En un sintonizado programa de entrevistas políticas, el destacado periodista César Hildebrandt señaló que, de resultar electa Keiko Fujimori en segunda vuelta, el límite de su poder sería su propia voluntad, debido a la vocación de metástasis del movimiento fujimorista, cuyo afán de copamiento institucional se evidenció tanto durante el decenio de Alberto Fujimori (1990 – 2000) como durante el actual quinquenio, al menos mientras la citada lideresa tuvo control sobre 73 parlamentarios. De hecho, la dramática crisis política por la que hoy atraviesa el país es en gran parte el resultado del sitio desplegado por la mayoría naranja al Poder Ejecutivo desde el 28 de julio de 2016, de allí las vacancias y las renuncias presidenciales, dos de ellas, en plena pandemia.
La lectura del experimentado periodista contradice la que proviene de círculos fujimoristas y que difunde, en las redes sociales, la narrativa de que la eventual elección de la candidata de Fuerza Popular supondría garantizar la vigencia del orden democrático pues, sin mayores sobresaltos, en 2026, asistiríamos a un nuevo recambio constitucional. Al contrario, Pedro Castillo, con su programa socialista-nacionalista, representaría la amenaza de la interrupción democrática y su reemplazo por un esquema autoritario semejante al de la revolución bolivariana de Venezuela.
En realidad, todos los precedentes validan la interpretación de César Hildebrandt sobre Keiko Fujimori. También lo hacen las fuerzas representadas en el Congreso. Al respecto, no veo que a la candidata de derecha se le dificulte demasiado establecer alianzas políticas con grupos parlamentarios tales como Renovación Popular, Avanza País, Alianza Para el Progreso, Acción Popular y Podemos. La mayoría de los congresistas que conforman dichas bancadas, y que sobrepasan largamente la mitad de la representación nacional, se mueven bajo la misma lógica populista clientelar que el fujimorismo. Así que es cuestión de ponerse a negociar prebendas y cuotas de poder. Con Keiko podríamos llegar a lo que he denominado la estabilidad de la corrupción, pero, por ese mismo camino, también corremos el riesgo de alcanzar el imperio de la corrupción.
De esta manera, el fujimorismo paulatinamente irá copando todas las instituciones del Estado, incluido las judiciales y electorales, transgrediendo la independencia de poderes, al mismo tiempo que irá fidelizando congresistas a través de diversas metodologías que ya probó exitosamente y de sobra durante el gobierno de Alberto y, no sería de extrañar que inclusive congresistas de Perú Libre pudiesen llegar a ser captados dentro del esquema fujimontesinista que se echará a andar de nuevo, tras dos décadas de cauta espera.
Finalmente, luego de un par de años de populismo a ultranza y de masas agradecidísimas con Keiko, por haber restituido el vínculo sagrado entre su padre Alberto y las masas, las condiciones estarán dadas. Vía referéndum constitucional, o modificación constitucional con 87 votos, la bancada fujimorista y sus aliadas presentarán al Congreso el proyecto de ley modificatorio de la Carta Magna que le permitirá la reelección a su lideresa el 2026 y con todo el aparato estatal a su servicio.
Es cierto que al cruzar la vereda naranja nos encontramos con Pedro Castillo, un hombre de muchos talantes sin que ninguno de ellos, hasta hoy, nos parezca democrático. Pero no nos equivoquemos, si Keiko llega al poder es para quedarse, luego de arrasar la precarísima institucionalidad republicana que hemos edificado tras 20 años de república de papel. La disyuntiva es básicamente dramática.
