[OPINIÓN] Hay algo paradójico en la política peruana de nuestros días: nos hemos acostumbrado tanto al enfrentamiento que empezamos a mirar con desconfianza a quienes intentan evitarlo. La búsqueda de acuerdos parece sospechosa, la voluntad de escuchar al adversario se confunde con debilidad y la disposición a reunir posiciones distintas suele interpretarse como falta de carácter. Acaso este sea uno de los síntomas más preocupantes del deterioro de nuestra cultura democrática: hemos perdido, en buena medida, la capacidad de reconocerla cuando se manifiesta.
La democracia no consiste únicamente en organizar elecciones, distribuir escaños o contabilizar votos. Tampoco se agota en la competencia entre partidos ni en la confrontación de ideas, indispensable, por cierto, en cualquier sociedad libre. La democracia supone, sobre todo, aceptar que nadie representa por sí solo a la nación, que el adversario conserva plena legitimidad política y que el ejercicio del poder tiene límites que no pueden ser traspasados por la sola conveniencia de una mayoría circunstancial.
En el Perú, sin embargo, la política ha ido adquiriendo una preocupante lógica de suma cero. Cada elección se convierte en una batalla por la supervivencia; cada discrepancia, en una oportunidad para descalificar; cada institución, en un territorio que debe conquistarse o conservarse. El copamiento institucional, las alianzas circunstanciales y el cálculo de corto plazo desplazan así a una pregunta esencial: ¿qué es lo mejor para el país?
En ese escenario, la construcción de consensos se ha vuelto una tarea difícil, incluso incómoda. No porque el Perú carezca de diferencias legítimas —las tiene, y profundas—, sino porque hemos debilitado los espacios y las prácticas que permiten procesarlas democráticamente. Con frecuencia, el debate público se organiza alrededor de quién derrota a quién, antes que de cómo resolver los problemas comunes. El resultado es una política que consume buena parte de sus energías en disputas por el poder mientras las demandas ciudadanas permanecen insatisfechas.
Es en este contexto donde conviene observar la experiencia de Alfonso López Chau. Su apuesta por convocar a sectores distintos, establecer puentes entre sensibilidades políticas y reivindicar una relación menos confrontacional entre la izquierda democrática y otras corrientes no está exenta de dificultades. Tampoco garantiza, por sí misma, resultados satisfactorios. Pero merece ser examinada por lo que intenta recuperar: la idea de que la política democrática no consiste solamente en representar a los propios, sino también en encontrar formas de convivencia con quienes piensan diferente.
Sin embargo, López Chau debe resolver las discrepancias en su bancada y demostrar que la búsqueda de unidad puede traducirse en posiciones coherentes. Una fuerza política necesita principios reconocibles, capacidad de decisión y mecanismos para resolver sus diferencias internas.
Pero una cosa es exigir coherencia y otra muy distinta confundir la práctica del diálogo con la indecisión. Si una figura política procura escuchar posiciones divergentes antes de adoptar una decisión, quizá no esté evitando el conflicto, sino intentando administrarlo de una manera distinta. La diferencia es sustancial: en una democracia madura, los desacuerdos no desaparecen, pero dejan de ser necesariamente el preludio de una ruptura.
La historia republicana ofrece ejemplos valiosos de esta tradición. El entendimiento entre Víctor Raúl Haya de la Torre y Luis Bedoya Reyes durante el proceso constituyente que condujo a la Constitución de 1979 recordó que era posible construir acuerdos entre adversarios ideológicos cuando estaba en juego un objetivo superior. Aquella experiencia no eliminó las diferencias entre sus protagonistas ni las contradicciones de la política peruana. Demostró, sin embargo, que la responsabilidad democrática puede exigir algo más difícil que la confrontación: reconocer al otro y negociar con él sin renunciar a las propias convicciones.
Ese es precisamente el desafío que tenemos por delante. El diálogo no debe ser una estrategia para obtener ventajas pasajeras, del mismo modo que la firmeza no debe confundirse con la intransigencia. Una democracia necesita ambas cosas: principios que no se negocian y espacios de entendimiento donde sí sea posible construir soluciones.
Quizá el problema peruano no sea que existan dirigentes dispuestos a buscar acuerdos, sino que nos hemos habituado tanto a una política de trincheras que empezamos a considerar extraña esa disposición. Hemos confundido demasiadas veces la contundencia con la autoridad, la obediencia con la unidad y la derrota del adversario con el triunfo del país.
Restaurar la democracia exige, por eso, algo más que cambiar nombres, renovar bancadas o modificar las reglas electorales. Requiere recuperar una cultura política en la que el poder se entienda como responsabilidad y no como botín; en la que las instituciones sirvan al conjunto de los ciudadanos y no a las mayorías de turno; y en la que el bien común vuelva a ser la razón de ser de la actividad política.
López Chau podrá acertar o equivocarse en ese camino. Su propuesta deberá juzgarse por sus decisiones, sus resultados y su capacidad para mantener la coherencia entre sus principios y sus actos. Pero el intento de restituir el diálogo a la vida pública merece una evaluación que se no limite a la velocidad en la que se obtienen los resultados, este nuevo equilibrio de poderes apenas cuenta con tres meses de instituido.
Porque, al final de cuentas, la pregunta más importante no es si un dirigente consigue imponerse sobre los demás, sino cuánto contribuye a que podamos volver a convivir democráticamente. Y en un país donde la política parece haber olvidado esa tarea, reconstruirla no es una señal de debilidad. Es una de las responsabilidades más urgentes de nuestro tiempo.
