Le preguntaba lo de Fujimori porque, durante su gobierno, el estimado del costo medio anual de corrupción fue entre 14 mil y 20 mil millones de dólares anuales. Es una cifra bastante alta. 

Si tú quieres decir que para ti es más corrupto, está bien. Para mí, igual es corrupto y yo estoy en contra de la corrupción, se llame Fujimori, se llame lo que sea. Mi visión de Fujimori, de todas formas, está en un artículo de hace 19 años. 

Este año que ha pasado ha estado marcado de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ¿Cómo ve dicho vínculo en el año que viene? 

Lo que hay es un enfrentamiento de poderes, porque tienes un Ejecutivo que tiene mentalidad criminal y tienes un Poder Legislativo que está tratando de fiscalizar y hacer control político. Y eso implica una tensión. Y el Ejecutivo ha puesto ministros como Anibal Torres, que son totalmente confrontacionales.

En la medida que no haya un cambio de gobierno, yo creo que la tensión va a seguir. La justicia está haciendo su papel, lo que es muy bueno. Desafortunadamente, el gobierno tiene mecanismos para complicar que la justicia siga su rumbo, como en el caso del viceministerio del interior. 

No cabe duda que en el Ejecutivo hay irregularidades…

Y si quieres que compense diciendo que el Congreso es un desastre: el Congreso es un desastre. 

¿Entonces, hay alguna autocrítica al Congreso como oposición?

Por supuesto. Yo creo que en el Congreso priman los intereses privados, particulares y los intereses del país se dejan de lado. Es una institución profundamente antidemocrática: la propia elección de la Mesa Directiva no ha sido resultado de una competencia de candidatos que mostraban planes para manejar el Congreso. No hubo eso, solo la fuerza bruta por el voto de las bancadas. 

¿Y cómo se puede cambiar esta situación? 

Necesitamos una reforma política radical, tener verdaderos políticos que representen a alguien y no solamente a los intereses particulares de los dueños. Pero es un proceso, no podemos pretender que de la noche a la mañana un país que tiene un profundo sentimiento autoritario se vuelva democrático. Hay que tener paciencia. 

¿Y a corto plazo no hay nada que pueda ayudar?

Yo lo único que creo que se puede hacer a corto plazo es una iniciativa que por parte del Congreso con una vacancia efectiva y el lanzamiento de un proceso electoral general, de modo que el país pueda darse una nueva oportunidad y reflexionar de todo lo que ha estado mal. Castillo es producto de una política que ha ignorado a grandes sectores de la población. Tenemos deudas históricas con varios sectores, como la Amazonia o el sur del país.

¿Su salida de la bancada de Podemos puede ser también consecuencia de esa fragilidad de los partidos políticos que ha mencionado? 

No, fue consecuencia de que no he sido miembro del partido, fui invitado de último momento casi. La tarea que yo acepté fue la de armar el plan de gobierno. Habían dicho que iban a ser una oposición de centro, pero empecé a notar que mi voto se iba por un lado y los de ellos por otro. Y luego salió un informe de “Panorama” que muestra a uno de los integrantes de Podemos teniendo una relación demasiado cercana con el exministro Silva. Yo pedí explicaciones. Pasaron dos, tres días y no me respondieron. Ahí me salí.

¿Ha pensado en unirse a otra bancada?

A ninguna de las existentes, no. Solamente formaría parte de una bancada que no tenga relación con los partidos, que sea gente decente. Solo si es que hay algún congresista que tiene una visión no ideológica, sino pragmática, que es lo que necesitamos hoy en día. Nunca he tenido una posición de oposición por oposición mismo. Yo me opongo a las malas ideas y a los malos actos. Si es que no, mejor solo que mal acompañado. 

¿Y otros congresistas si tienen la visión de oposición por oposición? 

Sí, es una visión ideológica. Como también hay los que no quieren ver absolutamente nada y dicen que al pobrecito de Castillo le pusieron a Bruno Pacheco, que fue la derecha.

 

Entonces prefiere quedarse como no agrupado ya que no comparte con ninguno de esos dos ejemplos.

