[EL DEDO EN LA LLAGA] Estando en funciones la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones, del Congreso de la República del Perú, presidida por el congresista Alberto de Belaúnde, recibió el 24 de septiembre de 2018, de manos del congresista Marco Arana, documentación recopilada por la Comisión de Escucha de Víctimas de Abusos Sexuales de la Prelatura de Huamachuco, referentes a abusos sexuales cometidos en la mencionada prelatura.
Entre las varias acciones que acometió la comisión investigadora están las entrevistas a profundidad que se le hicieron a tres víctimas identificadas con nombre y apellido (Juan Manuel Blanco Ramírez, Héctor David Reyes Prieto y Ángel Bernardino Cachay Malo) y a la madre de una víctima cuya identidad se protegió bajo el seudónimo de “Alexis”. Una quinta víctima de nombre Esteban Leónidas Espinoza Rojas no pudo ser entrevistada, quien había denunciado ante el obispo Sebastián Ramis Torrens, titular de la prelatura de Huamachuco, al sacerdote Tulio Armando Montenegro Infante. En noviembre de 1988, cuando cursaba el tercer año de secundaria y era catequista en la parroquia San Juan Bautista de Chilia, mientras se encontraba en su dormitorio, ingresó a éste Tulio Montenegro a las 5 de la madrugada y se metió a su cama con el objeto de forzarlo sexualmente. En diciembre de ese mismo año, Montenegro intentó nuevamente forzar a Espinoza. Estos hechos se repitieron hasta el año 1991, cuando se realizó la denuncia ante el obispo Ramis, quien no hizo nada al respecto.
Las historias de las demás víctimas están documentadas en el informe final de la comisión investigadora, que obtuvo su información de carpetas fiscales referentes a denuncias hechas antes las autoridades correspondientes y de testimonios obtenidos a través de entrevistas personales. He aquí un resumen de esas historias.
Juan Manuel Blanco Ramírez
El lugar de los hechos fue la Parroquia del Buen Pastor en el distrito de El Porvenir, en La Esperanza, Alto Moche, y en la casa del señor Daniel Hoyle, en Trujillo. Los sacerdotes William José Costa Serrano, Segundo Asunción Fernández Haro, Emeterio Marcial Castañeda Muñoz y Tulio Armando Montenegro Infante invitaron a Juan Manuel Blanco, cuando tenía 15 años, a participar de «fiestas de alcohol, cigarros y sexo», en las que «los sacerdotes se reunían para realizar orgías y satisfacer sus instintos sexuales y pedófilos con jóvenes de 15 a 17 años». Juan Manuel era un adolescente con ciertas carencias económicas y enfrentaba mucha soledad, ya que su madre trabajaba en el exterior, situación de la que se aprovecharon los presuntos perpetradores, acercándose primero en tono amical. A las fiestas lúbricas y desordenadas en las cuales participó —que se realizaron entre 1996 y 1998— asistían otros sacerdotes y personalidades de la ciudad de Trujillo.
Cuando fue entrevistado por la comisión investigadora en 2019, Juan Manuel tenía 38 años, trabajaba como abogado en una entidad educativa y vivía con su familia en Laredo. Entonces declaró:
«Yo no tengo por qué mentir, yo sí acepto que me acostumbré al dinero. Porque yo tenía relaciones con un cura y él me pagaba cada vez que tenía. Era una persona que no trabajaba, era menor de edad, 16 años. Mis padres no me podían dar estudios en aquella época. Entonces qué más quiero, venía con 30 soles en aquella época, era plata, 30 soles, 40 soles, me daba mi buena vida. Compraba si se me antojaba una galleta, compraba porque ya tenía dinero (…) Me facilitaron esa etapa de la vida (…) No que me gustaba, pero me acostumbré, me acostumbré al dinero fácil. Como comúnmente se dice, me convertí en un puto».
Héctor David Reyes Prieto
Entre los años 1995 y 2000 estuvo viviendo en la parroquia del distrito de Buldibuyo, donde trabajaba para el párroco, Tulio Montenegro. Héctor empezó a ayudar a los sacerdotes en la misa porque sentía la vocación de ser cura, y así fue como comenzó a hacer de chofer y acompañante del padre Tulio, aunque su labor no era remunerada, sino una suerte de condición para acceder al sacerdocio. Asistió a las fiestas mencionadas por Juan Manuel Blanco en su denuncia. Asimismo, indicó que el padre Tulio traía a niños a dormir a la parroquia a través de diversas actividades, y que solía meterse en sus cuartos a dormir.
Los hechos empezaron en 1995 cuando tenía 22 años y él era catequista en la parroquia. El sacerdote le ofreció alcohol:
«Amanecí con el padre desnudo a mi costado. Él me dijo que nos habíamos emborrachado y no sabemos qué hemos hecho. Amanecí adolorido en el ano. Él me amenazó que no diga nada. Eso se volvió frecuente y siempre había una violación sin consentimiento y me seguía amenazando. Nunca lo comenté porque tenía temor y vergüenza».
