Contra las mafias desestabilizadoras

“Estas mafias son poderosas, mueven cientos de millones de dólares, manejan mucha gente dispuesta a hacer lo que se les ordene, y han tomado la decisión de sumarle a su informalidad delictiva, una estrategia antidemocrática y atentatoria del Estado de Derecho”.

Mucha ingenuidad está mostrando el gobierno de Dina Boluarte para manejar la situación de violencia social que en algunas zonas del país surge como legítima protesta, aun cuando luego sea aprovechada por azuzadores profesionales, pero que en otras responde claramente a una estrategia coordinada de desestabilización (como los ataques perpetrados a las plantas de Majes, con centenares de camionetas de los mineros ilegales transportando vándalos para atacar).

Esta situación sirve para poner de relieve cómo el gobierno de Castillo había hecho una alianza fáctica con estas mafias ilegales (narcotráfico, minería ilegal, contrabando, madereros informales etc.) para que, a cambio de impunidad (¿alguien recuerda algún operativo policial en las zonas donde estas mafias operan?), le presten apoyo político y económico.

Esa alianza se ha visto truncada por el fallido golpe de Estado de Castillo, que lo condujo a la vacancia y a su posterior encarcelamiento, y resulta evidente que las mafias ilegales que trabajaban de la mano con él, no han quedado contentas con el resultado. Han perdido el aliado palaciego que les daba patente de corso.

A esas mafias se está enfrentando el gobierno de Dina Boluarte. Son poderosas, mueven cientos de millones de dólares, manejan mucha gente dispuesta a hacer lo que se les ordene, y han tomado la decisión de sumarle a su informalidad delictiva, una estrategia antidemocrática y atentatoria del Estado de Derecho.

La policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que ir con todo contra estas mafias. No se puede permitir que el delito se encubra de protesta política y produzca la desestabilización del país.

La instrucción que estas mafias han recibido de parte de operadores políticos del expresidente Castillo es clara: provocar el caos y el desmadre institucional. Esos operadores, dicho sea de paso, también deben ser identificados y puestos a disposición de la justicia.

A la población que legítimamente protesta pidiendo el cierre del Congreso hay que distinguirla de las turbas mafiosas que creen que su poder económico y la complicidad e impunidad política de la que gozaban con el régimen castillista puede volverse a reeditar. Un buen trabajo de inteligencia policial y una represión acorde a la violencia desplegada, es la respuesta que se espera de un gobierno que hasta el momento no muestra la firmeza y sagacidad que se requiere en estas circunstancias.

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