Las estrategias de desarrollo encuentran su expresión en las políticas públicas que -a riesgo de ser demasiado simplificador- pueden dividirse en económicas y sociales. Ambas están interrelacionadas. Por un lado, las políticas económicas son aquellas medidas tomadas por el Gobierno a través de diversas instancias (por lo general, el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva), teniendo como objetivos el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) sostenido y el mantenimiento de una inflación baja, un alto nivel de empleo y unas cuentas externas en equilibrio.
Para fines metodológicos, la política económica se divide en políticas fiscales (aplicadas por el Ministerio de Economía) y políticas monetarias y cambiarias, que son responsabilidad de la autoridad monetaria (BCR). En el primer caso, los instrumentos más importantes son la definición de una estructura tributaria y el nivel, destino y gestión del gasto público. En el segundo caso, destaca la determinación de la tasa de interés de referencia interbancaria (con el objetivo de mantener una inflación dentro de la meta del BCR), y la elección de un sistema cambiario y de un sistema de determinación de las tasas de interés. En estos dos últimos casos, el hecho de dejar tanto el tipo de cambio como la tasa de interés al libre mercado, representa una opción de política económica.
Dicho de otro modo, por un lado, están las medidas, es decir, la política económica, y por otro los resultados económicos, medidos a través de la evolución del PBI, la inflación, las cuentas externas, entre otros. Sin embargo, no solo la política económica interna determina los resultados económicos, sino también influyen lo que los economistas denominan choques exógenos, definidos como eventos que no están en manos de los diseñadores de política económica, pero que influyen en la salud económica del país. Por ejemplo, la evolución del precio del petróleo, los fenómenos naturales, la COVID-19 y las crisis financieras internacionales.
Las políticas sociales, por su parte, aluden a acciones que desde el Estado -o con su apoyo- son ejecutadas para el logro del desarrollo humano personal y, en tal sentido, no son equivalentes a los servicios sociales, que son una expresión instrumental de las políticas sociales. Se refieren más bien a acciones estratégicas aplicadas en momentos específicos y sobre aspectos cruciales de la vida del ser humano, a los cuales se puede dar atención dentro del marco de actividades de las instituciones de la sociedad. En general, las políticas sociales tienen como objetivo la superación de la pobreza y para ello se subdividen en políticas de salud, educación, vivienda, etc. Al igual que en el caso de la política económica, por un lado, están las medidas (por ejemplo, el diseño de una política alimentaria) y por otro los impactos (siguiendo el ejemplo, la reducción de la tasa de desnutrición infantil). Observar los resultados económicos y los impactos sociales y no solo las medidas o la prestación del servicio social es una de las claves.
Tanto las políticas económicas como las sociales están interrelacionadas entre sí. Por un lado, la política económica financia la política social. El crecimiento económico, medido por el aumento en el PBI, aumenta la recaudación tributaria y así viabiliza el gasto necesario para ejecutar la política social. Por eso no sólo se necesita que la economía se encuentre estabilizada, sino que además crezca de forma sostenida, de modo que la capacidad de gasto del gobierno siga la misma tendencia. Por otro lado, la política social, al promover mejores niveles de educación y salud, contribuye decididamente con el crecimiento económico futuro. Encontrar el círculo virtuoso entre ambas políticas es un reto para cualquier estrategia de desarrollo y no solo crecimiento. Los resultados económicos son un medio y no un fin.