Cuenta que el padre Tulio lo golpeaba y lo humillaba permanentemente. A consecuencia de estos abusos físicos y psicológicos, decidió escaparse. De esta manera se terminó su sueño de ser sacerdote.
«El 21 de enero del 2001 me escapo de la parroquia. Estuve desde el 1994 hasta el 2001 sin vacaciones ni momentos libres porque no tenía a quién visitar (…) Le comenté al padre que me quería ir, y el padre no quería dejarme ir. Así que opté por escaparme. Iba separando plata de las fotocopias para poder pagar mi transporte, saqué mis cosas en la noche y salí por el portón de la iglesia. Hablé con una señora que tenía unos carros, le dejé mis maletas y una frazada, le dije que más arriba abordaba el carro, subí por un cerro y más arriba me metí al carro. El padre Tulio y su pareja se dieron cuenta y de los pelos me querían bajar. Yo lloraba y gritaba. Nunca he vuelto a verlo desde ahí».
En el momento de la entrevista Héctor tenía 47 años y vivía solo en Laredo, distrito de la provincia de Trujillo.
Ángel Bernardino Cachay Malo
También denunció al padre Tulio Montenegro. Tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos. En su declaración ante la fiscalía se señala lo siguiente:
«En agosto de ese año el imputado, en su calidad de párroco de Tayabamba, llegó para animarlos y se quedó a dormir. Entonces, invitó a Cachay Malo a quedarse a dormir en su cuarto y el seminarista aceptó de manera confiada la invitación del párroco. Una vez ahí el párroco le comenzó a tocar el pecho, el estómago, el pene y a la fuerza quiso mantener relaciones sexuales con él, pero el joven no accedió. Esto volvió a ocurrir en otra oportunidad que los seminaristas tuvieron que quedarse a dormir en Chagual. Aunque dormían junto con otras personas en el piso, Montenegro trató nuevamente de forzarlo para tener relaciones sexuales».
Ángel es sacerdote y ha colaborado con el grupo de sacerdotes denunciantes de la Comisión de Escucha de Víctimas de Abusos Sexuales de la Prelatura de Huamachuco.
Después de los hechos de la denuncia Ángel relata:
«Yo sufría, sentía cólera por esta persecución dentro de la iglesia, si somos predicadores de la misericordia, de la bondad de Dios. Cuando me sucedieron los tocamientos, cuando le dije al obispo Ramis, me dijo que no denuncie, me decía que me iba a mandar a estudiar a España. Los que han aceptado ese tipo de relación con los sacerdotes los han llevado a Estados Unidos a España. Algunos han ido ascendiendo y haciendo carrera de esa forma. Yo nunca acepté eso».
R.J.A.A.A. (“Alexis”)
El abuso en perjuicio de R.J.A.A.A. (o “Alexis”, según la comisión investigadora), quien tenía 15 años al momento de ocurrir los hechos, es el caso conocido más reciente. Ocurrió el 19 de mayo del 2015. El sacerdote Manuel Mendoza Ruiz le habría hecho tocamientos indebidos durante el viaje que el adolescente y el sacerdote realizaron a fin de participar de un retiro espiritual en la ciudad de Chimbote. Los tocamientos ocurrieron en el bus entre Trujillo y Huamachuco. Siendo de madrugada y con las luces apagadas, Mendoza Ruiz empezó a hacerle tocamientos indebidos en sus partes íntimas, metiéndole la mano en el interior de sus pantalones. A pesar del reclamo del adolescente, el sacerdote volvió a insistir, generando la molestia del menor de edad.
La madre de la presunta víctima, a quien la comisión investigadora llama con el seudónimo de “Rita”, relata que acudió ante el obispo Sebastián Ramis Torrens a realizar la denuncia correspondiente, pero éste no ordenó ningún tipo de investigación, ni medidas de protección o de acompañamiento a la víctima, ni ninguna sanción contra el responsable. Ante la falta de respuesta, “Rita” irrumpió en una reunión realizada el 24 de octubre de 2018 con sacerdotes de la provincia, para reclamarle al obispo Ramis por su inacción. Allí fue apoyada por otros sacerdotes:
«¿Por qué la quieren botar, si ella quiere contar su verdad (…)? Si su hijo ha sido afectado, ¿por qué vamos a defender lo indefendible? Nos da vergüenza que vengan a decirnos en nuestra cara la clase de gente que somos. Una madre humilde, que hayan querido hacer de su hijo lo que han hecho».