Sí. Aunque igual me molesta muchísimo no participar en las comisiones donde considero que puedo aportar, me molesta no tener una asignación de tiempo en el Pleno que me corresponda como congresista. Son cosas que voy a insistir en que cambien.

 

**Fotoportada: Darlen Leonardo

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Carlos Anderson, Gobierno, Pedro Casrtillo

DEFENSA DE SUNEDU

La desobediencia del Congreso era predecible para algunos de los demandantes, como el grupo de profesores de Derecho de la PUCP que se adhirieron a la demanda de amparo en mayo. De hecho, Luciano López, parte de este grupo, presentó dos solicitudes a la jueza Grajeda horas después de que fallara a favor de la Sunedu. López le pedía agregar en la sentencia que, en caso el Congreso insistiera con promulgar la ley -como terminó ocurriendo- esta no pueda surtir efecto. Anoche, esta solicitud fue aprobada por la jueza.

“Sabíamos que era una amenaza potencial que el Congreso pueda promulgar la ley [a pesar del fallo]. Si eso sucedía, debíamos buscar que no sea aplicable a la Sunedu. Al aprobarse nuestro pedido, la entidad no está obligada a aceptar ningún nombramiento de representantes ni cumplir ninguna de las normas modificadas», relata López. Dicha solicitud también había sido hecha por la Sunedu al momento de presentar el recurso.

Arriba: parte del petitorio de febrero donde el procurador de la Sunedu pide la inaplicación de la norma. Abajo: pedido de inaplicación que hizo Luciano López horas después de la sentencia.

Desde las curules que defienden la reforma, además, anuncian algunas acciones. Flor Pablo (Partido Morado) asegura, por ejemplo, que en el Pleno de la siguiente semana -donde se instalará la nueva Mesa Directiva- empezarán con la recolección de firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley. Esta medida ya estaba en los planes del Bloque Parlamentario Pro Reforma Universitaria desde mayo, pero recién se va a concretar debido a su promulgación. Necesitan 33 firmas del hemiciclo para que proceda esta acción. Pablo espera contar con, al menos, los 25 miembros del Bloque.

La decisión judicial de este caso no tenía precedentes, de acuerdo a los abogados consultados por Sudaca, pues lograba frenar un proyecto de ley por atentar contra derechos fundamentales. Pero si el fallo era inédito, no lo es la actitud del Congreso de arremeter contra lo que signifique un obstáculo a sus intereses. Esto es visto como un atentado al equilibrio de poderes.

“El proyecto de ley era una coartada. Lo de ‘restablecer la autonomía’ era una frase que suena bien en algunos sectores, pero la discusión de la autonomía ya se zanjó en el 2015; no con la opinión de alguien, sino con una sentencia del Tribunal Constitucional”, considera Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior, una organización sin fines de lucro. 

“Esto nos muestra la clase de congresistas que tenemos: gente que no cree en el estado constitucional, que no cree en el equilibrio de poderes”, detalla Luciano López.

Paralelamente a esta desobediencia, el Congreso también ha optado por la vía legal para revertir el fallo de la jueza: anoche la parte demandada presentó un recurso de apelación, según la consulta de expedientes del Poder Judicial.

Intentamos comunicarnos con Lady Camones, vicepresidenta del Congreso que firmó la promulgación de la ley. También con Esdras Medina, Martha Moyano y Patricia Juárez, congresistas que apoyaron el proyecto pese a los reparos del Poder Judicial. Al cierre de este informe, no obtuvimos respuesta por parte de ninguno de ellos. De lo que no hay duda es que la vieja ANR vuelve a sonreír.

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Congreso, reforma universitaria, SUNEDU

Otra vez los fondos de pensiones

Los proyectos de ley que han buscado el retiro de fondos de la AFP han sido frecuentes en los últimos meses. La necesidad económica de un sector de la población, agudizada sobre todo por la pandemia, se suma a la mala fama que se han ganado las cuatro empresas encargadas de la gestión de fondos privados. El caso más reciente es del proyecto de ley 2065, de Luis Kamiche, congresista de la nueva bancada Perú Democrático (la cual congrega a disidentes de Perú Libre, Acción Popular y Renovación Popular). 

