Natali Durand Guevara también es docente sanmarquina y acudió al campus en la mañana del sábado al ser alertada por sus alumnos que uno de sus compañeros estaba siendo detenido por policías que habían irrumpido en su centro de estudios. “Me comenzaron a escribir porque un alumno había sido detenido al igual que varios estudiantes universitarios en esta entrada de los policías. Cuando fui no dejaban entrar a nadie”, relató a Sudaca.

 

“Empujaban a cualquier persona que se quería acercar”, cuenta Durand sobre las acciones de las fuerzas del orden y explica que tampoco dejaban entrar personal de salud, abogados e incluso a congresistas como Isabel Cortez, Ruth Luque y Sigrid Bazán.  “Como docente debería poder ingresar a mi casa de estudios y no pude”, reclama.

“Estábamos preocupados porque veíamos salir a los buses y no sabíamos a dónde los llevaban”, cuenta Durand Guevara. “La policía no decía nada. No brindaba información”, cuestiona la docente universitaria, que recién pudo conocer el destino de los detenidos al seguir uno de los buses que salió de la universidad y llegó a la sede de la Dirincri.

DERECHOS NEGADOS

Pero la peor parte de la historia para manifestantes y estudiantes no terminaría con lo ocurrido dentro del campus y que denunciaron sus compañeros de estudio y docentes. Tras abandonar la sede universitaria, los detenidos fueron trasladados en buses a la Dirincri. Ahí se dirigió la abogada Renata Bregaglio Lazarte, junto a otros colegas que estaban dispuestos a brindar asistencia legal a los detenidos.

“En la Dirincri se han presentado situaciones complejas”, cuenta la abogada sobre lo que vio en el transcurso del sábado. “Había una señora mayor a quien le subió la presión y se sentía muy mal. Prácticamente no hablaba castellano y se le tuvo todo el día en una silla. La señora estaba descompuesta vomitando. Estuvo en una banca hasta las dos de la mañana”, expone Bregaglio.

“En el piso que yo estaba había una mujer embarazada de dos meses y la señora ha estado sentada todo el día en una silla de madera. Otra mujer estaba muy descompuesta, menstruando y en ningún momento se le ofreció la posibilidad de poder recostarse”, agrega.

Sin embargo, en la sede de Dirincri se vivirían episodios más cuestionables con el paso de las horas. “Las personas detenidas señalaban que la policía los presionó para firmar los documentos”, revela a Sudaca la abogada Bregaglio Lazarte y aclara que entre estos documentos se encontraban constancias de no haber sido maltratados por la policía durante el operativo para detenerlos.

Un episodio que tendría como agravante el hecho de no haber contado con traductores para un importante número de detenido que no hablaba español con fluidez. “Empezaría diciendo que la interpretación de lengua originaria en el marco del sistema de justicia es un derecho. La persona tiene derecho a elegir en qué idioma prefiere comunicarse”, señala Bregaglio.

La abogada también comenta que, cuando se exigía que asistan intérpretes, inicialmente las autoridades señalaban que esto “no era necesario”. “Cuando no había intérprete respondían con sí o no porque no podían formular ideas más complejas y se explayaban muchísimo cuando lo hacían con el intérprete”, cuenta Renata.

Durante la noche del sábado se conocieron documentos con los que se intentaba justificar el accionar de la policía y el trato a los detenidos. Sin embargo, los argumentos, como el hallazgo de pancartas y telas con frases como “no matarás ni con hambre ni con balas”, terminaron por resultar poco convincentes.

 

 

Ante los cuestionamientos de docentes y alumnos de la propia universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos publicó un comunicado durante la tarde del domingo rechazando la intervención de la DIRCOTE, cuestionando el trato de la policía a quienes se encontraban en el campus y aclarando que la universidad únicamente había solicitado que se liberen las puertas.

 

Durante la noche del domingo se terminaron de liberar a los casi doscientos detenidos en el operativo del sábado. Sin embargo, este operativo que inicialmente fue celebrado por integrantes del gobierno, como el premier Alberto Otárola, ha tenido un desenlace que deja muy comprometido al Ejecutivo y Policía Nacional del Perú, y parece haber empezado a debilitar la imagen del gobierno en Lima, el que hasta ahora era uno de los puntos de respaldo que le quedaban.

