El Congreso aprobó las denuncias constitucionales que la Fiscalía de la Nación le había interpuesto al expresidente Castillo. Es una gran noticia política, sin duda, porque ahora podrán correr las múltiples investigaciones que pesan contra el exmandatario sobre temas vinculados a corrupción.
Castillo no solo fue un golpista o un pésimo gestor público (el desastre que iba a legar al país iba a tardar décadas en ser corregido), sino, sobre todo, un gran corrupto. Las cifras de dinero que los colaboradores eficaces van revelando haber entregado al exgobernante ya escalaron al punto de los grandes niveles de corrupción de mandatarios anteriores, con el agravante de haber ocurrido desde los inicios de su gestión.
Corresponderá seguir en detalle los casos que se irán dando a conocer porque es importante desmontar el símbolo popular que aún representa Castillo para un sector de la población, que vive engañado por el espíritu étnico y popular de su campaña y de su triunfo electoral, y que debe asumir ahora y digerir, que lo suyo fue un fiasco, un engaño, una terrible decepción que sus fieles deberán asumir.
Sirva también el caso Castillo para resaltar la enorme importancia de que el Ministerio Público pueda investigar a los mandatarios en ejercicio, como sucedió con Castillo gracias a la decisión de la fiscal Patricia Benavides, quien fue a contramarcha del manto de impunidad tendido por su antecesora, Zoraida Ávalos. Por eso, la corrupción de alto nivel era casi indetectable en tiempo real o lo era en mínima porción de la realidad porque, lamentablemente, la Contraloría no tiene los dientes suficientes para advertir de las dimensiones del peor mal republicano de nuestra historia, como es la corrupción de los gobernantes y poderosos.
Cuando se termine de desentrañar la historia completa se verá que no estábamos frente a un “pirañita” o un ladronzuelo de poca monta, sino ante un mafioso que rápidamente organizó una red criminal para robar en cuanto acto público (contrato, licitación, licencia, etc.), el Estado era partícipe.
Debería servir también el affaire Castillo para repensar el tejido institucional existente en la administración pública peruana, que está preñada de corrupción en casi todas sus instancias. Es demasiado fácil robar en el Perú. Desde las alturas palaciegas hasta los salones ediles distritales. Los dineros de todos los peruanos van a parar a los bolsillos de autoridades corruptas, con mayoritaria impunidad, y no hay un sistema inmunológico lo suficientemente eficaz para advertirlo. Lo ocurrido con Castillo debe ser, también, por ello, una clarinada de alerta respecto de lo mucho que hay por rediseñar al respecto.
