El presidente Castillo ha vuelto a insistir en la necesidad de reforzar el proceso de descentralización. Si acaso no ha sido la suya una frase hueca, como muchas a las que nos tiene acostumbrados, debería repensar el proceso y darle auténtico impulso. Es, en ese sentido, un activo político que debiera ser empleado, su llegada a los sectores provincianos del país.
No va a ser posible reconstruir el Estado peruano, modernizarlo y adecuarlo a las exigencias de los tiempos que corren si no se emprende una transformación radical del modelo de descentralización aplicado desde el año 2000, el mismo que explica, en gran medida, por qué la prosperidad macroeconómica no se siente, en su justa medida, en buena parte del territorio nacional.
Los gobiernos regionales y locales han fracasado y se han constituido en antros burocráticos, donde autoridades corruptas o ineficientes dilapidan los ingentes recursos que reciben, propiciando que la ciudadanía no tenga salud, educación, agua potable, infraestructura de calidad, acorde a los años de crecimiento económico que el Perú ha tenido en las últimas tres décadas.
La más reciente encuesta de Datum lo confirma con meridiana claridad. El 71% de la población considera que los gobiernos regionales “no han sido solución” y es en el sur, significativamente, donde la insatisfacción es más grande: el 77% estima negativamente a las autoridades regionales, y es allí, precisamente, donde anida la mayor parte del voto antiestablishment, antilimeño, que sostiene aventuras electorales disruptivas.
Particularmente preguntada la población sobre la no ejecución de obras, un 38% culpa a los gobiernos regionales, un 28% a las municipalidades, y un 22% al gobierno central. Es evidente la ponderación inclinada en contra de sus propias autoridades locales.
De nada servirá que se reforme el gobierno central, que se modernice la gestión pública, que el sector estatal reciba crecientes ingresos fiscales mediante el aumento de la recaudación tributaria, si los gobiernos regionales y locales siguen siendo un hueco en el balde, donde se drenan millonarios recursos.
La agenda del futuro debe incluir no solo la reforma del Estado, un shock de inversiones privadas o un fortalecimiento democrático (mediante reformas por completar) sino, particularmente, una revisión a fondo del fallido proceso de descentralización iniciado hace 22 años y que ha demostrado su carácter equívoco.
Habrá que abrir un amplio escenario de debate. Resalta la notable ausencia del tema en la clase política peruana, que miopemente no percibe que mucho de lo que se pueda hacer en lo que concierne a un buen gobierno, se irá por la borda si no se cambia una estructura regional mal construida.
Ha habido un importante flujo de inversiones privadas hacia las regiones en las últimas décadas. Ese fenómeno es maravilloso, y no ocurría desde los tiempos aurorales de la República, pero no está siendo acompañado por la edificación de un sector público moderno, eficiente y, sobre todo, carente de corrupción.