[La columna deca(n)dente] En una de las entrevistas más desafortunadas de este año, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, ha demostrado que la desconexión con la realidad nacional parece haberse convertido en el sello distintivo del gobierno de Dina Boluarte. Sus declaraciones sobre las protestas de transportistas y otros ciudadanos a nivel nacional, coincidentes con la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), no solo minimizaron un problema alarmante, sino que reflejaron la insistencia del Ejecutivo en negar la gravedad de la crisis que enfrenta el país.
Para contextualizar, los transportistas alzaron su voz en medio de una ola de criminalidad que cobra vidas de choferes y trabajadores. Sin embargo, lejos de priorizar este grave problema, Pérez Reyes se mostró más preocupado por el momento elegido para protestar, calificándolo de inoportuno por coincidir con la “fiesta” de la APEC.
Lo que resulta realmente preocupante es su intento de deslegitimar las demandas. En respuesta al periodista Martín Riepl, quien le recordó que el Perú no está precisamente de fiesta sino enfrentando una crisis de inseguridad y violencia creciente, el ministro lanzó una pregunta indignante: “¿A quiénes están matando?”. En un país donde el sicariato y la extorsión son noticias cotidianas, esta pregunta no solo es brutalmente insensible, sino que también busca minimizar los hechos.
Para el ministro, las pancartas que claman “nos están matando” son simples herramientas de una “agenda política”. Vincular reclamos legítimos con la “izquierda radical” o con fines electorales es una estrategia conocida del gobierno de Boluarte: descalificar la protesta para evitar atender sus causas. Este tipo de discurso refuerza la percepción ciudadana de que el gobierno no tiene interés en escuchar las demandas ni resolverlas.
En este contexto, el rol de la APEC merece especial atención. Este evento internacional era, para el Ejecutivo, una oportunidad de oro para proyectar al Perú como un país estable y seguro. Sin embargo, al minimizar las protestas y calificar de politizados a quienes las impulsan, el ministro Pérez deja entrever un problema mayor: la prioridad del gobierno no es resolver las crisis internas, sino proyectar una fachada de normalidad hacia el exterior.
Este intento por “normalizar” la situación interna se alinea con un patrón observado desde diciembre de 2022, cuando la represión gubernamental dejó 49 muertos en el contexto de las manifestaciones. Las voces que exigen justicia para las víctimas han sido etiquetadas como oportunistas e interesadas, perpetuando un discurso que intenta invisibilizar tales crímenes. Es evidente que el Ejecutivo busca mantener un discurso donde el orden se impone frente al caos, pero lo hace a un costo altísimo: la erosión de la confianza y el respaldo ciudadano.
En política, las palabras importan, y las del ministro Pérez Reyes no han hecho más que ahondar el malestar general. Su metáfora de la “fiesta” trivializa el descontento social. Su pregunta sobre las víctimas no solo constituye una falta de respeto, sino también una negación de la realidad que viven miles de compatriotas. Y su insistencia en deslegitimar las protestas evidencia un gobierno que interpreta las críticas como una amenaza.
El país no necesita ministros que minimicen los problemas ni discursos que maquillen la realidad. Necesita que el gobierno de Boluarte escuche, actúe y priorice la vida de sus ciudadanos por encima de todo. Porque, a diferencia de lo que piensa el ministro, el Perú no está en una fiesta. Está de duelo.
