Si tomamos como referencia los temores que un sector de la derecha tenía respecto de la inminencia de un discurso radical, estatizante, expropiador y autoritario, el mensaje presidencial suena a lecho de rosas y a moderación económica y política.
Pero si descartamos las paranoias imberbes de nuestra poco ilustrada derecha nacional, lo cierto es que, más allá de las empáticas invocaciones históricas de arranque del discurso, que resuenan positivamente o deberían hacerlo en esta fecha bicentenaria, hemos asistido a una puesta en escena que no augura buenos tiempos para el país.
En materia económica, anuncios como los de retomar la actividad empresarial absoluta de Petroperú, otorgarle al Banco de la Nación función competitiva en el sector financiero o meter al Estado como socio -inclusive mayoritario- en proyectos de inversión minera, etc., no es una buena noticia, ni siquiera desde el punto de vista de una política económica de izquierda moderna. Son antiguallas ideológicas que solo traerán ineficiencia, corrupción y resultados contraproducentes.
Lo más grave, sin embargo, es su terca insistencia en la Asamblea Constituyente, con la cual, obviamente, sí pretende transformar por completo el modelo económico y convertirlo en un esquema estatista y controlista (si no, ¿para qué lo quiere cambiar?).
Al menos reculó en la idea original de ir por el camino del referéndum directo, lo cual hubiera sido un manotazo anticonstitucional, y ha decidido ir por el Congreso, como corresponde, pero hay que estar alertas respecto de la estrategia gubernativa para lograr su cometido.
¿Se va a quedar satisfecho Castillo con presentar una propuesta de reforma constitucional del artículo 206, someterla al Congreso y aceptar democráticamente dicha decisión, así sea contraria a sus deseos? El Legislativo seguramente le dirá que no es viable y ni siquiera obtendrá los 66 votos que necesitaría para luego ir a un referéndum que consolide la reforma. ¿Allí quedará la cosa?
Si así fuera, santo y bueno. El Primer Mandatario podrá decir que lo intentó y que no pudo, y se dedicará a gobernar con medianía nuestra economía y ojalá con eficiencia los sectores Salud y Educación, que son sobre los que más expectativa ciudadana hay (esperemos que el gabinete entrante esté a la altura de ese desafío).
Pero todo este esquema saltaría por los aires si Castillo, por ejemplo, decide hacer cuestión de confianza respecto del proyecto de reforma, provocando una colisión de poderes que podría llevar a la disolución del Congreso y estrenar un periodo de absoluta incertidumbre.
Las bancadas de centroderecha democráticas deberían saber, en esa perspectiva, a qué atenerse. Lo primero, no votar la propuesta y consultar al Tribunal Constitucional si procede esa cuestión de confianza sobre una reforma de la Carta Magna. Si el TC lo permitiese, pues igual votar a conciencia y rechazar semejante empotrada política, aún a riesgo de perder la curul y propiciar una nueva elección congresal.
Y de darse el caso, en esos comicios corresponderá nuevamente dar la batalla política. Todo lo que sea necesario se deberá hacer para impedir que el actual gobierno nos lleve a la deriva estatista y autoritaria que tantos ejemplos funestos tiene en la región y cuya posibilidad pende como una espada de Damocles sobre el país mientras Castillo no renuncie a la peregrina idea de refundar constitucionalmente la República.