En mayo de este año, Kamiche propuso que los aportantes y exaportantes de las AFP que tengan más de 40 años puedan retirar el 100% de sus fondos del sistema de pensiones. Esta medida desnaturaliza el fin de las pensiones (el cual es generar ahorro para que el aportante pueda tener ciertos ingresos luego de su jubilación) y, además, tiene un alto riesgo de generar gastos futuros al Estado, de acuerdo con un nuevo pronunciamiento de la SBS. 

En un oficio enviado a la presidenta Silvia Monteza, la superintendencia enfatiza que esta medida contraviene tres artículos de la Constitución y añade que dejaría “a más personas sin recursos suficientes para su vejez”, lo que ocasionaría que el Estado utilice mayores recursos para su protección futura.

Informe SBS
Parte de las conclusiones del informe de la SBS, donde muestra su desacuerdo con el proyecto de ley del retiro de 100% de fondos de la AFP

“Si es que el proyecto se aprueba, habría un grupo de peruanos sin una jubilación digna que terminarán siendo una carga estatal. Se termina incrementando la cartera de beneficiarios de programas sociales (como Pensión 65) u otros programas complementarios. Hay una responsabilidad del Estado también en cuidar el tema de las jubilaciones”, considera Nicolás Fuentes.

Los especialistas consultados coinciden en que el sistema de las AFP ha presentado grandes falencias y que debe reformarse lo antes que se pueda. Incluso esto ha sido reconocido por Aldo Ferrini, cabeza de AFP Integra. Sin embargo, los entrevistados consideran que la propuesta del parlamentario no ataca a ese punto (por más que lo usa como fundamento) y carece de sustento.

Por ejemplo, en el análisis costo-beneficio del proyecto, Kamiche asegura que la iniciativa no causará “costo alguno al Estado ni vulnera principios, disposiciones o políticas de disciplina fiscal y presupuestaria”, por más que la SBS y el economista Nicolás Fuentes señalan totalmente lo contrario.

“Si no pueden prever un simple impacto fiscal como que a futuro un grupo no va a tener una jubilación decente y va a pasar a ser carga estatal a través de los programas sociales, dejan mucho que desear de los proyectos de ley que se generan”, considera Fuentes. 

Cabe resaltar que este proyecto aún no ha sido revisado por esta comisión de Economía porque faltaban opiniones, según la presidenta Monteza. Tendrá que ser debatido en la próxima legislatura.

“No hay discusión en la Comisión” 

Las críticas a estos tres proyectos de ley tienen el mismo punto de partida: hay carencia de sustento técnico en algunos (o muchos) de sus puntos. Cabe resaltar que la Comisión de Economía no formó un Consejo Consultivo (expertos que, ad honorem, son invitados a las sesiones para que den su punto de vista de las propuestas), por más que tenían la posibilidad de hacerlo.

“Cuando se instaló la comisión, se pensó hacer y se hizo algunas consultas, pero fue imposible porque cada bancada quería poner a ciertos profesionales y, sobre todo, en Perú Libre no estaban de acuerdo con algunas propuestas”, revela Silvia Monteza, la presidenta de la comisión. 

El congresista Carlos Anderson, que integra la comisión, considera que es importante que haya un grupo permanente de expertos “para que no haya el tipo de propuestas que a veces uno ve ahí en la Comisión de Economía, que no tienen ni pies ni cabeza, que pueden responder a un buen sentimiento, pero que se chocan con la realidad”.

Monteza y Anderson
Izquierda: Silvia Monteza, presidenta de la comisión de Economía. Derecha: Carlos Anderson, secretario de la comisión de Economía. (fotos: Agencia Andina)

Anderson también asegura que no hay mayor debate o discusión dentro de la Comisión y que muchas veces se vota por inercia. La presidenta, por su lado, sí considera que han logrado avanzar pese a todos los obstáculos. “Si no, no hubieras podido sacar AFP, Fonavi”, se defiende Monteza. 

