[El dedo en la llaga] Hay leyes que organizan la convivencia. Y hay leyes que revelan la verdadera tentación del poder.
La Ley N.º 32251 (“Ley que unifica y armoniza la regulación de los símbolos de la patria, símbolos del estado y emblemas nacionales”), impulsada por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, aprobada con 87 votos en el Congreso y promulgada a comienzos de 2025, pertenece sin duda a esta última categoría. Vendida como una inocente actualización de las normas sobre los símbolos patrios, en realidad constituye un paso más en una vieja obsesión de los Estados autoritarios: convertir el patriotismo en una obligación jurídica y la discrepancia en una sospecha permanente.
Detrás del lenguaje burocrático sobre la “unificación” y “armonización” de los emblemas nacionales se esconde algo mucho menos inocente. La ley refuerza un aparato legal que ya descansaba sobre dos pilares inquietantes: el artículo 38 de la Constitución, que impone el deber de “honrar al Perú”, y el artículo 344 del Código Penal, que amenaza con hasta cuatro años de prisión a quien incurra en el difuso delito de “ultraje” contra los símbolos patrios.
La pregunta ya no es jurídica. Es política. ¿Desde cuándo corresponde al Estado decidir qué debe sentir un ciudadano?
Porque eso es exactamente lo que ocurre cuando una legislación deja de regular conductas para intentar regular emociones. La bandera, el escudo y el himno dejan de ser símbolos nacionales para convertirse en objetos de veneración oficial. El patriotismo deja de ser una adhesión libre y pasa a administrarse como una obligación cívica supervisada por el aparato penal. Y el amor a la patria deja de ser un sentimiento para convertirse en un mandato.
Toda democracia madura entiende que el poder puede exigir obediencia a la ley. Lo que no puede exigir es adhesión sentimental. Esa frontera es precisamente la que la Ley N.º 32251 comienza a desdibujar. No se trata únicamente de una norma sobre banderas. Es una determinada concepción del Estado: una que pretende ocupar incluso el territorio más íntimo de los ciudadanos.
- La ficción jurídica de fabricar patriotas por decreto
Existe una limitación que ningún legislador ha conseguido superar desde que existe el derecho: las leyes regulan comportamientos; nunca sentimientos.
El artículo 38 constitucional tropieza precisamente con ese límite. Ordena “honrar a la patria” como si el respeto pudiera decretarse, como si el afecto obedeciera al Boletín Oficial y como si la identidad colectiva pudiera producirse mediante artículos constitucionales.
Pero el amor no funciona así. Tampoco el respeto. Ambos nacen de la experiencia, de la confianza, del reconocimiento y de la percepción de que las instituciones protegen a quienes dicen representar. Ningún código jurídico puede fabricar aquello que pertenece a la conciencia.
El Estado puede obligar a pagar impuestos. Puede sancionar el incumplimiento de un contrato. Puede castigar un delito. Lo que no puede hacer —al menos sin abandonar los principios del liberalismo democrático— es ordenar que un ciudadano ame una abstracción política llamada patria. Cuando intenta hacerlo, el derecho deja de regular la convivencia para invadir la conciencia. Y allí aparece la gran paradoja.
Una patria que necesita amenazas penales para ser amada ya ha perdido la batalla moral que pretende ganar mediante la ley. El resultado tampoco es el patriotismo que sus promotores dicen perseguir. Lo que produce es algo mucho más útil para cualquier poder que aspire al control: ciudadanos que representan obediencia aunque no la sientan. Personas que aprenden a fingir reverencia para evitar problemas. Una sociedad donde el civismo deja de ser una convicción y se convierte en una ceremonia obligatoria.
Las dictaduras siempre entendieron muy bien el valor político de esa representación. La democracia, en cambio, debería aspirar exactamente a lo contrario. Porque una lealtad nacida del miedo nunca es lealtad. Es disciplina.
- Cuando el símbolo vale más que el ciudadano
Las democracias no fueron creadas para proteger consensos. Fueron creadas para proteger el conflicto. La libertad de expresión existe precisamente para garantizar aquello que incomoda, molesta o desafía al poder. Nadie necesitó nunca una Constitución para defender opiniones populares.