“Alexis” tuvo una audiencia el 26 de febrero del 2019 con el vicario judicial Mons. Ricardo Coronado Arrascue, que lo afectó mucho. Al respecto, ella relata:
«Ayer mi hijo salió muy mal de la entrevista, y cada vez que lo entrevistan, que lo preguntan, mi hijo sale mal, molesto. Y le he pedido al padre que ayer lo ha entrevistado que ya no lo entrevisten más porque mi hijo ya… hemos ido a la fiscalía, ha pasado por la psicóloga de la fiscalía, por el padre, por el obispo, por varias oportunidades y yo creo que, en vez de mejorar las cosas, lo estamos empeorando. Antes de ir estaba molesto, resentido. En el trayecto del camino no me dijo nada. Entró a hablar con el padre, le contaría los hechos como sucedieron, y salió molesto».
Los casos de estas cinco víctimas fueron denunciados ante la fiscalía, siendo archivados por prescripción de los hechos o argumentando su poca capacidad probatoria. El obispo Sebastián Ramis Torrens, denunciado por encubrimiento en todos los casos, fue exculpado con el argumento de que no existe normativa que obligue a un miembro del clero a trasladar una denuncia de abuso sexual, inclusive contra menores de edad, a la fiscalía.
Los casos de estas cinco víctimas son sólo la punta del iceberg de un escándalo mucho más complejo de abusos y encubrimiento que implicaría a las más altas autoridades de la Iglesia católica en el Perú, como informó en julio de 2020 la periodista Melissa Goytizolo de La República en un extenso reportaje intitulado “Batalla al interior de la Iglesia”.
Un grupo de sacerdotes de la prelatura de Huamachuco, entre los que se encuentran algunas de las presuntas víctimas, reunidos en torno a la Comisión de Escucha de Víctimas de Abusos Sexuales de la Prelatura de Huamachuco, vienen solicitando desde hace años a las autoridades eclesiásticas que tomen acciones concretas a favor de los denunciantes. Entre ellos se encuentran Agustín Díaz Pardo, Antonio Campos Castillo, Nery Tocto Calle, Esteban Desposorio Fernández, Ángel Antero Salazar Chávez y Ángel Cachay Malo. El padre Esteban Desposorio le comentó a la periodista de La República que tenía más de 100 testimonios de jóvenes víctimas de abuso sexual.
La investigación periodística de Goytizolo menciona, en base a cartas oficiales, los nombres de políticos que fueron informados de lo que estaba pasando en Huamachuco y de las altas autoridades eclesiásticas que fueron debidamente informadas en su momento, a saber, el cardenal Juan Luis Cipriani, Mons. Sebastián Piñeiro (actual arzobispo de Ayacucho) y Mons. Miguel Cabrejos (actual arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana). Por supuesto, ninguno se pronunció sobre el caso ni hizo nada para atender a las víctimas.
En carta del 25 de febrero de 2016, dirigida por Mons. Cabrejos a Mons. Ramis, obispo prelado de Huamachuco, aquél pide que se discipline a los sacerdotes denunciantes por haber aparecido en el programa Punto final de Frecuencia Latina para hacer públicas sus denuncias. «Ante estos hechos me permito pedirle que en su condición de obispo de los referidos sacerdotes (…) actúe con la mayor diligencia para garantizar la observancia de la disciplina eclesiástica entre sus sacerdotes, les exija el cumplimiento de todas las leyes que le competen y evite que se introduzcan abusos como el ocurrido a propósito de la publicación de esta denuncia, para que comportamientos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir».
Y sobre el fondo del asunto, las denuncias mismas, dice que «el contenido de las declaraciones en ese reportaje reviste especial gravedad, pues se acusa de supuestos actos que atentarían gravemente contra la dignidad del sacramento del orden, contra la disciplina eclesiástica y algunos estarían contemplados en los “delicta graviora”. Denuncias que por su contenido y por la forma en que se han expresado han ocasionado grave escándalo entre los fieles y daña profundamente la imagen de nuestra amada Iglesia».
Ni una sola palabra respecto al sufrimiento y al daño que se les ha ocasionado a las víctimas ni sobre la necesidad de reparaciones. Lo único que le preocupa es la imagen de la Iglesia, por lo se debe garantizar que no se vuelvan a repetir denuncias como éstas. Y como efectivamente sucedió, los denunciantes fueron sancionados y las víctimas, desatendidas y revictimizadas, restándole crédito a sus testimonios y declaraciones, considerándolas «llenas de contradicciones y exageraciones extremas». El cura Montenegro fue suspendido de todas sus responsabilidades eclesiásticas recién en el 2019, tres años después de la carta de Mons. Cabrejos, sin haber reconocido sus delitos ni haber sido obligado a reparar el daño producido.
Una conclusión que salta a la vista es que la Iglesia católica en el Perú requiere ser sometida a investigaciones independientes sobre abusos cometidos, como se ha estado haciendo en varias diócesis de países desarrollados. Porque donde uno pone el dedo, salta la pus.
