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Pero eso no debe significar connivencia con los desaguisados que el gobierno de Boluarte y el premier Otárola vienen cometiendo con fruición digna de encomio. Hace falta que, de parte del centro y la derecha, se tome distancia de ello y se pase eventualmente a una labor opositora responsable. Ser enemigos de la izquierda que quiere bajarse como sea a Boluarte, no debería hacer que se pase por agua tibia todos los errores que el gobierno viene cometiendo.

En particular, esa es una ubicación ideológica que deberían ocupar los nuevos candidatos liberales que están surgiendo y no sumarse al espíritu de la mayoría congresal, de apoyo incondicional. Como se ve en las encuestas, se necesita un liderazgo de derecha que claramente rompa palitos con el desastre de Castillo, pero también con la mala gestión del régimen de Boluarte, que ya merece más de un zamaquón político.

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Aumentar el número de fiscalías especializadas en derechos humanos para que tengan presencia en todo el país”.

Lo más importante de los informes que se han presentado no es tanto la denuncia de lo sucedido, más o menos reconocido por todos, sino la indolente reacción del gobierno, con afán de minimizar lo ocurrido y, por ende, sin ánimo alguno de realizar acciones de reparación y enmienda de los excesos cometidos. Se espera que esta vez no ocurra lo propio. La CIDH no es “una ONG”, como se refirió despectivamente la presidenta al informe de HRW.

Gran parte de la desaprobación ciudadana al gobierno de Dina Boluarte se debe a este hecho. Mientras ella no entienda que no puede pasar por agua tibia los informes dados a conocer y no actúe en consecuencia, los 56 muertos por obra de la represión abusiva, serán parte de una mochila de pasivos de la que el gobierno no podrá librarse con reacciones de soslayo pueril que no se veían desde los tiempos de Belaunde, quien arrojaba los informes de Amnistía Internacional al tacho de basura.

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Esta sensación es falsa e ilusoria, pero muy poderosa. Nos hace creer que somos superiores a los demás y que, por tanto, tenemos derecho a tratarlos con desprecio y desdén. Nos hace olvidar que todos somos seres humanos, con los mismos derechos y dignidad, independientemente de nuestra raza, religión o nacionalidad.

Por eso, la lucha contra la xenofobia es una lucha por la justicia y la igualdad. Es una lucha por el respeto a la diversidad y por la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria.

Solo cuando seamos capaces de reconocer la humanidad en los demás, de respetar su dignidad y su derecho a ser tratados con igualdad y justicia, podremos superar la desgracia de la xenofobia y construir un mundo mejor para todos.

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En esa perspectiva, conviene que decante el sistema político en general, luego de tantas crisis, que haya tiempo para que se inscriban quienes quieran inscribirse, que haya espacio para que se conformen alianzas maduras y consolidadas, que se abra una línea de morigeración de los ánimos caldeados de un sector significativo de la ciudadanía (que la gente vaya a votar con cólera o frustración ya ha demostrado no ser lo mejor).

Para que ello suceda, lo ideal es que Dina Boluarte gobierne hasta el 2026, que se complete el mandato constitucional y que en ese año, vayamos a elecciones sin sobresaltos ni turbulencias. Ojalá no haya imprevistos (escándalos de corrupción o rebrote de la conflictividad social) que hagan volar por los aires el tablero político nacional y que empecemos a recuperar la tranquilidad institucional que se necesita para que las fuerzas del mercado cambien su perspectiva del país y se regenere el círculo virtuoso de inversión, generación de empleo y reducción de la pobreza.

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La seguridad ciudadana es fundamental para la democracia ya que permite a los ciudadanos ejercer sus derechos y libertades de manera efectiva y pacífica. La prevención del delito y la violencia garantiza la estabilidad social, el respeto al Estado de derecho y la confianza en las instituciones democráticas.

