[ENTRE BRUJAS] La denuncia de violencia sexual contra un adolescente del Liceo Naval exige una investigación rigurosa, protección para la víctima y determinación de responsabilidades. También exige mirar lo que habría ocurrido antes: la familia ha señalado que el estudiante sufría acoso. La violencia escala. No deberíaesperarse a que una agresión alcance tal gravedad para tomar en serio las primeras señales.
Hace pocas semanas, otro adolescente de 13 años murió en Huancayo tras ser agredido por escolares. Su familia también denunció antecedentes de bullying. Son hechos distintos, cuyas circunstancias deben esclarecerse. Sin embargo, ambos nos obligan a preguntarnos cuántas advertencias fueron desestimadas y cuántas agresiones se consideraron demasiado pequeñas para intervenir.
Según la ENARES 2024, el 44 % de niñas y niños de 9 a 11 años reportó haber sufrido violencia por parte de otros estudiantes. Entre adolescentes de 12 a 17 años, la cifra se aproxima al 46 %. Esto incluye agresiones psicológicas, físicas y sexuales.
Ni el caso del Liceo, ni el del pequeño de Huancayo, son casos aislados. La violencia escolar esta presente en las escuelas de todo el país y exige una respuesta integral de toda la comunidad educativa y del gobierno. Esto es prevención, atención ,protección, corrección a tiempo y ruptura de la impunidad.
El racismo, la violencia machista y otras formas de exclusión también están presentes en las escuelas, crea agresores e influyen en quiénes son agredidos y en la posibilidad de que sus denuncias sean escuchadas.
Cuando las personas adultas llamamos «broma» a la humillación, pedimos a quien la sufre que resista o dejamos pasar una agresión porque «son cosas de chicos», contribuimos a normalizarla. Niñas, niños y adolescentes pueden crecer incorporando el maltrato como una forma de relacionarse. Pero agredir no es un juego: supone ejercer poder, dolor y control sobre otra persona.
La prevención es clave:
Durante más de diez años, la campaña «Con mis hijos no te metas» alimentó el temor y la desinformación frente a la educación sexual integral y el enfoque de igualdad de género. Se presentó como una amenaza una educación que debía ayudar a reconocer y respetar el propio cuerpo, respetar los límites ajenos, identificar situaciones de violencia de manera tempranay dotar de mayores herramientas a las niñas/niños y adolescentes para desterrar el acoso. Las dificultades para avanzar en esta materia tienen consecuencias para la protección de la infancia. En 2026, la derogación de los lineamientos de educación sexual integral, han profundizado un problema anterior, dejando sin herramientas a las escuelas para tener un abordaje preventivo y transformador.
La prevención, sin embargo, no basta si las agresiones quedan sin respuesta:
La Ley N.º 29719 (Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas) y su reglamento tiene un contenido importante en materia de protección y promoción de una convivencia libre de violencia. Sin embargo, la corrección a tiempo de conductas lesivas es un mecanismo de prevención y , al parecer, se da una interpretación restrictiva de la norma, al generarse un impedimento de sanción frente a la obligatoriedad de dar continuidad al servicio educativo, en aras de proteger el derecho a la educación.
Las exigencias de proporcionalidad y respeto del derecho a la educación no pueden interpretarse como una prohibición de adoptar medidas correctivas ni como una razón para mantener a la víctima expuesta. Proteger el derecho a la educación de todos los estudiantes exige proteger también su vida, salud e integridad. Ante indicios de violencia y particularmente desexual, corresponde activar los protocolos específicos y comunicar los hechos a las autoridades competentes; no reducirlos a un problema de convivencia. Como al parecer viene pasando en diversas instituciones educativas.
Una revisión clara de los reglamentos y ajustes a la norma, en aras de proteger el interés superior de los niños y niñas, es una demanda que hoy cobra especial relevancia.
De otro lado, las familias también debemos asumir nuestra parte. Desautorizar a un docente que advierte una conducta violenta, presionar a la escuela para impedir cualquier consecuencia o desestimar la palabra de quien denuncia dificulta una intervención temprana. Atender y corregir esas conductas es una forma de cuidar tanto a quienes sufren la violencia como a quienes la ejercen.
Urge revisar cómo se aplican las normas y acompañar a los colegios en la actualización de sus reglamentos, con criterios claros de prevención, protección y actuación. El Estado debe supervisar el cumplimiento de los protocolos, especialmente ante hechos de violencia sexual, e identificar por qué algunas escuelas no denuncian o no intervienen oportunamente. Conocer esas razones es indispensable para cambiar las prácticas institucionales.
Ninguna niña ni ningún niño nace agresor. Como personas adultas y como Estado, tenemos la responsabilidad de enseñar formas de relación basadas en el respeto y de actuar ante las primeras señales de daño. El interés superior de la niñez exige más que discursos de «orden»: exige escuelas capaces de proteger, escuchar y responder a tiempo.
