De acuerdo con el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el 2021, Arequipa, Apurímac, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna apenas utilizaron el 63.4% del canon. Casi dos terceras partes de los ingresos se utilizó en obras de menor cuantía, con un presupuesto menor a 10 millones de soles, proyectos que, según especialistas, no generan impacto.
“Uno de los problemas que se tiene es que nos quedamos en la ejecución de la obra. Se inaugura una posta médica, pero el ciudadano no accede a medicinas o personal asistencial. Buscar intervenir en el territorio debe garantizar que los ciudadanos ejerzan los derechos esenciales que marca la Constitución y que están permanentemente vulnerados”, afirmó Paola Bustamante, directora de Videnza Escuela de Gestores.
Para Bustamante no se profundiza en la mirada antropológica para que la población siga sintiendo que el plan de desarrollo es suyo. “No es un paquete de obras, es aquello que va a permitir que ejerzan sus derechos”, argumentó la especialista en la conferencia “Agenda Territorial para el Desarrollo y Estrategia de Implementación”, que se desarrolló dentro del programa de Rumbo a Perumin, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú – IIMP.
Establecer una agenda territorial sostenible se basa en tres estrategias: tener una visión compartida de territorio, implementar la visión compartida en un documento consensuado y monitorear el proceso de implementación del plan elaborado.
La visión compartida del territorio debe contar con el liderazgo desde el nivel regional acompañado de los niveles nacional y local, para garantizar el cierre de brechas. A su vez, se deben generar mecanismos de gobernanza que permitan fortalecer la institucionalidad del proceso de construcción conjunta y de confianza.
“Es fundamental garantizar los mecanismos de cómo hacer para el proceso de construcción conjunta y se debe convocar a muchos actores (participación multiactor). Siempre se mencionan a los actores, pero no se les tiene en cuenta”, refirió Paola Bustamante. Para esto se debe tener en cuenta que el territorio, muchas veces, va más allá de los límites político administrativos.
A continuación se debe implementar la visión compartida de todos los actores en un documento consensuado. En ese sentido, no solo la empresa privada debe ser financiadora, se requiere de los gobiernos y demás organizaciones. El siguiente paso está en la búsqueda de la generación de mecanismos que permitan recibir recursos públicos y privados. Hasta el momento, estos mecanismos solo los ejecuta el gobierno local o regional.
La implementación y el uso de los recursos del plan elaborado por los distintos actores debe ser constantemente acompañado y monitoreado. Para esto se requiere de un equipo técnico de apoyo y soporte conformado por expertos, los cuales deben rendir cuentas al espacio multiactor para avanzar en la implementación de la visión compartida.
“Es importante que existan los reportes al espacio conformado para definir la visión compartida. De no haber la rendición de cuentas, uno pierde legitimidad y piensa para qué trabaja tanto”, complementó Bustamante.
