Por Gabriela García y Romina Mendoza
Lucía Guevara tiene 43 años y ha sido trabajadora del hogar desde los nueve. Cuando comenzó la cuarentena no pudo salir de su lugar de trabajo durante dos meses. “Normalmente [antes de la pandemia] trabajaba doce horas diarias. En la cuarentena tuve que quedarme a cuidar a tres adultos mayores, los cuales tenían miedo de que los contagie. Tuve que hacer todo tipo de servicios y aumentaron las labores por el mismo sueldo. El estrés era demasiado. Prácticamente me quedé encerrada en el trabajo”, cuenta.
La casa en la que Lucía trabaja no está habilitada para alojar permanentemente a más personas. Ella tuvo que improvisar para poder dormir, bañarse, comer o contar con un poco de privacidad. “Lo básico que una trabajadora del hogar necesita es tener un baño propio. Una empleadora jamás permitiría compartir el mismo wáter con su trabajadora”, menciona Guevara. Además, se vio en la obligación de atender todo el día a sus jefes. Llegó, incluso, a no dormir.
Durante la emergencia sanitaria por la Covid-19 el silencioso problema de las trabajadoras del hogar se ha agravado: despidos intempestivos, aumento de la carga laboral, reducción de sueldos, discriminación, retención en sus lugares de trabajo y falta de protocolos de seguridad. Esos son apenas algunos de los problemas a los que más de una se ha visto expuesta.
Carmen Almeida, dirigente del Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Lima (Sinttrahol), asegura que los derechos de las trabajadoras se han visto gravemente vulnerados. “La situación para nosotras ha sido muy crítica. El 80% de nuestras compañeras fueron despedidas. Otras quedaron prácticamente secuestradas en sus propios trabajos y a muchas les han reducido los sueldos”.
Se trata de números preocupantes recopilados por más de un gremio. La Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar Remunerados del Perú (Fenttrahop) calculó en septiembre que 6 de cada 10 trabajadoras del hogar habían sido despedidas, según El Comercio. Sudaca ha recopilado algunas de las historias detrás.
Denuncias laborales en pandemia
Catalina Robles (es un seudónimo, a pedido suyo), de 46 años, es trabajadora del hogar desde que tiene memoria. Su último trabajo durante la pandemia fue en una casa en Ate, en septiembre, y duró solo 4 días. “Me dijeron que me encargaría de la limpieza, cocina y lavado de ropa para tres personas. Cuando llegué, me di con la sorpresa de que eran cinco. Yo estaba mal del brazo. Pese a ello, la señora me obligaba a lavar la ropa a mano. No aguanté más. En la agencia que me contrataron me dijeron que me pagarían S/1000, pero luego los empleadores me pagaron menos porque decían que tenían que evaluar primero mi trabajo. Tampoco me querían dar el contrato. Solo cuando lloré y supliqué, me mostraron una parte”, recuerda.
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es el ente encargado de supervisar y fiscalizar que se cumplan los derechos laborales de las trabajadoras del hogar: condiciones de trabajo dignas, entrega de implementos de bioseguridad por parte de los empleadores, pago de horas extra por encima de las 48 semanales, gratificaciones, CTS. Todos estos derechos están recogidos en la nueva Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, publicada en octubre. Según la Sunafil, sin embargo, del 16 de marzo al 28 de septiembre recibieron apenas 36 denuncias de trabajadoras del hogar, de las cuales 18 se dieron en Lima Metropolitana. Lo cierto es que pocas llamadas a la central de denuncias terminan en un proceso de inspección.
Almeida, por ejemplo, reclama que en estos meses llamaron a la Sunafil para reportar 16 casos. No consiguieron que se abra un solo proceso de inspección. En el último mes también fueron ignoradas: enviaron seis denuncias mediante la plataforma virtual de la entidad, pero no obtuvieron respuesta. “Cuando llamaba, decían que en ese momento no tenían inspectores que pudieran salir a la calle, porque no tenían los equipos de protección personal. La Sunafil me decía que llamara a la Policía para que intervenga la casa en la que trabajaba la compañera y que pida que se la lleven”, afirma.
Esto lo confirma Lucía, quien intentó denunciar y no tuvo respuesta. “Cuando pasaron 60 días en los que estuve encerrada en la casa de mis empleadores, llegué a mi tope de estrés. Los señores salían a la calle todos los días y no se cuidaban. Yo vivía con miedo a que me pudieran infectar. Llamé a Sunafil, pero nadie contestó. Necesitaba que alguien tome mi llamada y pueda constatar que yo estaba ahí trabajando por si me contagiaba”, cuenta.