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Dina Boluarte, Universidad San Marcos

A doscientos años, aún el país tiene el enorme reto de ir hacia la consolidación de la nación peruana, aún en construcción. Ese es el acuerdo que necesitamos para una reconciliación nacional en estos momentos crispados o de polarización política.

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política peruana

Sería muy útil que las fuerzas del orden sepan distinguir entre los azuzadores intelectuales y perpetradores materiales de la protesta sangrienta, de aquellos que actúan sin violencia, y que son la mayoría, pero que son tratados bajo el mismo rasero (véase los resultados de la torpe intervención en San Marcos: todos liberados por la Fiscalía) y con una intensidad represiva propia de una guerra interna.

Al pueblo legítimamente indignado, contención insertada en el respeto a los derechos humanos; a los violentistas, detención y carcelería, a ver si de una vez por todas nos libramos de los remanentes senderistas que siguen creyendo que la violencia, así sea camufladamente, es la partera de la historia.

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política peruana, protestas, San Marcos

A la vez Piqué, que no es ningún santo de mi devoción, pues la verdad que ha quedado como un miserable machista y, como se dice en buen peruano, como todo un “pendex” posee una fortuna de «apenas» 80 milloncitos de dólares o algo por ahí.

Estos dos supermillonarios se agarran a trompadas mediáticas y ella se embolsica varios millones más por la nueva canción, que evoca muy bien el sentimiento de despecho y de dolor que encara Shakira no solamente como mujer, sino como madre. 

Con respecto a su posición ideológica sería bueno que optara por un bien social en lugar de brindar su apoyo a gente tan incoherente como a Álvaro Uribe, el funesto y derechista presidente colombiano de los paramilitares y la corrupción.

Por eso, está bien denunciar el machismo y la falta de lealtad, el oportunismo de muchos hombres (menos mal, no todos) y el arribismo de las “chibolas de quinta” por chapar un marido rico. En eso Shakira tiene razón. Pero a la vez no podemos ocultar con rabo de paja qué representa Shakira en la mentalidad consumista e individualista de las nuevas generaciones y lo que su ejemplo como ciudadana (tanto colombiana como española) significa para las jóvenes de hoy. No es ninguna santita ni menos una heroína o una mártir.  Pero sí, somos solidarias porque el dolor como mujer y madre que ella experimenta es mucho más fuerte que el lúdico placer del joven Piqué en su relación con la voluptuosa Clara.

Por todo lo dicho, prefiero identificarme mil veces antes con las campesinas aimaras, quechuas, huancas y de todas partes que han llegado a Lima a reclamar el derecho de tener un estado que las represente y que atienda a sus reclamos históricos, a buscar justicia por sus hijos y parientes asesinados. La posición de Shakira es un chancay de a medio al lado de muchas de las situaciones por las que las mujeres peruanas suelen pasar.

Nunca perdamos la perspectiva, mis queridas hermanas lobas.

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Piqué, Shakira

Frente a los vándalos y violentistas, todo el peso de la ley y de la justa represión. Frente a la población movilizada, contención sensata y búsqueda inagotable de mecanismos de diálogo que los haga trastocar una agenda politizada, que es inviable y seguramente no comparten (liberación de Castillo, renuncia de Boluarte, cierre del Congreso y Asamblea Constituyente), por una plataforma de acciones sociales y gubernativas concretas en cada una de las regiones soliviantadas.

La del estribo: imprescindible la lectura de Sin noticias de dios. Sodalicio: una crónica de impunidad, del periodista Pedro Salinas, una suerte de bitácora personal del caso en su conjunto, desde sus inicios, sobre los actos violatorios de los derechos humanos perpetrados en una sociedad pontificia que, con la abundancia de pruebas delictivas presentadas, ya hace tiempo debió haber sido clausurada.

