“Los aficionados persiguen el sol y se queman. El poder permanece en las sombras”.
Lewis Strauss.
[CON ANTEOJOS] Este es uno de los largometrajes más esperados del 2023, Oppenheimeren cifras ha superado los $500,000 de recaudación y se ha convertido en la película bélica más taquillera de la historia del cine. No solo la historia del proyecto Manhattan ha resultado muy atractiva, sino que Nolan logra capturar al espectador en un largometraje de 3 horas, que no permite el aburrimiento, parte de ello, por su narrativa coherente y efectiva.
La cinta transcurre desde sus años de estudiante en Cambridge hasta el ocaso de su vida. Está focalizada en todos los entretelones de la construcción de la bomba que en 1945 arrasó con las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, dejando más de 200,000 muertos.
Además de acercarnos al personaje de Oppenheimer, encontramos también a otros como Albert Einstein (teoría de la relatividad), Lewis Strauss (Presidente de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos), el general Leslie Groves (responsable militar del proyecto Manhattan) Harry S.Truman (Presidente de los Estados Unidos) y muchos científicos más. A pesar del evidente poder patriarcal de la época, destacan dos personajes femeninos, que, pese a que son los intereses sentimentales de Oppenheimer, definirán las decisiones del protagonista, personajes poderosamente complejos, Jean Tatlock (periodista, escritora, médica y militante del Partido Comunista de Estados Unidos) y Katherine Oppenheimer (bióloga, botánica alemana, militante del Partido Comunista de Estados Unidos).
Como es habitual en el cine de Nolan, la complejidad de su mente se proyecta en pantalla, esta vez canaliza la gran cantidad de información a través de diálogos que van permitiendo hilar el mundo de intrigas alrededor de la construcción de la bomba atómica, dejando ver finalmente, que la existencia de la misma depende más de los intereses y poderes políticos, que de los propios científicos.
El film puede tener dos lecturas, por un lado una pequeña subjetividad, genera en adelante toda una persecución y castigo sobre la figura del físico americano debido al resentimiento que causó la indiferencia de Einstein frente a Strauss, este último interpretado por un magistral Robert Downey Jr. Por otro lado, la manipulación de quien debe arrepentirse la vida entera, por haber tenido acercamientos con el Partido Comunista y como consecuencia de ello, involucrarse en la responsabilidad de haber iniciado la era nuclear.
A ciencia cierta, nadie sabe con exactitud que existe en la mente de Oppenheimer, pero la cinta navega en sus obsesiones, sus idas y venidas en cuanto a ideas y amores. Situaciones resueltas cinematográficamente con un sin fin de planos cerrados que siempre nos acercan sin llegar a develar demasiado. La mirada insondable del protagonista es un misterio que atrapa desde el inicio.
Al actor irlandés Cillian Murphy lo conocemos por Batman, El Origen y Dunkerque del mismo director que hoy le da su primer protagónico en pantalla grande. Sin embargo, la crítica lo aplaudió por su trabajo en Peaky Blinders, exitosa serie inglesa en donde interpreta al mafioso Tommy Shelby. Murphy ya no es solo el actor fetiche de Nolan, es el actor que celebra el mundo entero.
Así como complejas son las intrigas políticas en este film, amplio es también su reparto. Por un lado tenemos más de 50 personajes. Entre los que destacan la aparición de Gary Oldman como el presidente Harry S.Truman, Matt Damon como el general Leslie Groves. Kenneth Branagh como Niels Bohr, entre muchos más. Ni un personaje es simple, ni su aparición está demás. Emily Blunt como Katherine Oppenheimer se luce en un personaje que oscila entre la insatisfacción de su vida, la valentía con la que enfrenta los conflictos y su adicción al alcohol. Dimensiones presentadas en paralelo con las angustias del protagonista. Un contrapunto eficaz que destierra la idea de la mujer como adorno o simple complemento.
También está Florence Pugh en incisivo personaje, como Jean Tatlock, no ajena a las contradicciones, pero sobre todo de gran impacto narrativo y emocional. El resultado del trabajo de ambas actrices merece todo el reconocimiento.