La Ley N.º 32251 invierte esa lógica. Al exigir “respeto, enaltecimiento y veneración” obligatorios hacia los símbolos nacionales, convierte una opción moral en un deber jurídico. Y cuando el Código Penal amenaza con cárcel el “menosprecio público” de la bandera, la inversión resulta todavía más inquietante: el símbolo termina disfrutando de una protección que el propio ciudadano muchas veces no posee.
La pregunta es inevitable: ¿Qué ocurre si alguien utiliza la bandera como instrumento de protesta contra la corrupción, la impunidad o los abusos del Estado?
En prácticamente cualquier democracia consolidada, ese acto constituye una de las formas más intensas de libertad política. Precisamente porque los símbolos pertenecen a la ciudadanía y no al gobierno. En el Perú, en cambio, la misma acción puede acabar interpretándose como un delito. Ese es el verdadero desplazamiento que introduce este tipo de legislación: el problema deja de ser la corrupción y pasa a ser la manera en que alguien decide denunciarla.
La historia constitucional ya respondió hace mucho tiempo a este dilema. En 1943, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió el célebre caso West Virginia State Board of Education v. Barnette y estableció un principio que sigue siendo una de las grandes conquistas del constitucionalismo moderno: ningún poder público puede imponer una ortodoxia política ni obligar a los ciudadanos a profesar fidelidad mediante palabras o actos.
La sentencia no defendía una bandera. Defendía algo infinitamente más importante: el derecho de cada individuo a decidir por sí mismo qué merece su respeto.
El legislador peruano parece haber escogido el camino inverso. Mientras las democracias modernas protegen el derecho a cuestionar sus propios símbolos, el Estado peruano parece decidido a sacralizarlos. Los transforma en objetos casi litúrgicos, inmunes a la irreverencia, a la sátira y a la protesta. Y cuando un símbolo deja de poder ser cuestionado, deja también de pertenecer a la ciudadanía. Empieza a pertenecer al poder.
- Amar el lugar donde uno nació… aunque ese lugar nunca lo haya protegido
Hay una pregunta que esta legislación jamás responde: ¿Por qué alguien debería estar obligado a amar un país que nunca le garantizó justicia?
John Rawls llamó a esto la “lotería geográfica y genética”. Nadie elige dónde nace. Nadie escoge la bandera bajo la que llega al mundo. Nadie firma un contrato moral con el Estado antes de abrir los ojos por primera vez. Convertir ese accidente biográfico en una obligación permanente de amor constituye una de las ficciones éticas más frágiles del nacionalismo moderno.
Pero en el Perú esa ficción adquiere un matiz todavía más cruel. Porque no todos heredaron el mismo país. Para numerosas comunidades amazónicas expulsadas de sus territorios, para miles de familias andinas atrapadas entre la violencia terrorista y la violencia estatal, para generaciones enteras condenadas al abandono por el centralismo limeño, el Estado nunca apareció como garante de derechos. Apareció como ausencia, como discriminación o como fuerza represiva.
Y, sin embargo, es precisamente a esas víctimas a quienes ahora se exige venerar los símbolos del mismo Estado que tantas veces las ignoró. No hay reconciliación posible cuando el reconocimiento del dolor se sustituye por una obligación ceremonial. No hay patriotismo auténtico cuando la memoria debe ceder ante el protocolo.
La Ley N.º 32251 parece partir de una premisa profundamente equivocada: que la unidad nacional puede construirse obligando a todos a sentir lo mismo. La historia demuestra exactamente lo contrario. Los países no se fortalecen porque sus ciudadanos teman faltar el respeto a una bandera. Se fortalecen cuando el Estado deja de faltarles el respeto a sus ciudadanos.
- El fetiche nacionalista frente a la ética cosmopolita
Las leyes también transmiten una determinada visión del mundo. Nunca son políticamente neutrales. La Ley N.º 32251 tampoco lo es.
