La fiebre distrital por prohibir la actividad de los limpiaparabrisas ambulantes no es si no, una demostración del facilismo populista con el que en el Perú se suelen querer resolver los problemas. Acá, el tema es doblemente tonto. Un limpiador de lunas de autos asesinó a un chofer y ello ha ocasionado la febril actitud prohibitiva.
Imaginemos que se hiciera lo propio con otras actividades: que se prohíba el tránsito de motociclistas, los kioskos callejeros (porque mientras la gente lee las portadas de los diarios es cuando más robos de celulares se producen), se prohíba que las combis o microbuses vayan con las lunas abajo (no importa que estemos en medio de la canícula), que, por último, se prohíba usar celulares en las calles, que se expulse a todos los venezolanos del país, que se prohíban las fiestas cumbiamberas, que no haya partidos de fútbol, en fin, ideas torpes hay miles en cartelera para que los alcaldes las hagan suyas en medio de esta vorágine de ideas peregrinas que ha desatado el crimen mencionado.
El populismo punitivo se caracteriza por el uso de medidas represivas y sanciones penales severas para combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Sin embargo, esta estrategia presenta una serie de errores que ponen en cuestión su eficacia y su legitimidad.
En primer lugar, tiende a simplificar la complejidad de los problemas de la delincuencia y la inseguridad, presentándolos como un fenómeno exclusivamente individual, sin tener en cuenta las causas sociales, económicas y políticas que los generan. De esta manera, se corre el riesgo de criminalizar a la pobreza y la exclusión social, sin abordar las raíces estructurales de la violencia. En el caso concreto del Perú, la informalidad es una válvula de escape frente al desempleo y las rigideces laborales terribles que nos gobiernan.
En segundo lugar, el populismo punitivo se enfoca en el castigo, sin prestar atención a la prevención y la rehabilitación de los delincuentes. Esto puede generar una espiral de violencia y venganza, que no resuelve los problemas de fondo y perpetúa la exclusión y la marginación.
En tercer lugar, puede generar un clima de miedo y desconfianza, que socava los derechos civiles y la convivencia pacífica. Además, puede alimentar la corrupción y la impunidad, al enfocarse en el castigo selectivo de los delitos y la estigmatización de ciertos grupos sociales.
Ha hecho bien el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, en salir en defensa de los informales, que buscan trabajar a como dé lugar por culpa de un sistema legal laboral que los expulsa del establishment. Hacen mal los alcaldes, a quienes, por un aplauso efímero, no les ha importado afectar a trabajadores dignos que merecen más bien respeto y consideración.
