[El dedo en la llaga] Lima, noviembre de 2026. En pocos días, el papa León XIV aterrizará en Perú en el marco de su gira por Sudamérica. El pontífice llegará a un país marcado por uno de los escándalos de abusos más dolorosos y emblemáticos de la región: el de la comunidad Sodalicio de Vida Cristiana. Para centenares de sobrevivientes, esta visita no es un simple acontecimiento religioso ni una oportunidad de foto protocolar. Es un momento de profunda tensión entre la esperanza de ser escuchados y la desconfianza acumulada hacia una institución que, durante décadas, los trató como un problema incómodo.
El Sodalicio, fundado en Perú en 1971, fue disuelto por el Vaticano en 2025. Antes de esa medida excepcional se produjeron sanciones concretas: en agosto de 2024 el fundador Luis Fernando Figari fue expulsado, y ese mismo año otros catorce miembros —entre ellos el arzobispo José Antonio Eguren— fueron apartados por diversos abusos. La disolución total, ordenada por el papa Francisco y formalizada en abril de 2025, puso fin jurídico a la organización. Sin embargo, para la mayoría de los sobrevivientes estas medidas, aunque importantes, resultan insuficientes.
José Enrique Escardó, una de las voces más firmes de los afectados peruanos, resume el sentimiento extendido: “Los sobrevivientes se han cansado de que les digan cosas, de que les prometan cosas, pero de que no se haga nada. Nos sentimos más abandonados. Nos sentimos engañados”. En una carta abierta fechada el 26 de octubre de 2026 y firmada por 33 sobrevivientes, se afirma con claridad que “muchas víctimas no percibimos avances suficientes en justicia ni en rendición de cuentas”.
El malestar de las víctimas: entre el gesto y la decepción
Para muchos sobrevivientes, las visitas del papa generan una mezcla de expectativa y recelo. Existe la posibilidad real de un encuentro privado —León XIV ya ha mantenido reuniones con víctimas en otros países—, pero la experiencia acumulada enseña que esos momentos suelen ser controlados, selectivos y de alcance limitado.
Las asociaciones independientes reiteran una queja recurrente: las voces más críticas quedan fuera. Durante la visita a España en 2026, colectivos protestaron porque el papa se reunió con un grupo reducido de personas vinculadas a los planes de reparación de la propia Iglesia, mientras se excluía a quienes llevaban años exigiendo investigaciones independientes y rendición de cuentas. “No queremos una foto con el papa: queremos derechos y reparación para todas las víctimas”, afirmaron. Un saludo institucional, añadieron, carece de valor si no va acompañado de escucha real y respuestas efectivas.
En el caso peruano, el patrón se repite con matices propios. Algunos sobrevivientes del Sodalicio esperan poder trasladar al pontífice su frustración por la falta de justicia plena, la opacidad de los procesos canónicos y la escasez de reparaciones que vayan más allá de los gestos simbólicos. Otros, sin embargo, han manifestado un rechazo abierto a la visita. Consideran que la disolución de la comunidad y las expulsiones, aunque necesarias, no han traído aún suficiente rendición de cuentas ni un acompañamiento genuino a quienes sufrieron. La imagen del papa recibido como máxima autoridad moral mientras los casos siguen sin resolverse del todo genera, para muchos, un contraste insoportable.
El trauma se reactiva con facilidad. Ver a la jerarquía celebrada por multitudes mientras se recuerda que esa misma institución protegió durante años a abusadores o minimizó denuncias produce una sensación de abandono profundo. Las víctimas no buscan solo empatía ni palabras de consuelo. Exigen que la “tolerancia cero” deje de ser una consigna y se traduzca en hechos verificables: sanciones ejemplares, colaboración plena con la justicia civil, reparación integral —psicológica, económica y educativa— y cambios estructurales que impidan la impunidad.
Por qué las víctimas incomodan a la institución
Si las víctimas se sienten a menudo fuera de lugar en las visitas papales, es porque, desde la perspectiva institucional, ellas mismas resultan profundamente incómodas. Las razones no son personales ni circunstanciales: son estructurales, culturales y de poder.
La primera y más evidente es la protección de la reputación. Durante décadas, la lógica dominante en muchas diócesis y en la Curia romana fue “evitar el escándalo”. Los casos se manejaban en secreto, se trasladaba a los acusados de una parroquia a otra o se trataban como pecados internos que podían resolverse con terapia espiritual o psicológica. Reconocer públicamente la magnitud del daño obliga a admitir que la institución falló de manera sistemática en proteger a los más vulnerables. Eso erosiona la autoridad moral que la Iglesia reclama ante el mundo.
