Una pésima señal política es que la derecha congresal pretenda, como parte de las reformas políticas y electorales que se espera se lleven a cabo entre tanto se produce el adelanto de elecciones para abril del 2024, destituir a los titulares de los organismos electorales (JNE, ONPE y Reniec), presuntamente bajo el amparo de que el “que se vayan todos” debe incluir también a dichos organismos, pero porque, en el fondo, se trata de un intento de mantener presente la peregrina e insostenible hipótesis de que Keiko Fujimori perdió por un fraude electoral avalado por los entes electorales de marras.
No hubo fraude el 2021. Keiko perdió ajustadamente porque se equivocó en la segunda vuelta electoral y creyó que con el cuco del anticomunismo le bastaba para voltear el partido. Sinfín de auditorías técnicas se ha hecho a los resultados propalados y nadie, serio, los impugna. Una pena para el país que Castillo ganara las elecciones, pero las ganó limpiamente.
El problema es que con la tabla rasa que la derecha fujimorista y de Renovación Popular quieren emprender, se corre el riesgo, más bien, de albergar poderes electorales políticamente dispuestos a favor de un sector político del país, que es precisamente lo que se dice que se quiere evitar.
El Congreso tiene que limitar su accionar reformista. Dos o tres reformas no más. Bicameralidad, permitir la reelección (no solo congresal, sino también regional y edil), quizás elecciones primarias, y paremos de contar. Con ello habrán hecho bastante para mejorar en algo la representación política venidera después del proceso electoral del 2024. Meter el tema de los organismos electorales es un despropósito que, se espera, el resto de bancadas rechace y no se preste a un juego político perverso y antidemocrático, que viciaría la limpieza de las elecciones a realizarse pronto.
Con ello ya haría bastante más de lo esperado, podría empezar a recuperar el crédito ciudadano perdido y terminar su mandato con mejores cifras de aprobación. Todo ello lo tiraría por la borda si quiete meter de contrabando temas de interés particular de una o dos organizaciones partidarias en el Legislativo.
