La historia de la democracia directa en Suiza es de larga data. Los ciudadanos tienen voz y voto, a través del referéndum, para aprobar (o no) los textos elaborados por las autoridades comunales, cantonales y confederales, y pueden proponer cambios constitucionales por medio de iniciativas populares. Además, toda modificación a la Constitución es sometida en automático al voto del pueblo.
El domingo pasado, los suizos votaron por dos cosas: el matrimonio igualitario, y una iniciativa de los jóvenes socialistas que proponía introducir un impuesto a las ganancias por dividendos, acciones y rentas, con el supuesto objetivo de reducir la desigualdad, buscando incrementar los impuestos en ganancias de capital en 1.5 comparado con los impuestos regulares. Los resultados fueron los soñados por cualquier liberal: 64% de aprobación para el matrimonio igualitario, y un rotundo 65% en contra de la iniciativa del partido socialista.
Suiza ostenta el puesto #4 en términos de libertad económica en el mundo, y es un país bastante atractivo para las grandes fortunas. No en vano, muchos de los millonarios de otros países con políticas tributarias más restrictivas deciden poner su plata aquí. Es, además, uno de los países con menos pobreza en el mundo. Ante esta realidad, los suizos no consideraron que fuera necesario hacer una reforma tributaria, a pesar de que, seguro a la mayoría de los votantes les hubiera convenido en el corto pazo.
Esta no es la primera vez que los suizos votan en contra de iniciativas que suenan muy atractivas, pero que técnicamente no son lo mejor para la economía. Casi todas las propuestas de los partidos de izquierda por modificar el sistema fiscal han fracasado en las últimas décadas. La introducción de un impuesto a las herencias, intentos de introducir impuestos a las ganancias de capital, y otras iniciativas de aumento de los impuestos a los más ricos, se vieron frustradas en el voto popular. Incluso, en el 2018, un 77% de los suizos votaron en contra de una iniciativa que planteaba que cada ciudadano adulto podría recibir una pensión de 2.250 euros solo por ser ciudadano suizo, porque la consideraron dañina para la economía. ¡Increíble!
Quienes se oponían a la llamada iniciativa “del 99%”, que no logró prosperar, sostienen que suiza ya cobra impuestos a las personas de manera escalonada, la desigualdad en suiza es una de las menores en el mundo (puesto 24 de 160 países, incluso en mejor posición que Alemania), y el sistema de seguridad social en el país europeo es suficiente para mitigar las desigualdades. Los números, tanto macroeconómicos como de la votación, terminaron dándoles la razón.
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