[CIUDADANO DE A PIE] La reciente quiebra del gigante inmobiliario chino Evergrande, que algunos analistas han comparado a la de Lehman Brothers en 2008, constituye un golpe no desdeñable a la poderosa economía de China -nuestro principalísimo socio comercial- que, como consecuencia, recortará previsiblemente en lo inmediato sus inversiones y adquisiciones globales. Para el Perú, esta mala noticia es llover sobre mojado, pues se suma a las secuelas de la crisis del Covid 19, la presión inflacionaria mundial del conflicto ruso-ucraniano, las pérdidas económicas ocasionadas por el ciclón Yaku, el fenómeno del Niño costero y los primeros embates del Niño Global. En suma, una tormenta perfecta que repercutirá, sin lugar a dudas, sobre nuestros dos grandes flagelos nacionales: la desigualdad y la pobreza.

Desigualdad

La idea tan promocionada por los grupos de poder de que nuestro modelo neoliberal nos llevará de la mano a convertirnos en un país próspero con una mejor y más justa distribución de la riqueza nacional, es una enorme falacia que ya tiene una antigüedad de tres décadas. Baste mencionar que nuestra Remuneración Mínima Vital tiene hoy tres veces menos poder adquisitivo que en los años 70 del siglo pasado. Solo países antaño pobres como China, Corea del Sur, Singapur y Taiwán, que consiguieron convertirse en exportadores de productos manufacturados, han logrado dar verdaderos saltos cualitativos en lo económico y social. En países como el nuestro, que participan en el mercado global casi exclusivamente vendiendo materias primas, solo los grandes capitales y las grandes propiedades se benefician con el aumento de la demanda y los precios internacionales y por tanto se encuentran mayormente protegidos de vaivenes económicos como el actual. El estudio de Germán Alarco Tosoni (Universidad del Pacífico) sobre la riqueza y la desigualdad en el Perú, que data del 2019 es taxativo: en nuestro país dos personas poseían por entonces el 15% de la riqueza nacional y cuatro mil quinientas el 40% de la misma. Hay quienes afirman que las desigualdades económicas son inevitables en toda sociedad. No se puede negar la relativa veracidad de esta afirmación, pero como John Rawls señala, estas desigualdades tendrían que estar vinculadas a cargos y posiciones abiertas a todos, en condiciones de una igualdad equitativa de oportunidades y deberían redundar en un mayor beneficio para los miembros menos aventajados de la sociedad. Evidentemente nos encontramos muy lejos de ese ideal.

Pobreza

Nuestros índices actuales de pobreza son preocupantes. En el 2022, de 33 millones y medio de peruanos, nueve millones se encontraban sumidos en la pobreza y casi 11 millones en riesgo inminente de caer en ella; como consecuencia directa, 12 millones de compatriotas presentaban un déficit de calorías en su alimentación o sencillamente pasaban hambre y 700 000 niños menores de tres años sufrían de anemia. Gustavo Yamada y Pablo Lavado (Universidad del Pacífico) han observado que únicamente han existido procesos sostenidos de reducción de pobreza monetaria en nuestro país, cuando estos han sido precedidos por períodos de crecimiento económico por encima del 3% en por lo menos dos años previos. Si esto no ocurre, como ellos mismos afirman “cada año que pase será materia de una mayor frustración colectiva y un incesante descontento social en el país.” La recesión que el país viene atravesando actualmente, está determinada por una importante contracción del crecimiento económico (– 0,6% en promedio) aunada a la inflación más importante de los últimos 20 años, con principal incidencia en el precio de los alimentos. Esta situación podría complicarse en el 2024, como consecuencia del más bajo rendimiento de nuestra agricultura en 30 años y el peligro de un Niño Global de fuerte intensidad. Por otra parte, las tasas de crecimiento proyectadas para el país en los próximos años, son iguales o inferiores al 3%, insuficientes por tanto para tener un impacto positivo en la reducción de la pobreza nacional.

