[OPINIÓN] Mis simpatías por Alfonso López Chau y por Ahora Nación son suficientemente conocidas. Conviene, sin embargo, precisar sus fundamentos. Mi apego no responde a una presunta filiación comunista que no existe, ni a su vinculación juvenil con el aprismo, que no fue más que eso. Lo que encuentro valioso en su propuesta es la reivindicación de una socialdemocracia del siglo XXI que, sin renunciar a sus fundamentos doctrinarios, procura responder a las exigencias de una sociedad profundamente desigual y políticamente fragmentada. Desde esta perspectiva, comprendo plenamente la respuesta que el líder de Ahora Nación publicó en Hildebrandt en sus Trece, el pasado 14 de noviembre.
Ahora Nación, y particularmente su principal dirigente, ha enfrentado una sucesión de cuestionamientos cuya procedencia y motivaciones no siempre resultan identificables. Sería imprudente atribuirles un origen común o aventurar explicaciones sin suficiente sustento. Lo importante es distinguir entre las discrepancias que provienen de la interna de una organización política en formación y los virulentos ataques externos que algunos parecen apresurados en diseminar.
El reciente relevo en la vocería parlamentaria de la Bancada de Diputados de Ahora Nación debe comprenderse dentro de un franco proceso de institucionalización. La decisión respondió al propósito de reconocer mayores márgenes de autonomía a los representantes de la bancada, sin desconocer una premisa elemental: quien ejerce la vocería no expresa exclusivamente sus preferencias personales, sino la posición institucional del partido. La libertad de conciencia de los parlamentarios y la coherencia de la representación colectiva no constituyen principios incompatibles; su adecuada articulación es uno de los desafíos fundamentales de cualquier organización democrática.
El problema trasciende, por supuesto, a Ahora Nación. Durante décadas, el Perú ha experimentado un progresivo debilitamiento de sus organizaciones partidarias, acompañado por la erosión de sus tradiciones doctrinarias y sus mecanismos de deliberación interna. En semejante contexto, lo verdaderamente relevante no es la existencia de discrepancias al interior de un partido, sino la capacidad de procesarlas institucionalmente, corregir errores y convertir las dificultades en oportunidades de aprendizaje democrático.
Esta consideración nos conduce al núcleo de la controversia sobre López Chau. Se le ha calificado de tibio, inconsecuente, traidor e incluso de complaciente con el fujimorismo. Tales imputaciones parecen descansar sobre una concepción de la política según la cual la autenticidad de las convicciones se mediría por la intensidad del enfrentamiento con el adversario. Cuanto mayor la confrontación, mayor la firmeza; cuanto más radical la descalificación, más inequívoca la identidad política. Esta lógica termina confundiendo la intransigencia con la coherencia y la disposición al diálogo con la debilidad.
La degradación del debate público no constituye una singularidad peruana. Forma parte de una tendencia internacional en la que la polarización ha debilitado los espacios de entendimiento entre posiciones legítimamente divergentes. El estilo político de Donald Trump supone una manifestación particularmente visible de esta dinámica, pero el problema tampoco es patrimonio exclusivo de la derecha. Desde otras tradiciones ideológicas también pueden surgir proyectos que, al aspirar a una hegemonía cultural excluyente, subordinan el pluralismo a una concepción absoluta del poder.
Conviene recordar que la democracia no se define únicamente por la competencia electoral ni por la regla de las mayorías. Su sustancia descansa también en el reconocimiento de la legitimidad del adversario, la aceptación de límites al ejercicio del poder y la disposición a construir acuerdos sin renunciar a las convicciones propias. La deliberación y el pluralismo no constituyen concesiones tácticas, sino condiciones esenciales del orden democrático.
Es precisamente aquí donde encuentro una de las principales virtudes políticas de Alfonso López Chau. Su insistencia en el diálogo no expresa indefinición ideológica, sino una comprensión de la democracia como práctica permanente de convivencia entre proyectos diferentes. Dialogar con un adversario no equivale a suscribir sus posiciones, del mismo modo que alcanzar acuerdos específicos no supone legitimar decisiones cuestionables.
Esta disposición tampoco puede convertirse en una obligación de entendimiento a cualquier precio. Existen principios que no admiten transacción: el respeto a la Constitución, la separación de poderes y las libertades fundamentales. Cuando estos límites son vulnerados, la oposición tiene la responsabilidad de denunciarlos y defender el Estado de derecho. Sin embargo, la defensa de la democracia no debería confundirse con la clausura definitiva de toda interlocución política.
En esa combinación de firmeza doctrinaria y disposición al entendimiento reside el sentido de una izquierda democrática. No se trata de un reformismo resignado ante las desigualdades existentes, sino de una tradición que reconoce en las instituciones representativas, la negociación y la transformación gradual instrumentos legítimos de cambio. Es aquí donde la referencia a Bernstein adquiere pertinencia: la democracia constituye un principio irrenunciable y no simplemente un procedimiento instrumental.
Quienes esperan de Ahora Nación una confrontación permanente con el fujimorismo encontrarán otras organizaciones más próximas a sus expectativas. Pero sería un error concluir que la disposición al diálogo constituye necesariamente complacencia. Una oposición responsable puede cuestionar severamente al gobierno, denunciar sus excesos y, simultáneamente, respaldar iniciativas beneficiosas para el país.
Ahora Nación tiene razones suficientes para mantener una posición crítica frente a una administración que evidencia dificultades de conducción y ausencia de orientación estratégica. Precisamente por ello, su responsabilidad no debería agotarse en la denuncia. También le corresponde formular alternativas y promover acuerdos capaces de contribuir a corregir el rumbo nacional.
La cuestión decisiva no consiste, entonces, en determinar si debe existir oposición, indispensable para cualquier democracia auténtica, sino qué clase de oposición necesita el Perú: una que encuentre su principal razón de ser en la confrontación permanente o aquella que combine la fiscalización rigurosa con la búsqueda de soluciones compartidas.
Por estas razones respaldo la orientación democrática de Alfonso López Chau, sin concederle infalibilidad ni sustraerlo al escrutinio que corresponde a cualquier dirigente. Sus decisiones pueden discutirse y sus errores deben señalarse. Pero juzgar su actuación exclusivamente desde los parámetros de una cultura política habituada al enfrentamiento supone desconocer el sentido de su propuesta.
Quizá el principal aporte de Ahora Nación a la democracia peruana no consista únicamente en construir una alternativa de gobierno, sino en recuperar una forma de hacer política que el Perú parece haber olvidado: aquella en la que la firmeza de las convicciones no excluye el respeto al adversario, la crítica no cancela el diálogo y la búsqueda del poder permanece subordinada a la defensa de la democracia y del bien común.






