La espantosa decisión del Tribunal Constitucional de tirarse abajo la reforma universitaria emprendida a lo largo de varios gobiernos y capitaneada por la Sunedu, es, lamentablemente, apoyada por la derecha conservadora y, paradójicamente, por sectores radicales de la izquierda, que han hallado, en su enfrentamiento con el progresismo, una bandera común.
Han sido pocas las reformas y políticas públicas emprendidas durante la llamada “transición democrática” postfujimorista. Algunas de ellas, muy mal desplegadas, como, por ejemplo, la regionalización, que ha terminado por las patas de los caballos, generando ineficacia y corrupción a su paso, sin generar una clase política y empresarial provinciana, ni mucho menos asentando las democracias locales ni extendiendo la ciudadanía, al reducir la pobreza merced a los ingentes recursos fiscales recibidos por las autoridades regionales.
Así como ella, son pocas las reformas del periodo: la eliminación de la 20530 (régimen nefasto de jubilación que destrozaba el equilibrio fiscal), la reforma educativa (a paso muy lento) y paremos de contar.
La que mejor destino y efecto tuvo fue la reforma universitaria, que logró dar inicio a un proceso de purga de centros de estafa social, como eran muchas universidades, y, además, obligó a las universidades que sortearon el riguroso proceso de calificación y licenciamiento, a mejorar notablemente su calidad. Falta aún mucho trecho por recorrer, nadie lo duda, pero no hay peruano sensato que pueda decir que hoy estamos peor que hace cinco o diez años. Claramente ha habido una mejoría paulatina.
Es ese proceso virtuoso el que el fallo del Tribunal Constitucional y sus aliados políticos quieren tirarse abajo. Algo aún se puede hacer para revertir jurídicamente un proceso que, al parecer, ha sido mal llevado (hay ya una demanda de la Defensoría del Pueblo en ese sentido), pero se siente la ausencia de la voz palaciega que tome las banderas de la reforma y retome la iniciativa en un proceso que merece el mayor respaldo político e institucional.
El gobierno de Dina Boluarte tiene que hacer suya la reforma universitaria y disponer lo que esté a su alcance para corregir el entuerto armado por un tinglado de camarillas de abogados asociadas delictuosamente a las mafias de las universidades bamba, que mantienen en su poder recursos suficientes para torcer voluntades y corromperlas.