Desde hace siglos, la tradición cosmopolita —desde el estoicismo clásico hasta pensadores contemporáneos como Martha Nussbaum— ha advertido sobre un riesgo constante: cuando los deberes hacia la nación terminan desplazando los deberes hacia la humanidad, el patriotismo deja de ser una virtud cívica y comienza a transformarse en un instrumento de exclusión.
George Orwell comprendió esa diferencia con una claridad que hoy resulta incómodamente vigente. En uno de sus análisis más lúcidos distinguió dos conceptos que el discurso oficial suele mezclar deliberadamente: patriotismo y nacionalismo. Para Orwell, el patriotismo consiste en el apego voluntario a una comunidad, una cultura o una forma de vida que se aprecia sin pretender imponerla a nadie. Es un sentimiento defensivo, no expansivo; nace del afecto, no de la imposición. El nacionalismo, en cambio, responde a una lógica completamente distinta. No busca convivir con otras identidades, sino situarse por encima de ellas. Se alimenta de la obsesión por el poder, por la uniformidad y por la superioridad colectiva. Necesita construir enemigos —externos o internos— porque sin ellos pierde el combustible que alimenta su relato.
Ese contraste resulta esencial para comprender el verdadero alcance de la Ley N.º 32251. La norma no fortalece un patriotismo sereno ni fomenta una ciudadanía comprometida con el bien común. Hace exactamente lo contrario: convierte los símbolos nacionales en objetos de veneración obligatoria y desplaza el centro de gravedad del debate público desde los derechos de las personas hacia la protección casi religiosa de los emblemas del Estado.
Cuando se castiga el “menosprecio” a la bandera o se pretende regular hasta los usos estéticos de los símbolos patrios, el mensaje político es inequívoco. Lo importante deja de ser la calidad de la democracia y pasa a ser la obediencia al ritual.
Ese desplazamiento tiene consecuencias profundas. Una sociedad educada para creer que cuestionar un símbolo equivale a atacar la nación termina confundiendo el respeto con la sumisión. Poco a poco se instala la idea de que la fidelidad al trapo bicolor vale más que la defensa de la justicia, la libertad o la dignidad humana. Y cuando eso ocurre, el nacionalismo deja de ser un sentimiento colectivo para convertirse en un fetiche político.
- La instrumentalización política: cuando la bandera se convierte en escudo del poder
Existe una constante que atraviesa buena parte de la historia contemporánea. Cada vez que un gobierno pierde legitimidad, suele encontrar refugio en los símbolos nacionales. No es casualidad.
Los regímenes autoritarios —o simplemente aquellos corroídos por la corrupción, el descrédito o la incapacidad para resolver los problemas reales— descubrieron hace mucho que resulta más sencillo movilizar emociones patrióticas que rendir cuentas. La célebre sentencia atribuida a Samuel Johnson, según la cual “el patriotismo es el último refugio de un canalla”, conserva una actualidad incómoda cuando se observa el escenario político peruano.
Porque cuando un Estado convive con corrupción estructural, cuando el Congreso acumula niveles mínimos de credibilidad y cuando amplios sectores ciudadanos perciben que las instituciones funcionan en beneficio de élites antes que del interés público, la exaltación de los símbolos cumple una función extraordinariamente útil: desplaza el debate. Mientras la ciudadanía discute quién respetó o irrespetó una bandera, deja de discutir quién saqueó los recursos públicos.
En ese contexto, la Ley N.º 32251 y las iniciativas destinadas a prohibir el uso de la bandera en polos, gorros o manifestaciones espontáneas dejan de parecer simples regulaciones protocolares. Revelan una ambición mucho mayor: monopolizar la representación de la identidad nacional. Porque quien controla el símbolo termina aspirando a controlar también su significado. Y entonces aparece una de las operaciones políticas más antiguas del poder. El gobierno deja de presentarse como una administración temporal y comienza a identificarse con la patria misma. El gobernante ya no representa al Estado. Pretende encarnarlo.