El clericalismo refuerza esa dinámica. El sistema canónico tradicional otorga al obispo o superior la facultad de investigar a “sus” sacerdotes, a quienes a menudo considera hijos espirituales. Existe un conflicto de intereses estructural: reconocer plenamente a las víctimas implica señalar posibles negligencias o encubrimientos de la propia jerarquía.
La visita del papa a Perú llega, además, en un momento en que la Comisión Pontificia para la Protección de Menores ha reconocido públicamente problemas persistentes. En su segundo informe anual, publicado el 16 de octubre de 2025, la Comisión señala resistencia cultural, falta de sensibilidad en algunos niveles de la Curia y el riesgo de que el mal manejo de las denuncias perpetúe el trauma de las víctimas. El mismo documento advierte que algunas figuras de autoridad se perciben a sí mismas como “demasiado esenciales” para ser sometidas a una rendición de cuentas real.
Hay también un componente económico y legal. Las denuncias abiertas pueden derivar en demandas civiles, indemnizaciones cuantiosas y pérdida de patrimonio. Pero más allá del dinero está el control. Las víctimas independientes —aquellas que no se limitan a los canales oficiales de la Iglesia— exigen transparencia, independencia en las investigaciones y cambios que limiten el poder discrecional de la jerarquía. Eso se percibe como una amenaza directa al orden establecido.
La cultura del silencio, aunque formalmente debilitada por las reformas de Francisco y de León XIV, sigue presente en muchas partes. Testimonios recogidos por la propia Comisión Pontificia hablan de represalias, minimización de los hechos, falta de empatía y lentitud en los procesos. Algunas víctimas relatan haber sufrido presiones para no denunciar o haber sido tratadas con desconfianza. En ese contexto, quienes insisten en hablar se convierten en “díscolos” o molestos porque no permiten un relato oficial ordenado y manejable.
El Sodalicio como espejo de una crisis no resuelta
El caso del Sodalicio concentra muchas de estas tensiones. Durante años, las denuncias de abusos se enfrentaron a la resistencia institucional. Las expulsiones de 2024 y la disolución de 2025 fueron pasos excepcionales y significativos. Sin embargo, los sobrevivientes peruanos insisten en que la justicia no se agota ahí. Quieren saber qué ha pasado con los procesos canónicos de los responsables, qué medidas de reparación se han implementado realmente y si la Iglesia local está dispuesta a un acompañamiento genuino y no meramente formal.
Pedro Salinas ha expresado una mezcla de esperanza y cautela. Reconoce que lo logrado era algo que “nadie podía imaginar”, pero se pregunta si ese impulso se traducirá en un cambio más amplio en una Iglesia donde la rendición de cuentas sigue siendo desigual. Otros sobrevivientes son más críticos. Denuncian que los “remanentes” del Sodalicio continúan operando en los mismos locales (incluidas parroquias), con los mismos líderes y las mismas fuentes de financiamiento. Consideran irrisorias las reparaciones económicas entregadas hasta ahora (alrededor de 5.3 millones de dólares a 83 personas, con un promedio cercano a los 64,500 dólares) y afirman que el proceso de reparación genera silencio e incertidumbre. Muchos sostienen que la Iglesia aún no asume plenamente su responsabilidad institucional por los fallos de prevención, supervisión y respuesta durante más de 25 años.
Entre el gesto y la transformación real
León XIV tiene la oportunidad de enviar un mensaje inequívoco. Puede reunirse no solo con víctimas seleccionadas por canales institucionales, sino con representantes de las redes independientes del Sodalicio y de otros casos. Puede comprometerse públicamente con la transparencia de los procesos canónicos y con la colaboración efectiva con la justicia peruana. Puede insistir en que la reparación no es un acto de caridad, sino de justicia elemental.
Pero las víctimas saben que un encuentro, por empático que sea, no basta. La incomodidad que generan no desaparecerá mientras la institución priorice la protección de su imagen y de su estructura de poder sobre el dolor de quienes fueron traicionados por quienes debían cuidarles. La pregunta de fondo no es solo si el papa escuchará a las víctimas del Sodalicio. Es si la Iglesia, como cuerpo, está dispuesta a dejar de verlas como un problema a gestionar y empezar a tratarlas como el centro de su propia conversión.
La visita a Perú será, una vez más, un termómetro. Para los sobrevivientes, el verdadero éxito no se medirá en la duración de una reunión privada ni en las palabras de consuelo, sino en si, después de que el papa regrese a Roma, algo concreto cambia en la vida de quienes todavía esperan verdad, justicia y reparación.