Convulsión social

¿Qué consecuencias sociales podría generar esta situación de crisis actual y futura en nuestro país? Según Mirko Lauer, absolutamente ninguna pues “la penuria económica no moviliza, sino paraliza. Figura en el manual de todo dictador latinoamericano: los pueblos hambrientos no tienen tiempo ni fuerza para rebelarse. Esto a pesar de que, si hemos escuchado bien, todo se hace en su nombre.” Curiosa conclusión de alguien como él que tiene acumuladas tantas millas en el análisis político y que más bien parecería un mensaje dirigido a tranquilizar a ciertas élites amigas y/o a desanimar a potenciales líderes revoltosos. De hecho, según Harold James, historiador de la Universidad de Princeton, son precisamente las alzas importantes de los precios de los alimentos, la causa determinante que se encuentra en el origen de revoluciones sociales a lo largo de la historia. Ya en 2014 José Antonio Cuesta, economista experto del Banco Mundial, señalaba el número importante de manifestaciones violentas en el mundo, incluida Latinoamérica, como consecuencia del alto precio o escasez de los alimentos, y llamaba la atención sobre el riesgo de futuras convulsiones sociales difíciles de manejar, si los gobiernos regionales no invertían lo necesario en seguridad social y alimentaria en beneficio de los más pobres y vulnerables. ¿El Perú, con su modelo económico neoliberal ha hecho la tarea?

Además de los factores de orden internacional y climáticos al origen de la crisis, sobre los que evidentemente no ejercemos ninguna influencia ¿existen responsabilidades locales que debieran ser analizadas? Creemos que es el caso y lo expondremos en nuestra próxima nota.  Por el momento valdría preguntarse si la segunda de las condiciones enunciadas por Lenin como necesarias para el estallido de una revolución social -y que expusimos en nuestra nota anterior (https://x.com/SudacaPeru/status/1706760933287067810?s=20) – se estaría cumpliendo o podría cumplirse próximamente en nuestro país.

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concentración riqueza, recesión, revolución, seguridad alimentaria

[CIUDADANO DE A PIE] El 3 de septiembre último, en el diario “La República”, Augusto Álvarez Rodrich, connotado miembro de la élite cognitiva y rabioso defensor del modelo económico neoliberal, plasmado en la Constitución del 93, publicaba una nota titulada “Perú un país condenado a tener éxito”. Entre hilarantes ocurrencias, como aquella de que “hasta una patada en el culo te empuja hacia adelante”, AAR dejaba nítidamente traslucir las preocupaciones de los grupos de poder y sus adláteres: los nubarrones de una importante crisis económica, cuyos primeros efectos se dejan ya sentir en los hogares, se ciernen amenazantes y cogen al país con el pie cambiado de un gobierno y un Congreso absolutamente desprestigiados, sumidos en la más profunda mediocridad, y sin ninguna capacidad de liderazgo. Álvarez Rodrich y sus amigos saben perfectamente que las arengas de emprendedurismo barato y las odas a la sacrosanta estabilidad, necesaria a las inversiones privadas, pueden no bastar en esta ocasión para conjugar el peligro de un estallido social que pudiera llevarse por delante el “modelo”. La pesadilla de lo ocurrido en Chile en el 2019, paraíso hasta entonces del neoliberalismo, los persigue sin cesar y hablan de ello constantemente, como una forma de exorcizar sus más profundas animadversiones y temores.

