Es destacable y aplaudible que anoche el Congreso haya aprobado, en primera votación, que deberá ser ratificada en la siguiente legislatura, la reforma constitucional para recortar el mandato presidencial y congresal y convocar elecciones generales para abril del 2024.
Con ello no solo atienden una fortísima demanda popular, que ha explicado en cierta medida la protesta social sufrida en las últimas horas, sino que, además, demuestran que su calidad de representación no se agota el día de la elección sino es que una función permanente.
No había, en general, más allá de la algarada callejera, otra forma de resolver la crisis política generada por el pésimo gobierno de Castillo y su salida intempestiva, que no sea reiniciando el proceso que le dio origen, las elecciones fallidas del 2021.
Se trata de empezar de nuevo, apostando a que el propio Legislativo sea capaz en el plazo que le queda, de emprender las pocas reformas políticas y electorales que le den a las elecciones adelantadas que vendrán, una mejor calidad que las últimas y que eviten que se prolongue el estado de inestabilidad política que ha caracterizado la marcha del país desde el 2016 en adelante.
Permitir la reelección, aprobar la bicameralidad, agregar los delitos de corrupción a las causales de denuncia constitucional contra el primer mandatario de turno, acotar las fórmulas de la vacancia y la disolución del Congreso, si se puede mejorar la representación con distritos electorales múltiples, y paremos de contar. No habrá tiempo para más y ya con ello se habrá avanzado bastante respecto del tinglado institucional vigente que demostró ser incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos de fragmentación partidaria.
Hay que saludar al Congreso, que fue capaz, en su mayoría de ponerse de acuerdo, de ceder en posturas iniciales, y llegar a un consenso que permitió aprobar la reforma que el país casi unánimemente exigía. Con 93 votos a favor, 30 en contra (con supina irresponsabilidad) y una abstención, se logró pasar la valla de los 87 votos que permitirá que luego de ratificar la votación en la siguiente legislatura, la norma se dé por aprobada sin pasar por el trance de un referéndum (lo que hubiera ocurrido de no llegar a los 87 votos mínimos).
Es de esperar que dicha madurez se mantenga en los debates constitucionales que sobrevendrán y así, de paso, el Legislativo vaya recuperando niveles de aprobación ciudadana mínimos. A la democracia no le hacía bien tener un Parlamento con tan bajos niveles de crédito ciudadano.