Intentamos comunicarnos con Hernando Guerra García y Luis Kamiche, autores de dos proyectos de ley que han sido mencionados en este reportaje. Queríamos consignar sus opiniones respecto a los cuestionamientos planteados. No obstante, al cierre de este reportaje, no obtuvimos respuestas de ellos.

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Congreso, Gobierno, Pedro Castillo

La inscripción vigente

En el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no figura ningún cambio respecto a la situación de Parra en Podemos Perú. Su militancia se mantiene activa, de acuerdo al padrón de afiliados y a la consulta en el Registro de Organizaciones Políticas. 

 

Consulta de afiliación de Parra en el ROP
Consulta de afiliación de Parra en el ROP

 

Con respecto a su candidatura, tampoco hay cambios. Los únicos expedientes que figuran en el JNE contra su lista consisten en observaciones formales de otros temas que ya han sido subsanadas. La única forma de que esto entre en concordancia con un supuesto retiro del candidato por parte de Podemos Perú es que el caso haya permanecido estancado en el Jurado Electoral Especial – Lima Sur 1, algo poco probable y que en todo caso no ha sido informado por el partido. Consultado por Sudaca, el personal de prensa del Podemos Perú dijo que no sabía si se han tomado las medidas anunciadas o si se ha iniciado un proceso disciplinario contra él. 

 

Según el calendario de los comicios municipales, los partidos solo tienen hasta el 3 de agosto para poder presentar retiros de candidaturas o exclusiones de candidatos. Los aspirantes que sobrevivan hasta esa fecha quedan oficialmente en carrera, y Roger Parra parece encaminado a esa situación. 

 

Sudaca se comunicó con la encargada de manejar las redes sociales de Parra. Cuando le pedimos que nos permita consultarle sobre este tema directamente al candidato, dejó de responder. También nos comunicamos con el asesor de prensa de Daniel Urresti, quien solamente nos remitió el comunicado de José Luna Gálvez del 19 de junio, en el cual se deslinda de las acusaciones de “Punto Final” y pide que se investigue el hecho. 

Imagen 6 - comunicado Podemos
Comunicado de José Luna publicado el mismo día del reportaje de “Punto Final”

 

Más allá de los deslindes, tuits y comunicados, en la práctica Parra sigue siendo militantes y candidato por Podemos Perú. Y sigue haciendo campaña también por Urresti, aunque este evite nombrarlo cuando pasa por San Juan de Miraflores.

 

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

 

 



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Daniel Urresti, elecciones municipales 2022

La Sunedu tampoco puede retirar o anular los grados académicos a la pareja presidencial, pues eso no figura entre sus atribuciones. El 28 de junio, la parlamentaria fujimorista Tania Ramirez –quien, por cierto, también fue acusada de plagio, en mayo pasado– envió un oficio a esta Superintendencia, donde solicitaba la cancelación de los grados de Castillo y Paredes, y que se inicie un proceso administrativo a la UCV. Incluso, con respecto a la casa de estudios, sugirió que “se impongan las sanciones prescritas en el artículo 20º y 21º del Decreto Supremo Nº 005-2019-MINEDU”. Estas sanciones podrían llegar, eventualmente, a la cancelación de la licencia de la universidad.

Tania Ramirez y la Sunedu
Tania Ramirez ha solicitado a la Sunedu que tome medidas ante este caso. A finales de mayo, ella también fue acusada de plagio en la UCV. (foto: Congreso).

“La inscripción del título en el registro de la Sunedu es simplemente declarativa, para que la información sea accesible. Las universidades son las que tienen que declarar la nulidad de un título que han emitido, dentro del plazo previsto por la ley. Lo que sí podría hacer la Sunedu es evaluar qué acciones ha tomado la universidad”, aclara Daniel Navarro, de la Sunedu. En caso se detecten incumplimientos a las obligaciones, agrega, pueden proceder con las sanciones referidas por la parlamentaria Ramírez. Según otras fuentes de la Sunedu, actualmente esta entidad está analizando la documentación que ha remitido la UCV.