Denunciar ante la Policía o iniciar un proceso judicial puede llegar a ser imposible para una trabajadora del hogar. “Es muy difícil para ellas. Hay diversas trabas para constatar los hechos, en la medida en que no se puede entrar fácilmente en una casa o no existen las pruebas suficientes. En ocasiones, la trabajadora del hogar ni siquiera conoce el nombre completo de su empleador. Además, es un sector económico con remuneración básica, por lo que no se puede dar el lujo de costear un proceso judicial”, explica la abogada laboralista Andrea Chávez.
El riesgo de volver al trabajo
María Salazar tiene 45 años y trabaja desde que tenía ocho. El 12 de marzo sus empleadores la mandaron a su casa porque comenzó a tener síntomas de Covid-19. “Se enteraron que tenía la enfermedad y desde ahí no he vuelto a trabajar”, cuenta. ¿Se ha establecido algún mecanismo seguro para que las trabajadoras del hogar retomen sus labores?
Con los protocolos para la nueva normalidad y la reactivación económica, en junio el Ministerio de Salud (Minsa) promulgó dos resoluciones ministeriales: la RM N°377-2020, que obliga a cada empresa a elaborar, registrar y entregar a cada trabajador un protocolo de vigilancia, control y prevención contra el Covid-19; y la RM N°448-2020, que contiene los lineamientos de bioseguridad para la prevención del Covid-19 que deben seguir todos los empleadores y trabajadores. Ambas resoluciones incluyen los servicios de limpieza y asistencia en el hogar. Es decir, a las trabajadoras del hogar.
Cuatro meses después de que iniciara la reactivación de las actividades laborales, en octubre, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó la Guía de Seguridad y Salud en el Trabajo para evitar la propagación del Covid-19. Este documento no es un protocolo de bioseguridad, sino una guía básica de consulta para que los empleadores de las trabajadoras del hogar puedan elaborar uno propio.
Sin embargo, la demora del ministerio y la deficiente fiscalización de Sunafil puso en riesgo a las trabajadoras. El Sinttrahol tuvo que realizar un protocolo propio con recomendaciones básicas. “Los empleadores no han sido cuidadosos con la salud de las trabajadoras del hogar. Así como ellos, también tenemos familia y no queremos contagiar a nuestros hijos y padres. Realmente nos cuidamos como podemos. Nosotras mismas compramos todos los implementos de desinfección”, indica Almeida.
Sálvese quien pueda
A pesar de los esfuerzos, el constante contacto con las familias y personas a las que atienden expone a las trabajadoras a mayores riesgos que los de otros empleos. Los jefes no siempre respetan el distanciamiento social y tampoco quieren asumir los protocolos. “Fue un lío porque la señora dice que no está obligada a pagar una prueba Covid. Yo compro con mi propio dinero las mascarillas, porque ella no me ha dado nada, ni lo va a hacer. Dice que no le corresponde”, afirma Lucía.
Además, por la naturaleza de su labor, las trabajadoras no pueden estar todo el tiempo con la protección correspondiente. “Normalmente utilizamos la mascarilla [en el trayecto] de nuestro hogar al lugar de trabajo. Nos cambiamos los zapatos y la ropa al entrar a la casa de la empleadora. Muchas empleadoras nos obligan a permanecer con la mascarilla, pero si estás cocinando debes probar lo que haces. No vas a ir a la cocina con mascarilla, ¿no?”, comenta Almeida.
La necesidad de generar ingresos es lo que las lleva a someterse a este tipo de prácticas, que ponen en riesgo su vida y la de sus familias. “Les hablo a mis empleadores del protocolo de seguridad, pero a ellos no les importa. Al final les dije que cada uno se cuide como pueda. Si nos vamos a morir, lo haremos juntos, porque yo ya me cansé”, finaliza Lucía.
A pesar de los protocolos ministeriales y del esforzado trabajo de sus gremios, la realidad es cruda: al final, la mayoría de trabajadoras debe cuidarse sola. Durante estos meses, muchas de ellas han tenido que lidiar con sus empleadores como una carga –antes que una ayuda– para su seguridad sanitaria. Y lo han hecho sin el apoyo de la Sunafil ni la supervisión efectiva de sus derechos. Los riesgos de la pandemia seguirán en el Perú, por lo menos, durante varios meses. ¿Seguirá la silenciosa batalla de las trabajadoras del hogar por cuidarse en casas ajenas?