El cine de Nolan no sería lo que es, sin la edición de sonido y banda sonora que lo acompaña. En este caso el responsable nuevamente es Ludwig Goransson, el mismo que armó las piezas en Tenet (2020) y que resaltó por su trabajo en la serie Mandalorian. Con este film, no sólo remarca los momentos de tensión, sino que nos hace participar de las emociones más intensas.
Oppenheimer es un film de contrastes, no solo por la iluminación de sombras y colores intensos, sino porque transita en la culpa, desprestigio y redención de un personaje al que acompañamos por 3 horas sin descansar, creyendo entender su psiquis, pensando que el dolor que lo domina, es por ser responsable del los horrores de la guerra, cuando en realidad el poder y la decisión de todo eso, como dijo Strauss, se esconde tras las sombras.
El horrendo crimen contra el candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, que apunta claramente a las mafias del narcotráfico (los dedos acusadores que apuntan a Rafael Correa más parecen intentos de aprovechamiento político de la tragedia), pone sobre el tapete la pavorosa infiltración de las mafias ilegales en la política latinoamericana (véase nomás el reciente escándalo que compromete al presidente colombiano Gustavo Petro, acusado de recibir dineros narcos para su campaña).
El inmenso poder económico alcanzado por el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando, el tráfico de armas, la explotación maderera informal, el tráfico de terrenos, las pandillas extorsivas, etc. los conduce inevitablemente a tratar de tener peso político suficiente para garantizar impunidad para sus actividades ilícitas.
Así, han cooptado autoridades locales, policía, fiscales, jueces, parlamentarios y ahora aspiran a hacer lo propio con los mandatarios de turno, bajo la seducción del dinero o la amenaza y el chantaje directo, como ha sido el caso de Villavicencio, periodista de investigación que estuvo asilado en el Perú algunos años.
El lamentable suceso nos trae a la memoria los homicidios de Luis Carlos Galán en 1989 y Luis Donaldo Colosio en 1994, candidatos a la presidencia de Colombia y México, respectivamente, que marcaron la historia política desde fines de siglo hasta la actualidad en sus países.
Lo ocurrido marcará un hito en la política latinoamericana. Es una nueva clarinada de alerta sobre el destino al que los Estados regionales se están conduciendo por la inacción de las democracias para domeñar las mafias que se enseñorean en sus predios, y cuya defección no hace sino alimentar a populistas extremos, como Bukele en El Salvador, quien, a despecho de las formas democráticas, ha acabado con las pandillas que dominaban el territorio salvadoreño y, a pesar de sus devaneos autoritarios, goza por ello de enorme simpatía popular.
En el Perú hace muchas décadas o siglos que no sufrimos de magnicidios semejantes (Balta, Pardo, Sánchez Cerro en los siglos XIX y XX), salvo que incluyamos en ese bolsón a los asesinatos de autoridades perpetrados por el terrorismo, pero la situación de crecimiento de las mafias ilegales torna madura una situación en la que fácilmente algo así podría volver a ocurrir.
Es hora de que la democracia peruana tome plena conciencia del inmenso peligro que comporta la coexistencia tácita con estas mafias. Más temprano que tarde, si no lo han hecho ya, darán el salto a la política y allí sí entraríamos a una etapa tan disfuncional de la democracia que sembraríamos el terreno de cultivo para opciones autoritarias y radicales, que al son de prometer acabar con esas lacras, se zurren en las formas mínimas del Estado de Derecho.
[EN LA ARENA] El 28 de julio, Dina Boluarte disparó una sarta de proyectos de ley pidiendo con urgencia que fuesen aprobados por el Congreso. Como en una campaña electoral, sin preocuparse de que estos formen parte de –o deformen políticas públicas con fines claros, prometió hasta puestos de trabajo: que los licenciados de las Fuerzas Armadas, los reservistas, pasen a ser policías del Orden y Seguridad de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Ser policía no es un puesto cualquiera. Su labor es prevenir diversos hechos de violencia, mejorar la convivencia pacífica y aplacar las acciones delictivas. Trabajar de la mano con otros sectores, como el Poder Judicial, el sistema de salud y los gobiernos locales. No se trata de un soldado con deber de batallar contra el enemigo. El Estado le ha designado ciertos compromisos que responden al interés público: el evitar conflictos (políticos, religiosos, sociales, culturales) y asegurar el bienestar de la población; jamás lo contrario.