 

 

 

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Lilia Paredes, Pedro Castillo, ucv

EL ORGULLO POR LOS SUELOS

Del lado progresista del espectro político le cayeron duras críticas a la empresa y su matriz. Se le acusó de ‘doble moral’, pues Intercorp no solo enarbola los colores LGTBIQ+ en el mes del orgullo; el año pasado se proclamó orgulloso “de estar entre los mejores espacios laborales para el talento LGBTIQ+”. Así lo puso en una nota de prensa.

La controversia en torno al cariñoso beso de pico de Lightyear ha puesto en entredicho esta orgullosa afirmación. “Intercorp está aprovechándose de las buenas prácticas de algunas de sus empresas y quiere generalizarlas, para dar la imagen de que todo el grupo tiene políticas de inclusión. Pero no necesariamente es así”, opina Alex Hernández, psicóloga y presidenta del colectivo Más Igualdad. Y, en efecto, al leer detenidamente la nota de prensa, se puede ver que en verdad Intercorp hace referencia a un reconocimiento que obtuvieron solo ocho de sus empresas, como Interbank, UTP o Real Plaza. Cineplanet no se encontraba dentro de la lista, y esta controversia da algunas pistas del porqué.

Nota de prensa de Intercorp de 2021, en la cual manifiestan sentirse “orgullosos de estar entre los mejores espacios laborales para el talento LGBTIQ+"
Nota de prensa de Intercorp de 2021, en la cual manifiestan sentirse “orgullosos de estar entre los mejores espacios laborales para el talento LGBTIQ+»

“Si es que hubiera habido una indicación mayor del grupo [Intercorp], en la cual digan que todas las empresas deben adoptar esa línea, a ningún directivo de Cineplanet se le hubiera ocurrido jamás hacer algo así. El término ‘ideología de género’ es un término politizado, que estigmatiza”, agrega Hernández. 

Las cabezas de Cineplanet recién actuaron horas después, cuando retiraron estos avisos y lanzaron su comunicado, en el que lamentan lo ocurrido. Aseguran haber actuado “apenas lo identificamos”, una línea que sugiere que esta fue una acción aislada, no autorizada por los altos mandos.

En redes sociales, las críticas apuntaron al director comercial de Cineplanet, Juan José Duffoo. Según capturas de pantalla obtenidas por el periodista Jonathan Castro, este directivo compartía publicaciones relacionadas a la teoría del fraude electoral de 2021 y burlas al lenguaje inclusivo. En sus publicaciones usaba términos como “cojudignos” para referirse a los que votaron distinto a él. Ante la avalancha mediática, Duffoo cerró sus redes sociales. 

Juan José Duffoo
Una de las publicaciones de Juan José Duffoo, donde se burla del lenguaje inclusivo.

“Es necesario que revisen las actitudes que tienen las personas clave en sus empresas. Es importante que en este tipo de grupos empresariales, las políticas sean transversales y no solamente prácticas que se manejan en algunas de sus marcas”, considera Alex Hernández. Días después del episodio se sigue hablando de Lightyear y su ‘polémico’ beso. Con el paso de las semanas, veremos si este incidente del viernes pasado implica un cambio mayor en Cineplanet o si queda como una anécdota más para las cabezas de la empresa.

 

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Cine, Intercorp, LGBT

INVESTIGADA

Otro nombre que resalta en la lista es el de Maria Payet Bedoya, nieta del fundador del PPC y actual regidora de Lima por ese partido. En 2019, Payet presidió la comisión que investigaba las concesiones de la Línea Amarilla y de Rutas de Lima, que habían hecho las gestiones de Luis Castañeda y Susana Villarán. Los casos se vienen ventilando en el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía. “No hallaron nada. Esa comisión, prácticamente, ha sido un cero a la izquierda”, asegura el regidor Víctor Aguilar, de Podemos Perú.

