A sus doscientos años de independencia formal (porque el real fue en 1824), esta reciente elección en el Perú trajo consigo algo inesperado: que una persona -de origen campesino- llegue a Palacio de Gobierno. Algo realmente inaudito para el país en su bicentenario.
Un sueño hecho realidad que, a pocos de meses de estar en el mandato Pedro Castillo, no ha hecho más que diluir ese simbolismo que representaba, dada su inexperiencia política, sus decisiones poco acertadas para generar gabinetes de consensos, allegados a él con graves cuestionamientos de corrupción, terrorismo, entre otros intereses particulares que colisionan con el Estado de Derecho. En poco tiempo, el símbolo del sombrero y el lápiz se convirtió en el gorro de pasaje Sarratea y en declaraciones como que “está aprendiendo a gobernar”. Realmente preocupante.
Dicha situación impacta severamente en la moral pública y, por ende, en la gobernabilidad. Pedro Castillo, producto de su inexperiencia y de personajes oscuros en su entorno, mina poco a poco legitimidad ante la ciudadanía que -mayoritariamente- expresa su rechazo a la gestión que viene realizando (salvo el sur que aún le brinda apoyo crítico). Ni qué decir del sector empresarial que se encuentra en incertidumbre y con malestar frente a las indecisiones gubernamentales. El experto Diego Macera, para poner un ejemplo, señala que la inversión minera -durante el superciclo de precios de los comodities que vive el Perú- caerá la inversión minera en 15% hacia el 2023. Inaudito, dado que -desde el 2010 al 2013, en la que se tuvo también un contexto similar- la inversión en dicho sector creció en 166%.
Salvo en el aspecto político, en la que aún cuenta con cierto apoyo de parte de ciertas bancadas parlamentarias (como Perú Libre, Acción Popular, Podemos y Alianza Par el Progreso, entre otros), podemos apreciar que el Ejecutivo mantiene un apoyo. Endeble, claro está, hasta que llegue otro escándalo de corrupción o de otra índole.
A doscientos años, el Perú se encuentra frente a una oportunidad perdida si es que se mantiene la situación en la que nos encontramos políticamente. La oposición al respecto tiene el deber de no solo cuestionar lo que a todas luces se ve: la corrupción gubernamental y el copamiento de personas sin calificación alguna para cargos de alta dirección. Como escribí hace unas semanas por este espacio, la oposición tiene también el deber de generar a la opinión pública y al gobierno una agenda económico-social que nos permita como país tener un crecimiento económico que cree riqueza, genere empleo, reduzca la pobreza y desigualdad social. Es lo que corresponde.
