[La columna deca(n)dente] El gobierno de Dina Boluarte y el Congreso han adoptado una estrategia que encarna lo que muchos llaman “dictadura constitucional”: una manipulación de la legalidad y de las instituciones democráticas para consolidar el poder y restringir derechos sin recurrir a un régimen autoritario formal. Este esquema permite mantener una fachada de legalidad mientras se restringen libertades y se incrementa la represión. Un ejemplo reciente es la propuesta del Ejecutivo de trasladar los juicios de policías y militares a tribunales castrenses, una medida que elimina la rendición de cuentas ante la justicia civil y revive prácticas de los años de Fujimori, cuando la impunidad y la represión eran empleadas para silenciar las voces críticas.
Este uso retórico de la ley y la seguridad, que convierte al Ejecutivo en árbitro de lo aceptable en términos de protesta y crítica, deja a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad. Los líderes autoritarios apelan al “orden” para criminalizar las movilizaciones y restringir derechos en nombre de la estabilidad. En el caso de Boluarte, esto se ha traducido en una creciente militarización de la vida pública y en un gobierno que percibe a los ciudadanos críticos como potenciales “enemigos” o “traidores a la patria”. Esta situación sienta un precedente peligroso, transformando la Constitución y las instituciones, que deberían proteger los derechos fundamentales, en herramientas de represión.
El Congreso, lejos de cumplir su función de contrapeso al Ejecutivo, se ha convertido en un aliado en la consolidación de medidas autoritarias. Esta alianza desdibuja los límites entre legalidad y autoritarismo y expone una estrategia de control desde el Legislativo. Con leyes que favorecen intereses particulares y, en muchos casos, a organizaciones criminales, el Congreso detenta el poder real, manipulando la ley para su propio beneficio y subordinando al Ejecutivo a su agenda.
El respaldo de partidos como Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Alianza Para el Progreso (César Acuña), Perú Libre (Vladimir Cerròn), Podemos (José Luna), entre otros, mantiene a Dina Boluarte en el cargo solo de manera temporal. Esta coalición de fuerzas en el Congreso no está motivada por el bien del país, sino por la intención de prolongar el statu quo hasta que Boluarte convoque a elecciones, momento en el cual podría ser descartada. Así, el Congreso asegura su influencia, mientras el Ejecutivo queda como una pieza desechable, removible una vez que deje de ser útil.
Ante esta situación, ciudadanos y partidos democráticos tienen la responsabilidad de defender la democracia y los derechos fundamentales. La ciudadanía debe movilizarse y organizarse, exigiendo transparencia y respeto por las libertades individuales, tanto en espacios públicos como en redes sociales. Las organizaciones sociales pueden jugar un papel clave, denunciando estos abusos y promoviendo una participación política activa. Por su parte, los partidos democráticos deben alzar la voz y promover acciones concretas para frenar la coalición autoritaria, actuando con firmeza para crear un frente común en defensa de la democracia.
