Ojalá la reunión protocolar que hoy han sostenido el presidente Castillo y su séquito ministerial, con el titular del Congreso, José Williams, no conduzca a una parálisis fiscalizadora del Legislativo o a una reiteración de la obsecuencia mostrada durante el primer año de gestión del régimen, que ha llevado al desprestigio total del poder instalado en la plaza Bolívar y a su inmensa desaprobación en las encuestas.
Ya va quedando claro que este Congreso no va a vacar a Castillo y tampoco va a aprobar un adelanto de elecciones para que se vayan todos. Salvo alguna intervención extraordinaria de la Fiscal de la Nación, tendremos que soportar a este malhadado gobierno hasta el 2026, con las tremendas consecuencias sociales, políticas y económicas que ello conllevará, que no se compensarán, en ninguna medida, con el presunto aprendizaje democrático que la ciudadanía tendrá luego de apreciar los resultados de haber votado como lo hizo el 2021.
Lo que se esperaría, al menos, es que en los cuatro años de mandato que le restan al régimen, el Congreso se esmere en controlar sus desmanes, corregir sus entuertos (¿por qué hasta ahora no deja sin efecto los dos decretos supremos laborales que son un misil contra la inversión privada?), e interpelar y censurar a cuanto impresentable ministro decida nombrar el mediocre inquilino palaciego.
La actitud que ha llevado a censurar ayer al ministro de Transportes Geiner Alvarado debe intensificarse. El año anterior apenas fueron censurados cuatro ministros (Carlos Gallardo de Educación, Hernán Condori de Salud, Betssy Chávez de Trabajo y Dimitri Senmache de Interior). Dada la escandalosa ineptitud de la mayoría de los 70 ministros nombrados por Castillo en su periodo gubernativo -récord histórico de volatilidad ministerial-, ese número debiera haber sido infinitamente mayor.
Lo que la ciudadanía espera del Parlamento no es colaboracionismo obsecuente, sino fiscalización recia, capaz de refrenar en alguna medida el desastre al que nos va a conducir inexorablemente la gestión de Castillo. La única forma de que las fuerzas democráticas sobrevivan políticamente con alguna posibilidad de recambio electoral el 2026, pasa porque ejerzan un papel vigilante e intransigente frente a las trapacerías rochosas del Ejecutivo, para quien el diálogo entre poderes significa impunidad o patente de corso que le permitan saquear el Estado y destruirlo, sin cortapisas.