Súmele uno pésima salud pública, mediocre educación estatal y corrupción generalizada a un estado absoluto de inseguridad y entenderá por qué los gobiernos en el Perú son rápidamente desaprobados.

La del estribo: imprescindible el enjundioso último libro de Fernando Tuesta Soldevilla, La reforma política, ideas y debates para un mejor gobierno, que publica la editorial Debate. Incluye reflexiones sobre la reforma política del último quinquenio, el sistema de partidos, el sistema electoral, el de gobierno, el Parlamento, el financiamiento de la política y los mecanismos de democracia directa.

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Pero en última instancia, la migración puede tener beneficios significativos para todas las partes involucradas. Si se gestionan adecuadamente, los flujos migratorios pueden ser una fuente de enriquecimiento y progreso para los países de origen, los países de destino y los propios inmigrantes. Por lo tanto, debemos reconocer la migración como una fuerza positiva en lugar de tratarla como un problema a resolver.

En el Perú debería proporcionársele de modo inmediato permisos laborales y documentos de identidad que integren a las poblaciones migratorias. Ya hay suficiente experiencia en el mundo de que la exclusión genera guetos, marginalidad y delincuencia. La migración no es el problema sino la buena o mala recepción que exista de ella.

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Así como ésta hay muchas bombas de tiempo dejadas por el funesto gobierno de Pedro Castillo, que deben ser desactivadas. Nos hemos librado de un desastre con la salida del Atila chotano. Hoy empezaba con la Derrama Magisterial, mañana iba a destruir todo el sector empresarial privado, envalentonado.

El Perú no puede permitir que se golpee más al sector privado, que es el que invierte y genera empleo, además de reducir la pobreza. Cientos de miles de maestros deben agradecer que el gobierno actual haya puesto fin a un profundo acto de pillería y afanes de venganza. Su lucha y protesta ha ayudado a que la sociedad aprecie los esfuerzos empresariales de un sector sindical crucial para la marcha del país en el sector Educación y que ha demostrado que hacer empresa es una responsabilidad tan delicada que merece el cuidado de los gobiernos y no su manoseo, como el que pretendieron desplegar Castillo y sus huestes radicales.

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“A principios de febrero, el Ministerio del Interior no había abierto ninguna investigación sobre la conducta policial y ningún agente de policía había sido sancionado ni apartado del servicio”.

“El gobierno peruano debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y exhaustivas de todos los abusos cometidos por la policía y las Fuerzas Armadas, así como de los actos de violencia, enjuiciando a los responsables según corresponda. Los fiscales deben investigar y presentar cargos, según proceda, no sólo contra los militares y policías que cometieron los abusos, sino también contra sus superiores y las autoridades gubernamentales que pueden haberlos ordenado, no haber tomado medidas efectivas para impedirlos o no haber respondido adecuadamente para impedir nuevos abusos y garantizar la rendición de cuentas”.

“Hay fuertes razones para creer que la presidenta Boluarte, el primer ministro Otárola y otros altos funcionarios no tomaron medidas efectivas para detener las muertes, a pesar de tener conocimiento de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en ellas”.

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A pesar de los costos que implica implementar una política anticorrupción efectiva, ella es imperativa. La corrupción ha causado un daño incalculable a la economía peruana y ha minado la confianza de la ciudadanía. Sin una política anticorrupción efectiva, el Perú seguirá siendo un país que no cumple con los estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas, lo que afectará la inversión extranjera y el crecimiento económico a largo plazo.

Es importante tener en cuenta que los costos de no implementar una política anticorrupción son inmensos. La corrupción no solo afecta la economía, sino que también corroe la democracia y el Estado de derecho. Si no se toman medidas efectivas para combatirla, la corrupción seguirá siendo una amenaza para el bienestar de los peruanos y para el futuro del país.

La implementación de una política anticorrupción efectiva es una necesidad urgente en el Perú. Es hora de tomar medidas efectivas para erradicar la corrupción y restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

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