Eso implica confiar y ahí empieza el profundo problema que enfrenta la PNP, pues es considerada como la quinta institución más corrupta del Estado peruano (Proetica 2022). Es usual en la televisión ver la detención de policías por vincularse a mafias, narcotráfico, extorsionar a trabajadoras sexuales, cobrar coimas, lavar activos, etc. Como contraparte, la PNP también cuenta con espacios televisivos para difundir las capturas de delincuentes logradas en sus campañas, pero no consiguen revertir la percepción de desconfianza y corrupción.
El actual proyecto de Ley, cuestionado por especialistas en seguridad ciudadana, fue sustentado ante la Comisión de Seguridad Ciudadana por el Comandante General de la PNP, Luis Alberto Vergara, quien señaló como razón para convocar a los reservistas que solo se cuenta con un policía por cada 500 ciudadanos y que “cada año hay menos efectivos policiales para hacer frente a la creciente ola de delincuencia”. La primera es correcta, los estándares internacionales sostienen que se debe contar con un policía por cada 250 personas. Lo que sí es falso, es que cada año se tenga menos efectivos policiales y que la ola de delincuencia sea creciente.
Diez años atrás en el Perú se produjo una escalada de violencia que llegó a su pico el año 2018 cuando se alcanzó una tasa de casi 8 personas asesinadas por cada 100,000 habitantes. El advenimiento de la pandemia disminuyó notoriamente el número de asesinatos y el año pasado, la cifra fue de 6, una tasa previa al 2013, antes de la migración masiva y del desplazamiento de mafias por todo el continente. A pesar de que nuestra población ha aumentado en más de cuatro millones de personas desde ese momento, se ha mantenido el mismo número de víctimas de algún hecho delictivo, lo cual no es poca cosa: hoy, es la cuarta parte del país, hace diez años, era casi la tercera.
Es muy probable que este control sea resultado de las diversas reformas que la policía ha ido viviendo desde el año 2017, cuando se cambió la organización interna y el modelo de formación policial. Lo podemos ver en las cifras. El año 2015, la Defensoría del Pueblo sostuvo ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno que sólo había un efectivo policial por cada 856 habitantes. En el año 2017, la cobertura subió a uno para 673 habitantes. Hoy como señaló el Comandante, han llegado a 500. La pregunta es entonces, por qué promete trabajo de policía a los reservistas la señora Dina Boluarte, quien gusta aparecer rodeada de militares. Ya la ley anterior había sido rechazada porque implicaba un cambio sustancial en el presupuesto de la PNP desequilibrando la distribución del erario nacional. Ahora, reaparece como promesa tras las masacres perpetradas por la policía durante el Estallido popular 2022-2023 que ella justificó en lugar de detener.
La policía peruana tiene otras necesidades y sabemos bien que la mayor fragilidad se encuentra en su formación profesional. El 2008 Sunedu reconoció el rango universitario a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, pero hasta la fecha no ha culminado con el licenciamiento, que asegura los estándares de una auténtica educación policial. Hay países que cuentan con centros de investigación avanzada, capaces de ofrecer diplomas y maestrías. La gran ventaja de una formación así, que abarca enfoques comunitarios, éticos y científicos, es que permite a la policía no dejarse manipular por sus autoridades políticas, abandonar la compulsión por enriquecerse ilícitamente y contar con la confianza de que la próxima vez que haya una marcha, no saldrán a matar.
Un mea culpa proporcional nos corresponderá hacer a los medios y periodistas que servimos de caja de resonancia de las múltiples filtraciones que proporcionaban los fiscales anticorrupción del caso Lava Jato. Contribuimos con su cobertura amplificada a crear falsos héroes, embarrar honras y darle visos de seriedad a procesos que estaban reñidos con la sindéresis judicial mínima.
