Que haya cerca de 60 partidos habilitados para postular en las próximas elecciones del 2026 es un suicidio democrático. Conducirá a una elección disfuncional con un resultado díscolo e impredecible que, sin duda, colocará al país el próximo quinquenio en un derrotero institucional peor que el que tenemos ahora.
Es menester que el Congreso haga algo al respecto. Se facilitó la inscripción de partidos en la reforma electoral llevada a cabo, pero con la condición de la realización de las primarias, que filtraban en gran cuantía el número final de partidos en disputa. Al haberse suprimido las PASO se ha abierto una caja de Pandora que no conllevará a ningún beneficio democrático.
Ya restablecer las PASO es inviable. Ni siquiera presupuestalmente es atendible una solicitud de ese tipo. Lamentablemente. Pero sí es posible establecer algún tipo de filtro que disminuya el número de agrupaciones hábiles para postular.
Un mecanismo válido y que solo requiere mayoría absoluta en una sola votación es la modificación de la ley orgánica de elecciones y que se exija que en el proceso interno que de todas maneras se tendrá que llevar cabo (seguramente la mayoría de partidos optará por el mecanismo de los delegados), al menos participe el 20% del número mínimo de afiliados (25,000), es decir que participen 5,000 militantes. Si eso no se logra, inmediatamente el partido queda fuera de la contienda.
Está en manos del Congreso lograr ello antes de que sea demasiado tarde. Permitir que haya 60 agrupaciones en la liza, no solo es un despropósito logístico sino que difuminará el voto fragmentando la votación y permitiendo que sea gobernante del Perú alguien que al final obtenga un 10% o poco más en las urnas.
Ya hemos visto con Castillo a qué conduce ello, a la perversión de la representación parlamentaria (Niños y demás), la ruptura de los partidos que entren, al desorden institucional producto de semejante degradación y, finalmente, a la persistencia de un modelo mercantilista de manejo del Congreso como el que hoy horada los márgenes mínimos de sindéresis institucional de un poder del Estado fundamental para el funcionamiento de una democracia operativa.