3. Maria Payet PPC
Maria Payet Bedoya fue elegida como regidora este periodo con el PPC. Ahora va con Renovación Popular (foto: Facebook)

En las conclusiones del informe final, por ejemplo, la comisión atribuyó la responsabilidad en el caso de Línea Amarilla solo a los exalcaldes, cuando hay más personas involucradas. Vale la pena recordar que un ferviente defensor de la concesión de la Línea Amarilla a favor de la empresa brasileña OAS fue el mismísimo López Aliaga, cuando era regidor de Lima. De acuerdo a un acta de sesión de Concejo de junio de 2009, cinco meses antes de que se firmara el contrato, este insistió en lo beneficioso que sería que esta empresa contrate con la Municipalidad: “es una muestra de confianza muy grande a nuestro país. Estamos hablando de inversiones con recuperación de la inversión de capital al año 7-20, sin garantías auxiliares”, sostuvo en su intervención, convencido de que la actitud de la empresa era desinteresada. “Parece un trabajo honesto”, añadió.

Paradójicamente, la regidora Payet no solo siguió el caso Lava Jato desde la municipalidad; también está siendo investigada dentro del mismo. Desde hace tres meses, la Fiscalía la ha incluido en la investigación preliminar por el caso del proyecto Olmos, junto a más exfuncionarios como Yehude Simon. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, ella fue asesora legal en Proinversión, el organismo adscrito al MEF que evaluó y licitó los proyectos investigados. 

“Han incluido a la mayoría de gente que ha trabajado en proyectos que ganaron estas empresas constructoras. Yo no era una persona importante, era una asesora legal más, solamente recomendaba. Si alguien ha tenido que ver, ha tenido que ser de un nivel más alto, como el presidente”, se defiende Payet cuando le consultamos por este tema.

‘LA RESISTENCIA’

Más allá de los líos judiciales y extrajudiciales, la lista de aspirantes a regidores está marcada por el ADN conservador del líder del partido. Hasta el extremo de simpatizar con grupos violentistas. La número 12 de la lista, Ahura Rocha Salazar, por ejemplo, quien fue regidora en 2003 por Solidaridad Nacional. Ella ha compartido en sus redes sociales los plantones y marchas protagonizadas por el violento grupo ‘La Resistencia’.

4. La resistencia
Una de las publicaciones compartidas por la candidata Rocha simpatizando con La Resistencia

Giuliana Calambrogio Correa, número 14 de la lista, es otra ardorosa defensora de posiciones ultraconservadoras. En sus redes sociales ha llegado a referirse sobre una mujer trans como “un hombre disfrazado y confundido” y ha compartido fake news, como la historia de un supuesto restaurante que ofrece en su menú embriones humanos. Ella ha sido vocera del colectivo ‘Padres en Acción’, presidenta de la ‘Asociación Peruana de Familias Numerosas’ e integrante del colectivo ‘Peruanos por la igualdad’, que se opone a la implementación del enfoque de género en la currícula escolar.

5. Calambrogio
Dos tuits de Calambrogio en los que insiste que las personas trans son personas con ‘disforia de género

Estos son algunos de los nombres que integran la lista de Renovación Popular rumbo a los comicios municipales de este año. A juzgar por esta lista, la renovación es solo de nombre.

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elecciones municipales, Rafael Lopez Aliaga

INVESTIGACIÓN ESTANCADA

La llegada de esta planta de oxígeno en abril de 2021 coincidió con el pico más alto de la segunda ola en Tumbes. Según los datos abiertos del Minsa, la región tuvo 214 muertes por COVID-19 ese mes, una cifra que sólo había sido superada en junio de 2020. Si bien en los meses siguientes la tendencia iría bajando, la situación seguía siendo crítica. 

“Yo soy presidente de la Comisión de Desarrollo Social. Y por ese entonces, la gente nos llamaba por necesidad de oxígeno”, recuerda el consejero Espinoza. “Cuando íbamos al hospital, nos decían “Consejero, consejero, no hay oxígeno”, agrega.

