A casi 15 días de la crisis social y política que se vive en Perú, el escenario es complejo. La irresponsabilidad de los actores políticos es grosera y las muertes que se han dado, son asesinatos que tienen que ser investigados por las autoridades.
Lamentablemente, la polarización del país ha continuado. No se logran comprender las desigualdades históricas que vive el Perú desde hace mucho. Creer que la crisis la inició Pedro Castillo y seguir tolerando insultos racistas hacia su persona o entorno no hace más que azuzar los ánimos y no soluciona nada. El tendrá que responder a la justicia, su delito no es ser un hombre andino, tampoco no tener una lista de títulos académicos, sino haber tolerado la corrupción y dar un autogolpe de Estado, lo cual es inaceptable.
La fijación con Castillo, hace que muchos olviden a otro actor: el Congreso. Su accionar, salvo honradas excepciones ha sido indolente e insensible durante todo este tiempo. Se niegan a aceptar su enorme responsabilidad en el actual escenario, así como obligan a la ciudadanía a seguir soportándolos como representantes hasta el 2024, aun cuando saben de su ilegitimidad. Claramente, no les interesa nada. Quienes creemos en el Estado de derecho y que las salidas deben ser constitucionales, sabemos en el riesgo que nos encontramos.
Las decisiones de la primera mujer presidenta de nuestro país, solo profundizaron la crisis, la militarización del país ha dejado un doloroso saldo de 26 fallecidos, así como el terruqueo a discreción que solo ha afianzado los odios.
Por esta razón, muchos/as espacios organizativos y la ciudadanía movilizada ha pedido su renuncia, a sabiendas que, aunque esto no soluciona la crisis, legitimar a un gobierno responsable de una masacre, no es posible.
Como nuestra clase política no es capaz de ser autocritica, la defensa de la presidenta ha sido culpar al machismo de los cuestionamientos que tiene. Como defensora de derechos y feminista creo que, efectivamente, las mujeres enfrentamos barreras de género para nuestra participación en espacios de poder y que esto afecta nuestro desempeño en la arena política. Sin embargo, la mandataria está en la obligación de comprender el momento histórico que se vive y tomar decisiones coherentes con los principios democráticos y con los derechos humanos. Si centramos todo en dicho argumento, perdemos de vista la complejidad de la crisis, y, lejos de sumar a una lucha legítima (como es la lucha por la igualdad de género) la instrumentalizamos. Actitudes patriarcales como estas no pueden ser invisibilizadas.
Es cierto que en esta crisis confluyen muchos factores, que hay actos delincuenciales que deslegitiman a quienes protestan legítimamente, lo cual no puede justificarse. Sin embargo, la salida a esta crisis no es la masacre.
Todo este escenario está golpeando fuertemente a gran parte de la población cansada de los conflictos continuos, buscar una salida dialogante es urgente. Para ello se tienen que escuchar las demandas de la población movilizada, hacer reformas, dejar la victimización o el triunfalismo, defender a la Defensoría del Pueblo como actor imparcial y garante de derechos, buscar consensos serios entre los actores políticos y sociales. Todo ello, parece lejano aún.
Este año, serán unas fiestas dolorosas para muchas familias. Mi solidaridad con ellas.
