[La columna deca(n)dente] En el Perú, la política se ha convertido en un espectáculo grotesco, donde los límites de la decencia y la ética parecen haber sido abolidos. La obscenidad del poder no reside únicamente en la corrupción desenfrenada o en la legislación hecha a medida para favorecer a las organizaciones criminales; su verdadera raíz está en la falta de vergüenza con la que el Ejecutivo y el Legislativo ejercen y abusan del poder, evidenciando un desprecio absoluto por el bienestar común.
El concepto de obscenidad en política no se limita a lo sexual o vulgar. Es un exceso, una transgresión que desborda las normas democráticas y éticas que deberían guiar el ejercicio del poder. En el país, este exceso se evidencia en el abuso sistemático de las instituciones: un Congreso que legisla sin pudor alguno a favor de las economías ilegales, un Ejecutivo que navega sin rumbo, y autoridades públicas que priorizan su supervivencia política sobre cualquier agenda de desarrollo.
El poder se ejerce sin contención ni moderación. Cuando los intereses particulares superan cualquier consideración por el bien común, se traspasa una frontera moral que deja a la ciudadanía expuesta a los caprichos de las cabezas visibles de la “coalición del mal”: Keiko Fujimori, César Acuña, Rafael López, Vladimir Cerrón y José Luna, quienes gobiernan en beneficio propio y de sus allegados.
El Congreso peruano es el epítome de esta obscenidad. En lugar de legislar para atender las necesidades del país, los parlamentarios priorizan sus propios intereses y los de aquellos a quienes sirven (como mineros ilegales y organizaciones criminales, por ejemplo). Los intentos de censurar ministros o la amenaza de una eventual vacancia presidencial no buscan resolver problemas estructurales, sino negociar mayores cuotas de poder.
Lo más obsceno no es que estas prácticas existan –ningún sistema político está libre de intereses particulares–, sino la normalización de las mismas. Los escándalos ya no generan indignación, sino resignación. La ciudadanía ha sido condicionada a aceptar que la política es intrínsecamente corrupta y que no hay alternativa.
La obscenidad del poder también se manifiesta en la indiferencia hacia el sufrimiento de los más vulnerables. Mientras los partidos, integrantes de la “coalición del mal”, disputan parcelas de poder, miles de conciudadanos enfrentan una crisis económica, social y de derechos humanos sin precedentes. Las protestas de finales de 2022 y principios de 2023 dejaron claro que la distancia entre los ciudadanos y quienes gobiernan es abismal. En lugar de diálogo, la respuesta fue represión. La obscenidad del poder radica en la capacidad de ignorar este sufrimiento con total impunidad.
La política no debería ser un escenario para el espectáculo vulgar ni un vehículo para el abuso desmedido. Necesitamos líderes con sentido de responsabilidad y moderación, comprometidos a anteponer el bien común a los intereses personales o de grupo.
El país está atrapado en un discurso y práctica de poder obsceno, en el que los integrantes de la “coalición del mal” parecen competir por ver quién puede llegar más lejos en el abuso y la transgresión. Sin embargo, esta no es una condena inevitable. La ciudadanía tiene el poder de exigir un cambio, de demandar transparencia, decencia y compromiso.
El primer paso para erradicar la obscenidad del poder es devolverle su dignidad. Esto implica no solo renovar los liderazgos, sino también transformar las estructuras y prácticas que han perpetuado esta dinámica. Solo entonces podremos imaginar una política que no avergüence, sino que inspire.