Hoy se ve que el trabajo fiscal ha sido deficiente. Las carpetas están incompletas, los jueces no las admiten por su incoherencia legal, los casos se empiezan a caer, y los delitos imputados empiezan a asomarse como insolventes.
El caso Lava Jato va camino a ser un gran fiasco. Los culpables efectivamente hallados se han beneficiado de una dudosa laxitud en los procesos de colaboración eficaz, y muchos corruptos hoy duermen tranquilos, sin purgar las condenas que les correspondían.
Y el Ministerio Público sigue empeñado en querer hacer pasar por el ojo de una aguja las donaciones a las campañas electorales como si fueran lavado de activos, cuando a lo sumo corresponden a delitos administrativos de la legislación electoral.
Al final de cuentas, el mayor escándalo de corrupción conocido en el país en las últimas décadas va a terminar en nada por culpa de fiscales más preocupados por los impactos mediáticos que por procesar correctamente sus carpetas.
Y lo mismo se produce en el expediente Cuellos Blancos, el otro gran caso de corrupción destapado. Tuvo impacto político y administrativo inmediato, porque el gobierno de Vizcarra se compró el pleito y se produjeron cambios importantes, como la desactivación correcta del Consejo Nacional de la Magistratura y su reemplazo por la Junta Nacional de Justicia, y la salida de magistrados corruptos, pero en el camino, por disputas tontas entre fiscales y complicidades evidentes de otros, ha terminado en la inopia y con riesgo de consagrar la impunidad de algunos de los involucrados.
Los actos desesperados últimos de algunos fiscales (ampliación de fase investigatoria, involucramientos de más personas, etc.) solo demuestra que hay consciencia en ellos de que han hecho un mal trabajo, el mismo que ha sido advertido con crudeza por algunos magistrados del Poder Judicial, como el juez César San Martín.
Que nos sirva de lección. El periodismo de investigación no puede devenir en correveidile de intereses de fuentes fiscales o judiciales, y los entes encargados de impartir justicia (fiscales y jueces) están obligados a no olvidar la máxima profesional de imponer la verdad judicial, y no buscar escarmientos políticos a adversarios ideológicos.
[TIEMPO DE MILLENNIALS]A raíz de estos sucesos, la productora anunció que procederían a realizar la devolución del importe de las entradas y brindaron un link para registrar la solicitud de devolución. Sin embargo, luego de casi 9 meses, la mayoría de los usuarios (65% del total), incluyéndome, no hemos recibido ni un sol de la devolución. Una de las últimas comunicaciones de Teleticket fue: “Actualmente estamos enfrentando una situación en la que no contamos con los fondos necesarios para procesar tu solicitud de devolución, ya que estos no han sido provistos por el organizador del evento, te solicitamos que dirijas directamente tu solicitud a la razón social Fans Music Entertainment”. No obstante, la productora no responde mensajes ni correos.
Lo que más sorprende es que Fans and Music siga realizando conciertos como si nada, y que Teleticket siga siendo su portal de venta de entradas. A principios de junio, INDECOPI ordenó a Teleticket que, de manera inmediata, retenga los fondos de la productora, para que devuelva el importe de las entradas a los consumidores afectados, pero esto no se ha llevado a cabo. Si siguen siendo su portal de ventas, entonces cuentan con los fondos. Pero en lugar de beneficiar a los consumidores prefieren enviar un comunicado desligándose de toda responsabilidad, y seguir lucrando en conjunto con Fans & Music.
Hace poco, INDECOPI multó con un total de 357.5 UIT (S/1.769.625), a la empresa Fans & Music por afectar los derechos de los consumidores durante los eventos arriba mencionados, ya que la empresa incumplió su deber de brindar servicios idóneos al sobrevender entradas para el concierto programado para el 22 de noviembre y por no realizar el concierto del 23 de noviembre de 2022, afectando así las expectativas de los consumidores, y por poner en riesgo la seguridad de los asistentes al evento ya que este superaba el aforo autorizado por la Municipalidad de Surco (Fuente: El Comercio).
