[INFORME] Durante su paso por la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga no sólo contrató a un abogado que era apoderado de su empresa para que se encargue de su defensa legal. El líder de Renovación Popular le consiguió varias órdenes de servicio por las que ha recibido más de ciento sesenta y cinco mil soles desde 2023.
Una decisión por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acaba de sorprender al exburgomaestre Rafael López Aliaga al abrirle la puerta para participar en las elecciones municipales de este año y, con ello, tener más chances de mantener a la Municipalidad de Lima bajo el control de Renovación Popular. Esto pese a que en las próximas semanas le correspondía asumir el cargo de senador.
Aunque miles de peruanos le dieron sus votos, el empresario y líder del partido celeste se rehusó a cumplir con este deber alegando que esta postura sería una forma de protestar contra un supuesto fraude en la primera vuelta. Sin embargo, podrían existir otras motivaciones que López Aliaga intentaría ocultar detrás de lo que pretende mostrar como un cuestionamiento a las autoridades electorales.
Si bien el cargo de senador trae consigo numerosos privilegios, estar en el sillón municipal habilita una capacidad de gasto considerable que le permitiría a Rafael López Aliaga utilizar el presupuesto de Lima para contratar a varios de sus conocidos, como ha ocurrido en varias oportunidades durante los años que fue alcalde de Lima. Esta vez, Sudaca pudo encontrar otro caso de un personaje del entorno del exalcalde que pasó a recibir un generoso salario en la Municipalidad de Lima.
LLEGÓ Y NUNCA MÁS SE FUE
En 2023, mientras transcurría el primer año de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima, el fundador del partido Renovación Popular se encontró en el centro de una investigación preliminar dispuesta por el Primer Despacho Provincial Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima.
La reacción inmediata del entonces burgomaestre fue solicitar que la Municipalidad de Lima se haga cargo de su defensa legal y para ello se llevó a cabo un proceso de contratación directa que culminó con la buena pro en favor del abogado Nazim Javier Alarcón Prieto, quien recibiría un pago de cuarenta y ocho mil soles a pedido de quien por aquel entonces estaba en la alcaldía.
Pero la fortuna le volvería a sonreír al letrado elegido por López Aliaga. A pocos meses de firmar los documentos que le permitirían ganar cuarenta y ocho mil soles, los apellidos Alarcón Prieto volverían a sonar en los pasillos de la Municipalidad de Lima. Sorprendentemente, entre los muchos abogados disponibles en la capital, el municipio decidió que la mejor opción para encargarle un servicio de revisión de antecedentes, análisis y evaluación de expedientes de denuncias era Nazim Alarcón, el conocido del alcalde.
Los contratos para el abogado del alcalde López Aliaga, que rondaban cifras cercanas a los treinta mil soles, continuarían en los meses siguientes e incluso unas de sus órdenes de servicio se emitió a pocos días de la renuncia del fundador de Renovación Popular a la alcaldía de Lima.
Con la llegada de Renzo Reggiardo a la alcaldía la situación del abogado Alarcón no iba a cambiar. El exteniente alcalde de Rafael López Aliaga no se animaría a quitarle este generoso salario a un conocido del líder de su partido y las órdenes de servicio a nombre de Nazim Alarcón continuaron, como se puede ver en la siguiente imagen que corresponde al mes de enero del presente año cuando el municipio estaba bajo las órdenes de Reggiardo Barreto.
Sudaca pudo revisar la información disponible en el portal de Transparencia Económica y encontró que Nazim Javier Alarcón Prieto, un abogado que tenía nula experiencia en la Municipalidad Metropolitana de Lima ni en ningún otro municipio, facturó una suma que supera los ciento sesenta y cinco mil soles durante los cuatro años de gestión de Renovación Popular gracias a su cercanía con Rafael López Aliaga.
NO HAY CASUALIDADES
Pero la llegada del abogado Nazim Alarcón y sus elevados honorarios a la Municipalidad Metropolitana de Lima estuvo lejos de ser una casualidad y tampoco fue una excepción motivada por la investigación preliminar que involucraba al alcalde, como alguno de sus defensores podría argumentar.
Sudaca tuvo acceso a un documento de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) que data del año 2015 en el cual se detallan modificaciones en la estructura de poderes de una empresa llamada Acres Sociedad Titulizadora S.A. que fue fundada en 2011 por Rafael López Aliaga Cazorla y, lo más resaltante para este caso, tiene entre sus apoderados al abogado Nazim Javier Alarcón Prieto.
Cabe señalar que la empresa Acres no ha estado exenta de escándalos. Una investigación periodística del medio El Foco reveló en el año 2024 que una asociación del Sodalicio, la organización religiosa acusada de numerosos y aberrantes abusos físicos, sexuales y psicológicos a menores de edad, transfirió más de treinta inmuebles a la empresa que tenía al líder de Renovación Popular como fundador y accionista.
Casos como el de este abogado y sus generosos contratos invitan a preguntarse si detrás de la intransigente postura de Rafael López Aliaga con respecto a su lugar en el senado y la posibilidad de postular en las elecciones municipales una de las razones para volver es el deseo de seguir dándole buenos empleos a sus conocidos que, por supuesto, serán pagados con dinero de los limeños.
