Hoy cumple dos años en el gobierno Dina Boluarte, luego de la sucesión presidencial acaecida después del fallido intento de golpe de Estado perpetrado por el inefable Pedro Castillo.
El balance no puede ser positivo. La relativa estabilidad que le ha dado al país, luego de la vorágine de desgobierno que exhibió su antecesor, no le otorga el certificado de buen gobierno a una gestión que más allá de la reactivación económica -que, además, no es mérito suyo- no tiene nada que exhibir, como no sea una ausencia absoluta de políticas públicas eficientes y un rosario de denuncias fiscales por inconductas o delitos cometidos.
No la quiere casi nadie. Apenas un ralo 3% de ciudadanos aprueba su gestión. De arranque, la mitad del país que votó por Castillo la aborrece por lo que considera una traición suya a la persona e ideario del Atila chotano. Y la otra, que al comienzo le otorgó cierta licencia, la ha ido abandonando al son de su desgobierno absoluto y su falta de solución a los principales problemas del país, entre ellos el de la galopante inseguridad ciudadana.
Es una buena lección, de paso, para los aspirantes a sentarse en el sillón de Pizarro del 2026 en adelante. Nuestro país ya no puede seguir siendo gobernado en piloto automático. Ya lo hizo por casi veinticinco años y ya vemos los resultados políticos, más allá de la bonanza económica del primer decenio del siglo.
Un gobernante que no emprenda hiperactivamente un despliegue de reformas urgentes caerá pronto en el mismo desprestigio que Boluarte. Se requiere un gobierno 24×7 que sea capaz de emprender varias reformas a la vez, y enrumbar al país por la senda del republicanismo liberal que nos toca como cifra clave para sacar el país del estancamiento en el que se halla postrado, y que lo aleje de los abismos de la amenaza izquierdista radical que se asoma al proceso electoral conposibilidades ciertas.
