[La columna deca(n)dente] El 7 de diciembre del año pasado, El Comercio reprodujo las palabras de Dina Boluarte, quien en ese momento era la vicepresidenta de Pedro Castillo. Estas palabras fueron expresadas durante una actividad oficial en Juliaca: “¿Quién ha salido ante la prensa a decir que mi lealtad con el presidente Pedro Castillo es a prueba de balas? Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente”. ¿Cumplió su palabra? No. ¿Mintió? Sí. Desde entonces, una y otra vez, ha mentido.
Mintió cuando responsabilizó a los “ponchos rojos” bolivianos de las ejecuciones extrajudiciales en Juliaca. Mintió cuando sostuvo que “esa avalancha de cinco mil personas, en el aeropuerto de Huamanga, suscitaron [sic] el fallecimiento de algunos compatriotas”. Mintió cuando señaló que la policía tuvo una “conducta inmaculada” durante las movilizaciones ciudadanas en la capital. Mintió, miente y seguirá mintiendo.
¿Ella es consciente del impacto negativo que tienen sus mentiras? ¿el primer ministro Otárola y sus ministros, acaso, lo son? ¿sus asesores? Al parecer, no son conscientes. Por eso mismo, quizás, sus ministros repiten sus mentiras sin inmutarse o crean nuevas. Algunos más que otros las reproducen con particular entusiasmo. “El Perú ahora es un país que está en calma, en paz…” señaló Boluarte en la reunión de los jefes de Gobierno y de Estado de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP), en Estados Unidos. De inmediato, Otárola respaldó lo dicho por la presidenta. «Casi 11 meses después el Perú está en paz». Lo mismo hizo Leslie Urteaga, ministra de Cultura, “hay un clima de seguridad y estabilidad. No ha mentido (…) yo veo paz, hay libertad de prensa y hay inseguridad (…)”.
Cuando la presidenta miente de manera sistemática, erosiona la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en el gobierno y sus instituciones, así como su propia credibilidad. Todo lo cual tiene consecuencias negativas para el funcionamiento de la democracia. Los ciudadanos y ciudadanas ya no creen en lo que dice Boluarte y sus ministros. Los primeros días de setiembre, el ministro del Interior anunció la ejecución del “Plan Boluarte” para combatir a la delincuencia. La promesa fue recibida con escepticismo. Dos meses después, el publicitado plan no se implementó.
Asimismo, el desapego político de los ciudadanos y ciudadanas es probable que se deba a la percepción de que la presidenta y sus ministros no son dignos de confianza. ¿Cómo se puede confiar en la ministra de Relaciones Exteriores, quien declaró que el encuentro del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con Boluarte fue una “reunión bilateral”?
La situación descrita constituye una grave amenaza para la democracia. Frente a esta situación, surge la pregunta: ¿qué hacer? exigir transparencia y rendición de cuentas al gobierno de Boluarte por sus acciones y decisiones. Esto implica exigir que la presidenta se retracte de sus mentiras y explique las razones detrás de sus falsedades. De igual modo, implica participar activamente en manifestaciones y protestas, así como en partidos y movimientos políticos y en organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, la defensa de la democracia es una tarea fundamental y urgente para todas las fuerzas democráticas.