En su célebre artículo “El fracaso de la II Internacional” de 1915, Lenin definía lo que a su entender eran las tres condiciones necesarias para el inicio de una revolución social, las mismas que podríamos enunciar resumidamente así: 1. Imposibilidad para las clases dominantes de mantener sin cambios las formas políticas de su dominación. 2. Aumento significativo de la pobreza de las clases dominadas. 3. Como resultante de lo anterior, una movilización social creciente que deviene en una “actuación histórica independiente”. Como Lenin mismo reconocía, esta “situación revolucionaria” no basta por sí sola para desencadenar una revolución social, como de hecho se verifica en las múltiples ocasiones en que estas tres condiciones se han hecho presentes en la historia de América Latina, sin que ningún cambio significativo se haya producido. A la vista de lo que viene ocurriendo en nuestro país, nos sentimos tentados de plantearnos la pregunta ¿se encuentra el Perú actualmente atravesando una situación potencialmente revolucionaria que pudiera conducir a un quiebre del statu quo y a importantes cambios en lo político, social y económico?

Primera condición: El neoliberalismo autoritario

A raíz de la gran crisis económica del 2008, surgió lo que William Davies y otros estudiosos han denominado neoliberalismo punitivo, neoliberalismo autoritario e incluso fascismo neoliberal o posfacismo. Este neoliberalismo, a diferencia del que se gestó en los años 70 y dominó a partir de los 80 durante tres décadas, ya no puede convencer ni crear consensos alrededor de sus prácticas de competitividad despiadada -que involucra todas las esferas de la actividad humana- elevada al rango de norma social justa y hasta ética. El neoliberalismo ha perdido, como consecuencia de la desigualdad, la desprotección y la precarización que genera su modelo de crecimiento y acumulación de riqueza, credibilidad y aceptación. Alrededor del mundo, desde Francia hasta Chile, los “perdedores” de la globalización de los mercados han sido protagonistas de violentos estallidos sociales que han puesto a la defensiva a las élites neoliberales, y lo propio podría ocurrir pronto en nuestro país. Pero, aunque una legión de autores anuncia periódicamente la caída inminente del capitalismo neoliberal, bajo el peso de sus propias contradicciones, esto no parece ocurrir aún, o quizás, como ha escrito Neil Smith, el neoliberalismo “ya está muerto, pero sigue siendo dominante” ya no sirviéndose de la racionalidad normativa y del consenso, sino como afirma Davies, de manera implacable con “valores y actitudes de castigo”. El argentino Matías Saidel ha descrito muy bien este neoliberalismo autoritario, en el que “los grupos dominantes ya no buscan neutralizar la resistencia a través de concesiones, sino que favorecen la exclusión de los grupos subordinados, mediante cambios en la legalidad que neutralizan los alcances de las instituciones democráticas y mediante prácticas que buscan marginalizar, disciplinar y controlar a los grupos disidentes”.

En su libro “Demócratas precarios. Élites y debilidad democrática en el Perú y América Latina”, Eduardo Dargent hace una descarnada descripción de las siempre latentes pulsiones antidemocráticas de nuestras élites de derecha, entendidas como tales aquellas que se oponen a políticas redistributivas de la riqueza y tienen al orden social como un valor fundamental. Según este autor, cuando nuestras élites se hacen con el poder, tienden a no respetar los mecanismos constitucionales y a promover nuevas reglas que las favorezcan, en detrimento del democrático equilibrio de poderes. Por su parte, Moisés Naím en su libro “La revancha de los poderosos”, habla de “Estados mafiosos” en los cuales desde el poder se busca destruir los pesos y contrapesos que los limitan y obligan a rendir cuentas. En un Estado mafioso, se despliegan estrategias que socavan la democracia, criminalizando la oposición mediante el recurso a teorías conspirativas (con una preferencia por las acusaciones de terrorismo, según el ensayista Pier Franco Pellizzetti), controlando el nombramiento de jueces, emitiendo “seudoleyes”, y lo que es más grave aún “transformando sutilmente el gobierno en una inmensa trama delictiva depredadora, cuyos beneficios llenan los bolsillos de los gobernantes y sus amigos”. En estos Estados, la meritocracia es un espejismo y la administración pública se convierte en una inmensa red delictiva. En esta destrucción del estado de derecho se conforma, según Paolo Flores d’Arcais, “una nueva triada financiera, mediática y gubernamental que favorece la legalización de la delincuencia del establishment”.