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Marchas, PNP, política peruana

2023, otra vez. Estamos buscando un país ¿para qué? Para construirlo, y para construirlo necesitamos narrativas nuevas para este país nuevo. Solemos decir que no hay un centro político, que necesitamos un centro político, pero ese centro para existir necesita crear sus propias narrativas, esas que el país está esperando para unirse y encontrar un nuevo punto de partida. No habrá centro político en el país, mientras, quienes pretendan serlo, no hagan otra cosa más que camuflarse, con algún maquillaje, bajo las viejas narrativas de la derecha y de la izquierda, de aquellos que marchan, con los ojos vendados, sobre un viejo puente apolillado, desplomándose una y otra vez, a través de la historia, hasta el infinito.

La pregunta es ¿qué objetivo se quiere lograr con esa “voluntad de poder”? 

Siguiendo la línea marxista, probablemente algunos lideres de la protesta querrían implantar un socialismo del siglo 21 a lo venezolano, nicaragüense o cubano. Algunos otros proponen liberar al encarcelado expresidente presuntamente golpista, corrupto e inepto. 

Estos objetivos claramente son desatinados y serían desastrosos en caso de ser realizados.

La consigna que más se escucha es la del pedido de renuncia de Dina Boluarte, cambio de la mesa directiva del Congreso, adelanto de elecciones y referéndum para asamblea constituyente. 

Analicemos uno por uno. ¿Porque tendría que renunciar Dina Boluarte? 

Varios argumentarán que debe renunciar por ser responsable de las victimas fallecidas a manos de las fuerzas del orden. Pero para esto tendría que probarse que ella dio la orden de disparar y que no fue responsabilidad individual de miembros específicos de las fuerzas del orden.

Para Boluarte dar la orden de disparar sería una decisión claramente contraproducente, dado que las víctimas fatales solo añaden más leña al fuego de la protesta y también se convierten en una contingencia legal complicada para ella ante una eventual investigación fiscal. 

También hay una razón práctica importante para que Boluarte no renuncie y es que en caso renunciara, el actual presidente del congreso seria aún menos popular que ella y tendría menor legitimidad, lo cual derivaría en mayores protestas y en una lucha por que cambie la mesa directiva lo cual a su vez generaría mayor caos y protesta, lo cual finalmente podría derivar en una guerra civil o un golpe de estado.

Lo que corresponde ahora es que Boluarte se mantenga en su puesto y el congreso cumpla con adelantar las elecciones y entregue el cargo al presidente electo. Todo dentro de la ley y del proceso democrático.

La razón por la cual los lideres de la protesta quieren que Boluarte renuncie no es porque consideren que sea moralmente necesario sino porque quieren utilizar el vacío que se generaría, para poner a un presidente afín que inicie el proceso para una asamblea constituyente o continue la línea golpista de Castillo. 

¿Se justifica un referéndum para una asamblea constituyente? 

Los lideres de la protesta piden una asamblea constituyente no porque vaya a resolver nada sino porque les proporciona dos cosas: primero la posibilidad de obtener mayor poder y segundo les permite ofrecer una pretendida solución de sus problemas a la población.

Sabemos bien que los problemas del país no están en la constitución sino en las personas que lo gobiernan, en nosotros mismos. Una nueva constitución no va a mejorar la situación de los peruanos, por lo contrario, va a detener la economía y generará expectativas de solución en la población que se convertirán en una gran desilusión. 

Es cierto que el Estado no cumple con proporcionar los servicios básicos que la población requiere. Pero esto sucede no porque la constitución no lo permita sino porque tenemos gobernantes corruptos e ineptos.

Si el problema de fondo que aborda la protesta realmente fuera que el Estado no cumple con proporcionar los servicios básicos, ¿porque no se protestó durante el gobierno de Castillo cuando ya estaba claro que había tremenda corrupción e ineptitud? ¿Por qué no se protestó durante el mandato de todos esos alcaldes y gobernadores regionales que también son corruptos e ineptos? 

La realidad es que la población asume que lo normal es que el Estado central, las municipalidades y los gobiernos regionales no cumplan con sus responsabilidades. 

