisa que está prohibido acosar a las personas, «en especial mujeres, niñas, niños y adolescentes».
He ahí el clímax de la imbecilidad. Porque el cartel no se conforma con prohibir lo obvio: lo jerarquiza. Hay personas a las que, en especial, no se debe acosar.
¿Y las demás? ¿El varón adulto, la señora de setenta años, el jubilado que toma su café? ¿Pertenecen a la categoría general, la del acoso con descuento?
Naturalmente, proteger a los más vulnerables es indispensable. Pero redactar una prohibición universal como si tuviera categorías preferenciales exige un talento especial para el disparate.
Tampoco se queda corto en geografía. El cartel delimita el territorio del delito: prohíbe acosar «en este local». Es decir, en la vereda, en el estacionamiento o en la tienda de al lado, la prohibición ya no rige. Semejante precisión deja en claro el nivel de imbécil que redactó la ordenanza. Y del que la firmó.
Y todavía falta lo mejor: le ponen tarifa. «Bajo sanción de multa de 1 a 2 UIT».
Es decir, el acoso sexual, que puede constituir delito, queda reducido en el cartel a una infracción con precio de lista. ¡Una maravilla de pedagogía municipal!
Y, volviendo al club, seguramente algún directivo explicará, con esa solemnidad que suele acompañar a la falta de criterio, que la municipalidad obliga a exhibirlo.
¿Y para qué diablos existe una directiva? ¿Para representar a los asociados o para obedecer cualquier estupidez sin siquiera cuestionarla?
Una institución que presume de respetable debería ser la primera en exigir sensatez, cuestionar los disparates administrativos y defender la dignidad de sus socios por las vías legales. No en tratarlos como sospechosos de indecencia.
Yo propongo completar la obra:
«Prohibido estafar a un socio, bajo pena de multa».
«Prohibido orinar detrás del mostrador, bajo pena de multa».
«Prohibido agarrar a patadas al imbécil que colgó el letrero, bajo pena de multa».
Y así, hasta empapelar el club de obviedades.
Finalmente, propongo sancionar al iluminado que redactó semejante cartel y a quienes decidieron exhibirlo sin protestar. Multa por ofender la inteligencia y la decencia colectivas.
Porque la estupidez de quien redacta una norma puede ser preocupante. Pero la obediencia servil de quien debería cuestionarla resulta todavía más lamentable.
Bajo pena de multa, claro.
