Las declaraciones de Roberto Sánchez, nada menos que cabeza de la lista congresal por Lima en Juntos por el Perú, respecto del dictador venezolano Nicolás Maduro, considerándolo “presidente constitucional” y pasando por agua tibia la feroz represión que en Venezuela existe contra la oposición, pone en clara evidencia que el tema de la democracia no ha sido zanjado positivamente en la izquierda peruana.
Ese tema fue aparentemente resuelto en la década de los 80, cuando un ala de la izquierda formal aún insistía en el manejo de estrategias paralelas para acceder al poder, una era por la vía democrática y la otra por la vía revolucionaria, violenta, pero el sector mayoritario decidió alejarse de esa tendencia y marcar la cancha a favor del reconocimiento de la democracia formal, representativa, burguesa como método político irrenunciable.
Fue con ese talante, aparentemente, que la izquierda se plantó como factor opositor y beligerante contra los devaneos autoritarios de Fujimori, pero por lo visto, el antifujimorismo de la izquierda o de un sector de ella más obedeció a un tema ideológico que a un tema democrático.
La inquietud sobre Venezuela es importante porque existe fundado temor en buena parte de la sociedad peruana respecto de que ese es el camino que quiere seguir la izquierda peruana en caso llegase al poder: estatismo económico y restricción democrática. Como es natural, prende sus alarmas cuando aprecia la simpatía que por ese régimen tiene uno de sus voceros más importantes, como es el citado candidato congresal.
En esta columna hemos advertido, con genuina preocupación, que los postulados económicos de Verónika Mendoza podrían llevar al país a una crisis descomunal, si no como la venezolana sí como la argentina. Por lo que se ve, los temores deben radicar también respecto de la vocación institucional democrática.
Llegada al poder, impulsada por una serie de medidas populistas y, por ende, una alta popularidad, una izquierda que no tenga claras las fronteras democráticas que no se deben trasponer, puede constituir un serio peligro para las libertades políticas que con tanto esfuerzo hemos logrado mantener más o menos incólumes desde el año 2000 (el periodo democrático más prolongado de nuestra historia republicana).
