El Congreso de la República, a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ha citado hoy a la actual Ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, cuestionando declaraciones que dio como titular del sector a favor de la despenalización del aborto y la autonomía reproductiva.
Este hecho reafirma lo que muchas feministas venimos advirtiendo durante años: “sectores anti derechos y fundamentalistas se encuentran instalados en los espacios de poder y decisión, orquestando estrategias para menguar y bloquear el avance en materia de igualdad de género, con la finalidad de mantener una sociedad patriarcal que permita el abuso de poder y la exclusión; centrando sus esfuerzos en el ataque a los derechos de las mujeres y los derechos de las personas LGBTIQ+.”
Vivimos un contexto de oposición feroz y permanente a los derechos humanos, desde los feminismos esto se ha nombrado como una “arremetida fundamentalista” que se expresa en diferentes escenarios; desde el permanente cuestionamiento al enfoque de igualdad de género en la educación y las políticas públicas (recordemos la nefasta campaña Con Mis Hijos No Te Metas), la presentación de propuestas legislativas para limitar el avance en materia de educación sexual integral y autonomía reproductiva, hasta el cuestionamiento e incluso difamación de autoridades que defienden estas demandas.
Los/as parlamentarios/as que apoyan la citación a la titular del sector y que – siendo reales- buscan su interpelación, cuestionan la institucionalidad de los derechos de las mujeres. Lo que está en disputa es el modelo de sociedad que queremos. Hay un sector cada vez más grande en los espacios de poder cuya finalidad es proteger al patriarcado, como forma de organización social, tienen mapeadas a las feministas, a las defensoras de derechos y sus iniciativas, respondiendo a cada propuesta de avance con un nuevo ataque buscando debilitar al Estado como garante de derechos.
El Perú tiene compromisos asumidos en convenciones y tratados internacionales, que se vinculan con promover y garantizar la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. El Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura han recomendado en diversas oportunidades despenalizar el aborto, sobre todo en casos de violación sexual e incesto, por ser esta una prohibición que extiende el sufrimiento de las victimas de ataques sexuales.
El Comité que da seguimiento a la Convención contra todas las formas de discriminación hacia la mujer – CEDAW, evaluó al Estado Peruano este año y observa con preocupación la permanencia de disposiciones legales que responsabilizan penalmente a las mujeres por acceder a un aborto, lo que las fuerza a la clandestinidad, poniendo en riesgo su vidas y salud (CEDAW, 2022)
En el congreso actualmente hay un proyecto de Ley, presentado por la congresista Ruth Luque, que plantea la despenalización del aborto en casos de violación sexual. Recordemos que solo en el 2021, 1436 niñas menores de 14 años fueron obligadas a tener partos producto de este crimen.
Aunque no podemos dejar de reconocer que el debate sobre el aborto en el Perú es un tema complejo, este tiene que darse de forma alturada y abordando el problema como un asunto de salud pública y derechos humanos. No podemos seguir el juego a sectores que lejos de defender “la vida” la vulneran diariamente con propuestas y cuestionamientos que generan estancamientos, odios, estigmatización y retrocesos.
