Juan Carlos Tafur

Un país en manos de delincuentes

“La poca calidad de vida que ya se tenía antes en el Perú se ha deteriorado aceleradamente convirtiendo la convivencia civilizada casi en imposible o reducida a cotos muy cerrados y exclusivos”

Eso es lo que va a dejar en herencia el régimen nefasto de Castillo y Cerrón. Nunca habíamos llegado a los niveles de inseguridad ciudadana que hoy vemos en las calles de todo el país. La delincuencia se ha apoderado de la vida cotidiana y, como suele suceder, los más afectados son los más pobres.

Se roban celulares, se mata por ellos, se extorsiona pequeños comercios, se trafica impunemente con terrenos, con mafias organizadas alrededor, se comercializa drogas impunemente en todas las ciudades, se asalta en domicilios a cualquier hora y a cuadras de las comisarías.

Y a ello hay que sumarle en el resto del país, el reinado creciente del narcotráfico, de los extorsionadores de la minería formal, de la tala ilegal de madera, del contrabando, los traficantes de tierras, de la minería legal, de la trata de personas, del tráfico de armas, etc. Los financistas informales de Perú Libre están cosechando en impunidad sus favores electorales.

La poca calidad de vida que ya se tenía antes en el Perú se ha deteriorado aceleradamente convirtiendo la convivencia civilizada casi en imposible o reducida a cotos muy cerrados y exclusivos.

Y de este tema, increíblemente, no habla la oposición, siendo, como lo es, un tema sensible en la vida común de todos los peruanos, situación de la que todo el mundo está harto. La mayoría de peruanos sufre las consecuencias del enorme grado de indefensión en el que nos está dejando el fallido Estado peruano regentado por el ilimitadamente torpe gobierno que nos ha tocado en mala suerte.

La oposición debe reaccionar, los gremios empresariales deben pronunciarse, los medios de comunicación deben preparar informes precisos sobre el avance de la delincuencia y no limitarse a ser caja de resonancia de delitos menores en sus noticieros, a cambio del videíto que en primicia le entrega la policía. La sociedad civil y sus organismos deben prender la alerta roja sobre una situación que, de agravarse, tendría consecuencias nefastas para la gobernabilidad, ya de por sí difícil en un país como el Perú.

Y no se escucha de parte de nuestras autoridades nada al respecto. Tenemos un ministro del Interior absolutamente incompetente, que ni siquiera es capaz de hilar un plan orgánico para enfrentar esta amenaza a la seguridad nacional interna, y que parece creer que con tontas declaratorias de estados de emergencia se puede solucionar el problema.

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