Uno de los principales nudos gordianos a romper en la deficitaria administración pública peruana, lo que conlleva a la ausencia del Estado en muchas regiones (particularmente en aquellas del sur altoandino que hoy se levantan contra el gobierno de Dina Boluarte), es la pésima constitución del proceso de regionalización emprendido desde el gobierno de Alejandro Toledo.
Hay que recordar siempre que el expresidente de Perú Posible, a poco de recorrer el camino del gobierno, supo darse cuenta de que algo andaba mal con el cumplimiento de su promesa de campaña y que tal cual estaba pensada la descentralización iba a generar más problemas que soluciones. Consciente de ello y de las expectativas generadas, llamó al líder de la oposición, Alan García, a Palacio a pedirle apoyo político a la decisión de postergar el inicio del proceso, pidiéndole la reserva del caso. Fiel a su estilo y talante, García, no demoró unos minutos (los que tomaba salir del despacho presidencial y asomarse a la calle a toparse con la prensa que lo esperaba) en salir a denunciar que el gobierno toledista quería frustrar la anhelada descentralización y que ello sería una traición a los electores. A Toledo no le quedó otra salida que continuar un proceso que él mismo sabía que iba a arrancar de mala forma.
Hoy pagamos las consecuencias de una pésima decisión política. La regionalización no ha servido para desconcentrar recursos económicos efectivos (sí lo ha hecho en el papel, pero la corrupción e ineficiencia de las autoridades locales, ha dilapidado el boom de dineros fiscales que han ingresado a sus arcas) y mucho menos ha contribuido a crear una clase política o una tecnocracia regionales capaces de administrar con relativa eficacia las nuevas atribuciones concedidas.
Gran parte de las quejas históricas contra el centralismo limeño, o gran parte de las demandas reivindicativas legítimas de la población, fuera de Lima –como las que hoy apreciamos-, obedecen no a falta de recursos o a desatención presupuestal, sino a una desastrosa gestión signada, además, por una altísima corrupción.
Es menester repensar seriamente el proceso de regionalización. Ya hay masa crítica suficiente de muchos académicos o políticos lanzando ideas interesantes sobre cómo sobrellevar esas reformas. Sería interesante y propicio que el gobierno o el Congreso conformen una Comisión de alto nivel encargada de ese proceso y que al cabo de un tiempo sensato arroje propuestas a ser discutidas y, si es posible, aprobadas legislativamente.