Tenemos aquí a dos empresas faltándoles al respeto a los consumidores y omitiendo todos los principios de ética. Primero, ¿cómo puede una empresa como Fans & Music seguir operando cuando ha infringido tantas normas, cuando ha puesto en riesgo la seguridad de los usuarios, y cuando adeuda dinero a más de 5 mil personas que adquirieron entradas para uno de sus conciertos? Y segundo, ¿cómo puede Teleticket seguir siendo el portal de ventas de esta productora cuando están al tanto de lo que se adeuda, y cómo pueden desligarse del tema enviando ese comunicado cuando siguen teniendo acceso a los fondos de Fans & Music generados por los otros conciertos que llevan a cabo?
No queda otra que, nosotros como usuarios, seamos quienes castiguemos a este tipo de empresas para que no continúen atentando contra nuestros derechos como consumidores. Quedarse de brazos cruzados solo permitirá que sigan realizándose este tipo de abusos. Tomemos acción, iniciemos una demanda colectiva y no sigamos siendo usuarios de Teleticket o asistiendo a eventos de productoras que no velan por nuestra seguridad o por nuestros intereses.
Se va a necesitar un líder político comprometido con un espíritu radicalmente reformista, desde las orillas de la derecha, si quiere competir con éxito con la baraja que ya asoma desde la izquierda con potencialidades electorales (Antauro, Bellido, Bermejo, quizás Cerrón, Mendoza en mucho menor medida, Huillca, etc.).
No se ve en el horizonte mucho de dónde escoger. De los partidos vigentes no se asoma ninguno. Ni de Acción Popular, ni de Alianza para el Progreso, ni de Somos Perú, ni de Renovación Popular, ni de Fuerza Popular, ni de Avanza país, ni del APRA. Tendrá que ser alguien nuevo.
Pero ese candidato debe reunir algunos requisitos. Primero, carisma suficiente, sin duda. Segundo, seducción por el poder, esos que se “sacrifican” por el país no sirven. Tercero, clara filiación ideológica, nada de centrismos aguachentos. Cuarto, profundo compromiso con un capitalismo liberal que no mire de costado las reformas institucionales requeridas (salud y educación públicas, reformas político-electorales, inseguridad ciudadana, descentralización, estrategias anticorrupción, etc.).
No hay hasta el momento, a menos de tres años del proceso electoral (suponiendo que se realiza el 2026), liderazgos semejantes. Asoman algunos: Carlos Anderson, Roberto Chiabra, Rafael Belaunde, Carlos Espá y quizás alguno otro por allí, pero aún les falta madurar las variables señaladas. Por lo pronto, hoy parten con desventaja respecto de los de la orilla izquierdista, que ya cuentan con el 15% o más del voto asegurado (solo con el sur andino ya tienen ese bolsón fijo).
Un trabajo persistente, visitas a todo el país, desmarque de la estabilidad mediocre del gobierno actual, propuestas disruptivas y mucho tesón, son elementos que deberán caracterizar a estos nuevos liderazgos de la centroderecha, si quieren ser protagonistas exitosos de la justa electoral venidera.
Ojalá les dé el cuero y el tiempo. Nos jugamos el país en las elecciones próximas. Podemos perder lo poco que tenemos democracia y lo mucho que tenemos de libertades económicas, y entrar, ahora sí, a la órbita autoritaria, radical y populista de los regímenes de izquierda que se enseñorean en la región y de la que felizmente nos libramos con la expectoración legítima del nefasto Pedro Castillo del poder, pero cuyas sombras perviven en el imaginario popular.
Apenas ha pasado un año y medio de la recordada catástrofe ambiental que contaminó varias decenas de playas con petróleo y la historia parece repetirse. Durante los primeros días de agosto, vecinos y pescadores de Ventanilla han vuelto a encontrar petróleo en la playa y el temor crece ante la ausencia de un responsable de esta nueva amenaza al mar peruano.
En enero del 2022, la noticia sobre el derrame de petróleo en el mar peruano causó una inconmensurable indignación entre los peruanos. En aquella oportunidad, lo que fue catalogado como el peor desastre ecológico ocurrido en Lima llegó a afectar a 46 playas debido a que el petróleo derramado se extendía por más de siete millones de metros cuadrados de mar.