Bajo esa lógica, toda crítica política se convierte en una sospecha de deslealtad nacional. Quien denuncia corrupción pasa a ser “enemigo de la patria”. Quien cuestiona al Congreso es acusado de atacar las instituciones. Quien utiliza la bandera para protestar ya no ejerce un derecho político: supuestamente profana un símbolo sagrado.
La ecuación resulta tan sencilla como peligrosa. Si el gobierno es la patria, discrepar del gobierno equivale a traicionar la patria.
Es precisamente ahí donde la penalización del llamado “ultraje” a los símbolos revela toda su utilidad política. La vaguedad del concepto permite extenderlo casi hasta donde convenga. Una intervención artística, una performance, una sátira, una protesta callejera o una forma irreverente de utilizar la bandera pueden convertirse, dependiendo del clima político, en materia penal. El problema deja entonces de ser jurídico. Pasa a ser un mecanismo de disciplinamiento del disenso.
- La alternativa democrática: patriotismo hacia los principios, no hacia los fetiches
Pero existe otra manera de entender el vínculo entre los ciudadanos y su país. Una mucho más compatible con una democracia constitucional. Frente al nacionalismo identitario basado en la tierra, la sangre o la sacralización de los símbolos, el filósofo alemán Jürgen Habermas propuso una idea profundamente distinta: el Patriotismo Constitucional (Verfassungspatriotismus).
Su planteamiento parte de una premisa sencilla, aunque revolucionaria. Las sociedades democráticas ya no pueden sostenerse sobre mitos homogéneos ni sobre la obligación de compartir una misma identidad cultural. Lo que verdaderamente mantiene unida a una comunidad política es el compromiso con reglas comunes: la Constitución, los derechos fundamentales, la separación de poderes, la igualdad ante la ley y las libertades públicas.
Ese sí es un patriotismo compatible con la democracia. No exige amar una bandera. Exige respetar la dignidad de las personas. No obliga a rendir culto a los símbolos. Obliga a defender los derechos que esos símbolos deberían representar.
Desde esa perspectiva, el mejor ciudadano no es quien permanece rígido mientras suena el himno ni quien exhibe la bandera más impecable en el techo o en el balcón. Es quien paga sus impuestos, combate la corrupción, protege a las minorías, exige transparencia, fiscaliza al poder y defiende las instituciones cuando estas cumplen su función democrática. El patriotismo deja entonces de medirse por gestos ceremoniales y comienza a medirse por responsabilidad cívica.
Esa diferencia desnuda la verdadera fragilidad de la Ley N.º 32251. La norma privilegia la liturgia sobre la ética. La apariencia sobre los principios. El ritual sobre la ciudadanía.
En el fondo, parece preferir un país lleno de ciudadanos obedientes que jamás cuestionen un símbolo antes que una sociedad capaz de cuestionar al poder cuando este traiciona los valores que esos símbolos dicen representar.
Conclusión: El verdadero honor de una nación
La Ley N.º 32251, aprobada en enero de 2025, representa mucho más que una reforma sobre los símbolos patrios. Expresa una determinada concepción del Estado y de la ciudadanía. Una concepción según la cual el disenso puede castigarse, la irreverencia puede criminalizarse y el patriotismo puede convertirse en una obligación respaldada por el Derecho Penal.
Ese camino conduce inevitablemente a un deterioro de las libertades de conciencia, pensamiento y expresión. Porque el honor de una nación jamás se protege enviando a prisión a quien quema una bandera en un acto de desesperación, rabia o protesta. Se protege construyendo instituciones que inspiren respeto sin necesidad de imponerlo. Se protege garantizando justicia antes que ceremonias. Se protege haciendo que los ciudadanos quieran identificarse con su Estado, no obligándolos a fingir que ya lo hacen. Una democracia fuerte no necesita fabricar patriotas mediante amenazas penales. Necesita construir un país que merezca ser amado.
Mientras el Perú siga confundiendo obediencia con civismo y veneración con compromiso democrático, continuará atrapado en la misma paradoja que atraviesa toda esta legislación: intentar imponer por la fuerza aquello que sólo puede nacer de la libertad. Y ninguna ley, por severa que sea, ha conseguido jamás obligar a un pueblo a sentir.