¿Estamos asistiendo en el Perú a lo que Sinesio López y Glatzer Tuesta han calificado como un cambio de régimen? ¿Sería este nuevo régimen una forma de dominación neoliberal autoritaria y mafiosa, o quizás la reedición de algo ya conocido? CONTINUAREMOS.

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Crisis económica, Estallido Social, Neoliberalismo

Educación elitista

Gaymer aborda el tema de la educación impartida en los establecimientos ligados al OPUS DEI y señala que su principal diferencia radica en el tipo de educación que imparten según la clase social de sus alumnos: de tipo profesional para las clases altas y de tipo técnico (por ejemplo, escuelas de formación de empleadas domésticas) para las clases desfavorecidas. Existiría además una transmisión selectiva de ciertos valores específicos de cada clase social, tendientes al mantenimiento y legitimación de las diferencias sociales.

Una mención particular, en el tema de la educación, merecen las escuelas de negocios de la Obra establecidas en Latinoamérica siguiendo el modelo de la Universidad de Navarra. Estas escuelas, que no han hecho ningún aporte significativo en teoría económica, se han centrado más bien en la formación en materia de gestión. En ellas, según Moreton, se viene formando un estrato social de economistas profesionales, expertos técnicos, burócratas y administradores en la esfera pública, en los negocios y las finanzas, con una ética profesional totalmente desligada de los temas sociales y con una notable afinidad por líderes autoritarios, como lo ha mostrado la historia del neoliberalismo en nuestro subcontinente. Dentro de este grupo, existiría un círculo aún más exclusivo, conformado por opusdeístas numerarios y supernumerarios que desempeñan un importantísimo papel en la expansión hegemónica de los principios morales, éticos, sociales y económicos de la Obra, gestores altamente eficaces que han seguido, y siguen un “plan de vida” -privaciones y automortificación incluidas- que les permite potenciar su disciplina y productividad. Esta es la verdadera guardia pretoriana del neoliberalismo latinoamericano, de una doctrina socialcristiana con una “opción preferencial por los ricos”, que se organiza en partidos de una derecha autoritaria caracterizada por la coherencia de sus planteamientos y sus íntimas relaciones con los poderes fácticos civiles y militares. A esta derecha, debe enfrentársele una izquierda moderna de profundas raíces democráticas, con probada solvencia moral y técnica, capaz de recoger y representar fielmente los intereses de las clases menos favorecidas. Una izquierda en suma que, en nuestro país, aún está por construirse.

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capitalismo, Opus Dei

Ricos con conciencia tranquila

Arturo Fontaine Talavera, reconocido escritor chileno, refiriéndose a la estructura económica de su país a principios de este siglo -y tan contestada en la actualidad- afirmó que la misma era el resultado de un “idilio” entre las élites empresariales y grupos católicos conservadores que, como el Opus Dei, lejos de criticarlos por sus éxitos financieros, los celebran e impulsan a través de seminarios empresariales, retiros y jornadas de oración; más aún, los legitiman al amparo de una cierta ética católica aplicada a los negocios y la generación de riquezas, totalmente opuesta a una Teología de la Liberación que critica al mundo capitalista. Otro aspecto importante que explica este idilio, es el fuerte énfasis que el OPUS DEI hace sobre el papel de la familia, tan importante para las élites de Latinoamérica, en donde importantes bufetes legales y grandes empresas tienen un carácter eminentemente familiar. Así, el Opus Dei ha logrado generar importantes e influyentes vínculos en todos los países de nuestro subcontinente, especialmente en México y Chile, desarrollando una intensa actividad doctrinaria e intelectual que explica muchas de las características del neoliberalismo que se practica en estas tierras y de las cuales trataremos en una próxima nota.