Bienvenido Ramirez, excongresista fujimorista y médico en el Hospital Regional, también relata una situación similar. “En la primera y segunda ola nos faltó el oxígeno. Mucha gente se moría por eso. Cuando le decíamos que no teníamos oxígeno a los familiares, salían corriendo a otras regiones o hasta a Ecuador, y traían los balones, con riesgo”, asegura Ramírez. Toda la tragedia se centraba en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría, donde se encontraba la planta de oxígeno inoperativa.

Este caso y el detalle de la responsabilidad del actual ministro Barranzuela se encuentran en el informe final de una comisión investigadora. Esta se encargó de indagar el mal manejo de la pandemia en Ucayali, Tumbes y Apurímac durante junio de 2021. El 9 de julio, enviaron el documento con sus hallazgos y recomendaciones a la presidenta del Congreso Mirtha Vásquez.

Sudaca se contactó con el excongresista Walter Rivera, quien presidió esta comisión investigadora. Rivera confirmó que el informe final había sido entregado de manera oportuna, pero que continúa como “reservado” porque no se pudo agendar para exponerlo en el hemiciclo. Fuentes del Congreso sostienen que el caso se encuentra en la caja fuerte de la Oficialía Mayor. 

En este nuevo periodo parlamentario, Kira Alcarraz es la que preside la comisión que investiga el manejo del COVID-19 en todas las regiones. Ella tiene la posibilidad de solicitar el informe. Este jueves, un trabajador de su despacho confirmó que ya lo había hecho. Según la congresista, estas semanas la comisión ha estado siguiendo un caso de Arequipa y recién en junio tocará Tumbes y Ucayali. Por el momento, la investigación hecha hace un año sigue estancada y con los detalles en reserva.

Nos comunicamos con el ministro Barranzuela a través de su equipo de prensa, pero al cierre de esta edición no respondió.

 

FOTOCOMPOSICIÓN: Darlen Leonardo.

 

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Juan Barranzuela, MTC, Pedro Castillo

EL PUNTO DE QUIEBRE

Actualmente, cuando uno entra al Facebook de Luxury Capital, la empresa asegura que sólo brinda información financiera. “¡NO ACEPTAMOS CAPITAL DE NINGÚN TIPO!”, resalta enfáticamente su descripción. La última fecha que aceptaron dinero del público fue el 28 de diciembre de 2021. Sudaca tuvo acceso a siete contratos firmados esa misma fecha, en los cuales la inversión total suma casi US$62,000. Pocos días después, la empresa empezaría a dar los primeros signos de alarma. 

El nuevo Luxury
Una publicación del viernes pasado de Luxury. Irónicamente, ahora se dedican a dar consejos financieros.

Aquel diciembre, por ejemplo, ya habían surgido problemas con los acuerdos entre la empresa y los aportantes. «En mi contrato, había cosas incongruentes: decía mi nombre, pero aparecía otro porcentaje diferente al pactado. Decía que había contratado el plan de seis meses cuando yo había elegido el de un año. Les hice saber eso, pero no me respondieron”, recuerda Antonio Gallegos, que invirtió US$3,500 y asegura no haber recibido nada.

El 4 de enero de 2022, la empresa avisó en el chat de WhatsApp de sus usuarios que no estaban aceptando más inversiones porque “todo el personal está con la tarea de los nuevos contratos”. Y el 7 de enero, lanzaron una justificación para el retraso de los pagos y cambiaron de discurso: anunciaron que, debido a una supuesta fiscalización por parte de la Sunat que los obligaba a regularizar documentos, no iban a poder retirar el dinero del broker que usaban. Se referían, con esto último, a la intermediaria que operaba en el mercado financiero internacional, la que ponía afuera las inversiones de los afectados.

El escepticismo ya se notaba en algunos inversores, que sospechaban que las excusas eran falsas. Otros pedían paciencia, ya que la empresa había dado una fecha para el pago pendiente: el 28 de enero. Cuando llegó ese día, sin embargo, no pagaron.

