La evidente obstrucción a la labor de la justicia por parte del presidente Castillo y su entorno ministerial, aderezada por una pretensión -que, sin duda, será fallida-, de movilizar a las masas contra la Fiscalía de la Nación, el Congreso, los medios de comunicación, la derecha golpista y demás hierbas, lo conduce inexorablemente a un escenario en el que la vacancia por incapacidad moral permanente debería nuevamente ponerse sobre el tapete.
Castillo es una persona claramente incapacitada para gobernar. No hay una sola política pública desplegada, todas las instituciones del Estado están al borde del colapso, la corrupción y la delincuencia se enseñorean en el país, la crisis económica se avecina, y el primer mandatario, inescrutable, mira al vacío y solo pergeña acusaciones contra sus adversarios e imagina un complot político para sacar al “primer presidente del pueblo” elegido para sentarse en Palacio (lo cual, es, además, históricamente falso).
Sería un acto de profilaxis política que no requiere, para ser procesado, que aparezca un audio o video bomba de Castillo recibiendo dinero u ordenando alguna medida inmoral. Castillo es una desgracia política, una factura social que estamos pagando porque la derecha y el centro no hicieron bien su trabajo en todo el proceso de transición post Fujimori, pero que no merece consideración alguna por su origen humilde. Por el contrario, merece mayores exigencias, porque la defraudación que está generando en los sectores populares dejará honda huella en el ánimo ciudadano del país (el espectáculo lamentable de verlo, haciendo que le aten los zapatos, no hace si no confirmar el tipo de hondura moral del que carece).
Se ha sugerido una alternativa a la vacancia, el adelanto de elecciones o la modificatoria del artículo 117 para ampliar las causales de inhabilitación del primer mandatario: la de la suspensión judicial, que proviene del derecho penal, y es, claramente, lo que en derecho, se llama una “solución trágica”, porque se trata de darle barniz jurídico a una decisión finalmente política. Requiere tan solo que la Fiscal de la Nación lo solicite al Poder Judicial y éste lo decrete. Dadas las circunstancias de espanto que el país está viviendo y el consenso jurídico que está logrando, es una alternativa que se asoma como más viable para ponerle fin a esta calamidad de tener a un incapaz moral regentando Palacio.