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Rafael Lopez Aliaga, socialcristianismo

Las causas

Mucho se ha señalado la carencia de liderazgos visibles en las protestas y la ausencia de representantes con quienes el gobierno hubiera podido sentarse a negociar para encontrar soluciones. Pero estas negociaciones, como el gobierno lo dejó muy en claro desde el primer momento, se habrían limitado a los habituales ofrecimientos económicos y a las bien publicitadas firmas de los eventuales acuerdos alcanzados, los que, en su mayoría y como de costumbre, nunca serían respetados. No es extraño en los países latinoamericanos, que los líderes sociales permanezcan en el anonimato, al menos durante algún tiempo, por temor a las posibles represalias, más aún en un país como el nuestro, en el que, durante mucho tiempo, fueron víctimas de la violencia senderista y de las fuerzas represivas del Estado.

También se ha criticado duramente, algunas de las acciones emprendidas por los manifestantes, tales como bloqueo de carreteras, intentos de ocupación de aeropuertos y de otros “activos estratégicos”, lo que, en el argot sociológico, se conoce como “acciones disruptivas”. A este respecto cabe señalar, que son los Estados mismos, quienes ejercen una influencia determinante en el tipo de organización y formas de acción de los movimientos sociales. Así, en los países de democracia consolidada, las protestas y movilizaciones populares que siguen al fracaso de negociaciones en un marco institucional, son toleradas como parte del juego democrático y la represión, de ser necesaria, no alcanza elevados niveles de violencia. Para el caso de países como el nuestro, importantes investigadores, como el ya mencionado Gamson y otros más (Cloward, Piven), han llegado a la conclusión de que los grupos excluidos, únicamente pueden lograr cambios sociales mediante acciones masivas disruptivas y de gran impacto mediático, tanto más si cuentan con el apoyo de la opinión pública. Hagamos notar que en el último Latinobarómetro, uno de los principales bancos de datos de opinión pública en América Latina y el Caribe, se señala que el 65% de la población de nuestro país, muestra un acuerdo general hacia las protestas sociales, solamente por detrás de Paraguay (84%) y Chile (71%) y que, en las encuestas del último mes de febrero, el 58% de los peruanos se sentía identificado con las movilizaciones, principalmente en el sur del país (71%).

La respuesta del ultraderechista y antidemocrático gobierno Boluarte/Otárola al movimiento social, es ya de todos conocida, tanto en el Perú como en la comunidad internacional, la que esencialmente ha consistido, en lo que el filósofo postmarxista argentino Ernesto Laclau, denominó “la denigración de las masas”, que vincula los movimientos sociales al quehacer de desquiciados, criminales, engañados y manipulados, y esto asociado a una brutal represión con numerosas ejecuciones extrajudiciales. A la vista de todo esto ¿podemos considerar que la lucha y la muerte de nuestros hermanos de las regiones, se ha saldado en un fracaso? Pretender responder a esta interrogante, tomando únicamente en cuenta los resultados inmediatos, es desconocer la propia naturaleza de los movimientos sociales y del impacto relevante que pueden tener en asuntos de gran importancia como ciudadanía, transformación social, participación política y democracia. De esto justamente, hablaremos en una próxima nota.