Algunos de los afectados ya habían creado un grupo de WhatsApp paralelo donde coordinaban qué acciones tomar ante la demora. En el grupo oficial, mientras tanto, Carlos Dávalos, el gerente general, afirmaba que el dinero aún no llegaba a la cuenta empresarial.

El gerente de Luxury adjuntó tres videos cortos filmados por él mismo en un banco. En la imágenes, se le oye preguntarle a una trabajadora de la entidad financiera por qué no llegan las transacciones a la cuenta de su empresa. En ningún momento se muestra que le den alguna respuesta a su consulta.

En ese mismo chat, Dávalos prometió crear una nueva cuenta bancaria para solucionar el problema, aseguró que la empresa no iba a desaparecer y que iba a haber más comunicación que nunca. Pero esto último no se cumplió. Los usuarios empezaron a reclamar por el grupo de WhatsApp que Luxury no respondía las llamadas ni los mensajes.

Al día siguiente, el 29 de enero, el número de atención al cliente de Luxury mandó otro mensaje al grupo de WhatsApp, donde amenazaba con una contrademanda a quienes quieran denunciar a la empresa penalmente, una idea que ya había sido sugerida por un usuario semanas antes. “Así mismo, desde este momento, cualquier comentario fuera de lugar por este grupo será reportado y se procederá a eliminar del grupo”, asegura el mensaje.

La semana siguiente, en medio de reclamos cada vez más intensos, Luxury afirmó que la devolución del dinero empezaría el 7 de mayo y que penalizarán a “las personas que hayan venido compartiendo comentarios o adjetivos mal intencionados”. También anunciaron que ya habían creado la nueva cuenta bancaria y adjuntó una grabación para mostrarles las primeras operaciones que estaban haciendo: la mayoría eran transacciones de montos pequeños que no pasaban los US$100 ni se acercaban a la suma depositada por los inversores.

“Este es un proceso que llevará [el] tiempo indicado [hasta el 7 de mayo], por lo que les pido me dejen hacer lo que mejor hago”, agregó el gerente en su mensaje.

En marzo no hubo mayores noticias de los pagos y, para fines de abril, Dávalos señaló en el chat de los inversores que la devolución ya no se iba a dar en la fecha acordada. Dijo que había abierto un nuevo servicio para que puedan invertir con “100% control de su dinero”. Se trataba de un intento de enmienda insólito, considerando todos los pedidos de devolución o de, al menos, hacer un Zoom informativo durante el 2022.

Ese día, Dávalos también restringió la opción de que los demás puedan mandar mensajes en el grupo de WhatsApp. “Este grupo va a pasar a ser un grupo simplemente informativo, sólo se va a envíar las últimas actualizaciones del servicio para evitar distracciones con comentarios malintencionados”, sentenció a modo de posdata.

Mensaje wsp abril
El mensaje del 27 de abril de Dávalos. Ese día, restringió a los inversores de mandar mensajes.

Hasta el día de hoy, los inversores no han recibido las devoluciones de lo que invirtieron, pese a que muchos de ellos ya mandaron su resolución de contrato a Luxury. Carlos Dávalos se animó finalmente a hacer un Zoom el 12 de mayo. Pero lo que dijo en la reunión dejó mucho que desear.

“Estuve en el Zoom hasta media hora antes de que terminara. Básicamente, Dávalos explicó que todo el dinero se perdió porque el petróleo está de bajada. Nos hizo ver las transacciones que había hecho con cantidades menores el 22 de marzo. Le pedíamos que nos deje ver las de los meses anteriores, pero no lo hizo. También nos desactivó el audio”, recuerda Alan Sedano, uno de los inversores que estuvo en esa reunión. Como dato adicional, Alan comenta que para poder invertir US$3,250 en Luxury, se hizo de un préstamo.  

Sudaca se comunicó con Carlos Dávalos, quien sólo atinó a comentar por un mensaje: “Todo respecto a ese tema lo compartí con los inversionistas mediante un Zoom. Ahora nos encontramos mediante un sistema de devolución que también vengo compartiéndolo mediante el mismo grupo”.

 

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Banca, Financieras, SBS
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