“En el transcurso de cinco semanas, las fuerzas de seguridad de Perú respondieron repetidamente a las protestas antigubernamentales con lo que los expertos califican como fuerza excesiva, lo que incluye accionar escopetas con munición letal y disparar rifles de asalto contra los manifestantes que huían, así como ocasionar la muerte de personas desarmadas que estaban a cientos de metros de distancia”, señala una prolija investigación del The New York Times, en reciente informe periodístico, que coincide en el diagnóstico con investigaciones locales efectuadas por IDL-Reporteros y Hildebrandt en sus trece.
Del total de 60 fallecidos durante las protestas, 48 son atribuibles a la represión militar o policial. Una cifra inaceptable en una democracia, que no halla, hasta ahora, respuesta institucional apropiada, asunción de responsabilidades siquiera políticas, para no hablar de las penales, ya que ésta tomarán más tiempo de determinar.
El problema mayor no es que las muertes hayan ocurrido en circunstancias en las que las fuerzas del orden hayan visto amenazada su integridad -situación en la que se justifica el uso de armas letales-, sino en situaciones donde ello estaba lejos de ser realidad y se ha disparado contra transeúntes o civiles en situación pasiva, indiferente a la protesta o, si acaso agresiva, que no comportaba ningún riesgo vital a las fuerzas uniformadas.
Luego de ello, el gobierno no ha reaccionado como correspondía. No cabe, como señala abusivamente la izquierda, atribuirle responsabilidad penal o política a la primera mandataria, Dina Boluarte. Mucho menos tildarla de genocida, como ha hecho la Fiscalía con su denuncia y lo hace un sector político y social del país, pero sí hay evidente responsabilidad política en los ministros del Interior y Defensa y eventualmente en el propio Premier, Alberto Otárola, quienes debieron haber sido removidos de sus cargos en el acto.
Si el régimen quiere recuperar credibilidad y recomponer los lazos rotos con la ciudadanía, ello no va a ocurrir por inercia o decantamiento, sino por acciones concretas. Entre los muchos gestos políticos que va tener que dar para reconciliarse con la población, está el responder adecuadamente por la excesiva represión mortal ocurrida entre diciembre y enero a raíz de las protestas por la salida de Castillo del poder, interpretada por un sector mayoritario de la población como un golpe de un Congreso absolutamente desprestigiado, con el que se habría aliado Dina Boluarte, completando el círculo explicativo de su altísima desaprobación.