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movimiento social, Perú
  1. Los execrables ataques que sufrieron en sus domicilios, los reconocidos periodistas Rosa María Palacios Mc Bride y Gustavo Gorriti Ellenbogen, perpetrados por el grupo de desadaptados al servicio de la caverna, autodenominado “La Resistencia”. Gorriti es, desde hace años, objeto del odio irredento de la ultraderecha y de grupos de poder inmersos en casos de corrupción, que no toleran el trabajo de investigación de IDL-Reporteros, que pone al descubierto sus trapacerías. A los acostumbrados insultos y amenazas, en esta ocasión se agregó un “Gorriti no es peruano, es judío”, que dejó, bien en evidencia el negro fustán nazi-fascista de quienes están detrás de estos atropellos contra el “hombre más poderoso del Perú” (Rafael López-Aliaga dixit). El caso de Palacios es bastante interesante. Esta abogada y periodista, de evidente talante conservador y religioso, ha venido cometiendo el “pecado” de informar pormenorizadamente sobre las manifestaciones de protesta a nivel nacional y de los casos de violación de los derechos humanos por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas. Además, ha criticado abiertamente las actitudes del Ejecutivo y del Congreso, principalmente en referencia al siempre postergado adelanto de elecciones generales. Por ello resulta sintomático que, además de los predecibles calificativos de terrorista y comunista con que la ultraderecha peruana estigmatiza a quienes les resultan incómodos, se haya proferido contra ella ofensas “fisonómicas” tales como “chancha de mierda”. Esto último, cuadra perfectamente con lo que Antonio Maestre, conocido periodista y escritor español, ha escrito: “La extrema derecha busca humillar, asustar, coaccionar y acomplejar con comentarios sobre el físico, que indiscriminadamente se usan de manera organizada, contra toda mujer que tenga voz en el espacio público. Si eres una mujer y has opinado contra VOX (partido posfascista español) sabes que esta definición no es retórica.” El que pueda entender, que entienda, reza la Biblia.

Como ciudadanos libres y demócratas del Perú no podemos permanecer indiferentes a los ataques que viene sufriendo nuestra sociedad por parte de una agresiva e insolente ultraderecha que piensa que ha llegado la hora de imponer nuevamente sus intereses por todos los medios, lícitos o no, a su alcance. Es tiempo de proclamar de manera orgullosa y libertaria: ¡TODOS SOMOS JUDÍOS Y CHANCHOS DE MIERDA!

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derecha peruana, Fascismo, Perú

Otra de las tácticas habituales del Posfacismo, es presentarse bajo un disfraz populista y antielitista, destinado a ganarse el apoyo de las clases medias y de los ciudadanos más necesitados. Tal ha sido la práctica de personajes como Trump, Bolsonaro y últimamente Santiago Abascal, fundador y líder de Vox, el ascendente partido español ultraderechista, ultranacionalista y ultraliberal, que sirve como modelo y guía al Posfacismo hispanoamericano, a través de la “Fundación Disenso” y el “Foro Madrid”. No pueden sorprendernos entonces, bajo esta perspectiva, las recientes declaraciones de López Aliaga, quien ha predicado a favor de la intervención del Estado en la economía, como buen socialcristiano que dice ser (compartimos la sonrisa descreída de Rosa María Palacios ante tal revelación), y ha despotricado contra la derecha peruana “aliada de la delincuencia de los capecos y confieps”, y de los grandes corruptos como Graña Miroquesada. De estar vivos, Carlos Malpica y Javier Diez Canseco lo habrían levantado en hombros. No señor Vladimir Cerrón, usted debe profundizar en sus estudios sobre el fascismo, el barco de “Porky” no se hunde, solo está cambiando de aparejos para navegar mejor. Tampoco nos sorprenden los dichos de Keiko Fujimori (invitada habitual de VOX) y de Miguel Torres, buscando desmarcarse de la “extrema derecha” encarnada en Renovación Popular y Avanza País. Sin duda, en Fuerza Popular cuentan con que, deshaciéndose de tales lastres, sumado a la ostensible pérdida de peso de su lideresa, el globo partidario alcanzará grandes alturas. No, estimado Juan Carlos Tafur, la ultraderecha no ha migrado ni un milímetro hacia su izquierda, y no habrá ningún bloque político sólido de centro derecha que los incluya. El Posfacismo peruano no se presentará bajo una única candidatura, porque sus intereses, proyectos y prácticas no son totalmente coincidentes, y por añadidura, los egos de sus líderes son tan grandes como el de Benito Mussolini.