La protesta no tiene tanto que ver con que el Estado cumpla o no cumpla, sino con que este grupo étnico, cultural, económico y social haya perdido su representante en la mesa del poder.

No importa si este representante es golpista, corrupto e inepto, al fin y al cabo, la mayoría de los políticos son considerados corruptos e ineptos, lo importante es que su “su” representante tenga un sitio en la mesa del poder y que su “voluntad de poder” se vea expresada.

Y esa “voluntad de poder” no necesariamente tiene un objetivo constructivo, solo es “voluntad de poder” expresándose.

@rafaelletts


*Fotografía perteneciente a terceros

Este hecho daría lugar a la aparición de otra denuncia contra otro sacerdote salesiano, como relata el informe de la Comisión De Belaúnde:

«A partir de este reportaje, se pone en contacto con Américo Legua, Javier Abelardo Pérez Delgado, de 56 años, quien manifestó su intención de dar su testimonio ante esta Comisión sobre los hechos que habrían ocurrido cuando estudiaba en el Colegio Parroquial Salesiano, de Breña, en la década de los 70. Javier Pérez relata que fue abusado sexualmente cuando tenía entre 8 y 12 años, mientras cursaba segundo grado de primaria. De acuerdo a sus declaraciones, el padre Eugenio B. Masías Abadía, quien era director del colegio en esos años, lo llevaba al “cuarto oscuro” del colegio, en el que le repasaba las lecciones para luego castigarlo físicamente y realizar tocamientos con connotación sexual.

Los supuestos abusos empezaron con golpes en las nalgas, desnudamiento forzado, baños y, finalmente, penetración anal. El padre tenía la autorización de la maestra de Javier, así como de su madre, para ayudar en la nivelación académica, por lo que los hechos de violencia que narra se daban en estos espacios sin supervisión. Esta situación se detuvo cuando el profesor Eduardo Chang identificó que Javier salía de las clases de nivelación lloroso y mojado, por lo que confronta al padre amenazando con denunciarlo. Al siguiente año, Javier fue cambiado de colegio».

No nos consta que haya habido en ninguno de los casos denuncia ante la justicia civil, ni de parte de la víctimas ni de quienes supuestamente se enteraron de los abusos. Y si bien en el caso de Américo Legua hubo un proceso canónico, pues su denuncia fue remitida por los salesianos a la Congregación para la Doctrina de la Fe, ésta decidió en el año 2016 archivarla por «carecer de verosimilitud». El caso sería reabierto después de que el músico peruano le escribiera una carta al Papa Francisco, fechada el 4 de abril de 2017. Aun así, en diciembre de 2017 la Congregación para la Doctrina de la Fe decidió archivar de manera definitiva la denuncia contra el padre Antúnez de Mayolo, por «absoluta ausencia de elementos probatorios que sostengan las afirmaciones contenidas en la denuncia». En ningún momento la víctima fue contactada o citada a declarar, ni tampoco fue nunca notificada oficialmente de cómo iba el proceso, a qué termino llegó, ni mucho menos cuáles fueron los argumentos para su archivamiento.

Estos casos serían suficientes como para que se abra una investigación, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en España. De los más de 900 casos de abuso sexual eclesiástico recopilados por el diario El País, unos 100 casos están vinculados a la congregación salesiana, siendo la institución religiosa católica que figura con más casos en esa base de datos.

Todo esto sería sólo la punta del iceberg, pues no resulta aventurero suponer que en el Perú no sólo los salesianos y el Sodalicio albergaron o albergan abusadores entre sus filas, sino que la Iglesia católica en el país andino tampoco se libraría de sufrir masivamente el cáncer del abuso sexual eclesiástico que aqueja a la Iglesia dondequiera que tenga presencia. Más aun cuando hay una alta autoridad de la Iglesia católica en el Perú, con el sobrenombre de cardenal Cienfuegos (según Jaime Bayly) o Mons. Camilo (según Pedro Salinas en su último libro Sin noticias de dios), acusada de abusos sexuales y que no ha sido aún identificada inequívocamente con nombre y apellido.

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