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Facismo, Perú

En un país como el nuestro, que ha sufrido la violencia senderista y sus secuelas, resulta absolutamente indispensable definir, con la mayor claridad posible, cuál es la naturaleza del enemigo comunista al que la ultraderecha se siente en el deber de combatir, “subidos en el caballo de la lucha y con la Constitución en la mano” como proclama el mencionado Almirante (r),  pues es imposible aceptar en democracia, los patéticos argumentos que vienen siendo esgrimidos, para calificar las protestas sociales, tanto las violentas como las que no lo son, como acciones terroristas, en las que, por tanto, es posible justificar las decenas de muertes civiles ocurridas, como “hechos lamentables”, pero inevitables en una confrontación armada. 

La violencia se encuentra, casi invariablemente, presente en los conflictos sociales que ocurren en el mundo, sea por la acción directa de grupos minoritarios, con agendas particulares, o como una reacción a la represión coercitiva ejercida por las fuerzas estatales del orden. Para lo primero, como bien han señalado Rosa María Palacios y César Hildebrandt entre otros, se deben aplicar las medidas establecidas en el Código Penal, y para lo segundo, tener muy presente, que, salvo situaciones muy precisas, la policía debe utilizar medios de intervención no letales, dirigidos preferentemente a producir una agresión a los sentidos y no a la integridad física de los manifestantes.

Las protestas sociales, no solamente deben ser permitidas y toleradas, en tanto que contrapoderes de la sociedad, sino valoradas como oportunidades de generar, mediante la negociación y el consenso, reformas de contenido social. Como ha sido dicho: “El primer derecho de un ciudadano bajo un sistema democrático, es el derecho a tener un Estado que garantice los derechos de la ciudadanía” (Leguizamón), como el derecho a la protesta, sin que por ello se le califique como terrorista comunista sin pruebas válidas, y se ejerza sobre ella o él, una violencia estatal injustificada, propia de gobiernos dictatoriales.


*Fotografía perteneciente a un tercero

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protestas sociales, Sociedad peruana

Otros, bastante más diestros en el arte de la tauromaquia política, como Rosa María Palacios, admiten la necesidad de introducir “algunos cambios” -nunca por cierto en el Capítulo Económico- en la actual Carta del 93, para inmediatamente después, afirmar que ello es únicamente posible “a través de los mecanismos que la propia Constitución establece” en otras palabras, nada de Asambleas. Estos elitistas parecen, y solo parecen, olvidar como se procedió al cambio de Constitución en 1993, en contra de lo estipulado en el Artículo 306 de la Carta del 79, y de la advertencia de ilegalidad contra cualquier otro procedimiento en su Artículo 307. Conveniente memoria selectiva, como la que exhiben cuando insisten en el restablecimiento de una Cámara de Senadores, a pesar de que esta propuesta fue rechazada por una amplia mayoría de peruanos en el referéndum del 2018. La razón es simple, la famosa Cámara Alta, en un sistema bicameral, funciona como una institución “supramayoritaria” (Adam Przeworski) que aumenta sensiblemente la dificultad de realizar cualquier modificación del statu quo y que, unida a un Tribunal Constitucional en “buenas manos” conservadoras, lo hace prácticamente imposible. 

Hacen legión los elitistas que alegan que es impensable cambiar una sola letra del Capítulo Económico de la Constitución del 93, pues el Perú, gracias a él, ha conocido la más grande bonanza económica de su historia. Bueno, incluso sin ese dichoso Capítulo, nuestro país ha conocido varios periodos de prosperidad ligados a actividades extractivistas, como la del guano, el salitre, el caucho y la harina de pescado, todas ellas “prosperidades falaces”, como diría Basadre, pues fueron mucho más eficaces creando ricos, que riqueza nacional, algo muy parecido a lo que sucede en nuestros días, para comprobarlo, basta mirar nuestros índices de pobreza multidimensional y las tasas de anemia infantil. La ilusión del “chorreo económico”, ese espejismo de progreso popular, que al estilo del pobre Lázaro espera las migajas que caen de la mesa del rico Epulón, ya convence a muy pocos, de ahí el increíble éxito del célebre e igualmente falaz “no más pobres en un país rico”, que llevó a Castillo a la Presidencia.   

La ofensiva contra la Asamblea Constituyente aumentará en el corto plazo, echando mano de todo tipo de medias verdades, mentiras, cuando no de francos despropósitos. Vemos a un Primer Ministro, aprendiz de Goebbels, afirmar con total desparpajo, que el país está en contra de una Asamblea Constituyente, cuando la última encuesta del IEP muestra que el 69% de peruanos lo está, al abogado y periodista René Gastelumendi sugerir con una enorme dosis de cinismo e ignorancia interesada, que lo único que puede ofrecer una Asamblea Constituyente en nuestro país, es un papel impreso con un “idealismo tan o más imposible como el que ya está escrito.»        

Por cierto, y contrariamente a lo que afirman algunos, no todos los que estamos a favor de una Asamblea Constituyente somos comunistas, castillistas, ni menos aún terroristas, sino simplemente ciudadanos preocupados por el futuro de nuestro país. A quien escribe estas líneas le tocó dirigir, en un importante hospital del MINSA, conjuntamente con otros entregados colegas, los esfuerzos médicos por salvar la vida a nuestros hermanos más necesitados, en los peores momentos de la pandemia, y fue entonces, entre la tristeza y la rabia de ver morir a tanta gente, que pude apreciar, en toda su indigna dimensión, la injusticia consustancial de nuestro sistema político y económico. ¿Qué a la Constitución del 93 no se le puede culpar de nada? Las Constituciones no proveen directamente los bienes y servicios que necesita la sociedad, pero moldean la forma de hacerlo, las Constituciones condicionan las agendas públicas prioritarias, sus metas y las vías para alcanzarlas. No es lo mismo un Estado social de bienestar que uno neoliberal, ni es verdad que el segundo sea la única garantía de desarrollo.

Hay temas urgentes que requieren nuestra atención y demandan una amplia discusión nacional en el marco de una Asamblea Constituyente, como por ejemplo nuestro vergonzante sistema político, atomizado, inestable y con rasgos autoritarios, quizás sea el momento de considerar un régimen de Estado Parlamentarista, en donde no existirían nunca más Jefes de Gobierno sin mayorías congresales que lo respalden, ni necesidad alguna de recurrir a nebulosas “incapacidades morales” para poner fin a gobiernos disfuncionales como el de Pedro Castillo. Con una descentralización absolutamente deficiente como la que tenemos, deberíamos evaluar seriamente la conveniencia de una organización territorial de tipo federal (como la propuesta reciente de Virgilio Acuña). Al veneno del racismo rampante que se vive en nuestro país, deberíamos administrar un antídoto constitucional, introduciendo el tema de nuestras poblaciones originarias, como un asunto abiertamente político, un camino de democracia inclusiva y de construcción del Estado peruano, de esta manera, ya no habría nada que temer del cuco Evo Morales, su RUNASUR, sus ponchos rojos y sus supuestos proyectos geopolíticos. 

A pesar de las protestas y la opinión favorable de la gran mayoría de nuestros compatriotas, es casi imposible que se logre un referéndum para la convocatoria a una Asamblea Constituyente, al menos con este Gobierno y este Congreso, pero tarde o temprano habrá elecciones generales y quizás en ese momento, el electorado decida apoyar predominantemente a las opciones democráticas que defiendan tal planteamiento. Entre tanto debemos seguir argumentando a su favor, paciente y tercamente, pues tal como ha afirmado el constitucionalista Francisco Eguiguren, la Constitución del 93 “ya fue”, aunque esto le joda a don Augusto Álvarez Rodrich y a sus representados.

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