Este desastre ecológico que se produjo cuando un buque descargaba el crudo a la refinería La Pampilla dejó un sinnúmero de afectados. Por un lado se encontraban los animales que, en gran número, murieron a causa de la contaminación que dejaron los más de once mil barriles de petróleo vertidos en las costas peruanas, pero el daño incluso llegó a afectar a quienes se encontraban en tierra, como es el caso de los vecinos de Ventanilla que padecieron durante semanas de mareos y dolor de cabeza que eran ocasionados por la exposición a hidrocarburos.
Pero en este grupo de afectados tuvieron un papel protagónico los pescadores. Además de ver cómo su fuente de ingresos se veía afectada sin una fecha clara para el regreso a la normalidad, estos pescadores artesanales terminaron siendo usados para una precaria estrategia de limpieza del mar que ponía en grave riesgo su salud.
En esa oportunidad, gran parte de la indignación fue dirigida contra Repsol, la empresa encargada de la refinería, pero los reflectores de la ira colectiva también apuntaron al gobierno y las autoridades que, con sus acciones, demostraban no tener un plan de contingencia ni consideración por los afectados. Sin embargo, a más de un año y medio de dicha catástrofe ambiental, la historia se ha vuelto a repetir.
ALERTA EN EL MAR
En los últimos días, las escenas de enero del año pasado se volvieron a vivir en Ventanilla. Los vecinos de la zona y los pescadores nuevamente advirtieron la presencia de una considerable cantidad de petróleo en el mar que ya empezó a cobrar la vida de animales y, al igual que en 2022, la respuesta de las autoridades ha sido casi nula. Para conocer más detalles de este preocupante presente, Sudaca conversó con Alejandro Bravo, quien es pescador y también se ha desempeñado como secretario general de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú.
“No es nada del otro mundo que nuestras autoridades no reaccionen a este tipo de contaminación”, comenta Bravo sobre la ausencia de un plan de contención para este tipo de emergencias y agrega que “esto nos ha traído como preocupación latente que a las autoridades poco o nada les interesa”.
El experimentado pescador también manifiesta su preocupación por los ingresos de sus colegas que cree se verán perjudicados, entre otras razones, por la desconfianza de la población a comprar pescado en esa zona debido a la contaminación producto del petróleo derramado. “Se ha malogrado la imagen del pescador. El que quiera comer un ceviche lo primero que va a pensar es en la contaminación del mar”, señaló.
Para Bravo, las lecciones del pasado no han sido aprendidas y teme que la salud de sus colegas de pesca vuelva a verse afectada. “Cuando ocurrió el derrame anterior dieron una mascarilla de cincuenta céntimos, una indumentaria que poco o nada protegía y las manos desnudas para recoger el petróleo derramado. Sabiendo que es altamente contaminante”, cuenta a Sudaca y, con respecto a las marchas convocadas por el sector pesquero, añade que “si el pescador realiza su marcha es porque no lo escuchan”.
SE BUSCA RESPONSABLE
Hasta la fecha, no se ha logrado identificar al responsable de esta nueva crisis ambiental y, al respecto, Johnny Marchán, presidente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) declaró que “es muy difícil que este hallazgo sea un rezago del derrame de 2022” tal como lo desmintió la empresa Repsol en un comunicado emitido el 1 de agosto.
Por ello, Marchán señaló que recién en diez días se podrían conocer más detalles de la investigación que lleva a cabo OEFA con la intención de conocer más detalles sobre esta sorpresiva presencia de petróleo en la costa peruana. “Hemos monitoreado una extensión de cuatro kilómetros de playa y tomado muestras de agua y arena en tres playas (Azul, Cavero y Delfines)”, explicó sobre las acciones tomadas hasta el momento.
Marchán también comentó que también se hará una supervisión a la refinería de la zona así como sobrevuelo en helicóptero para monitorear y, entre las posibles teorías para explicar este nuevo derrame de petróleo considera que “podría haber sido de una embarcación que ha pasado por ahí y ha generado el derrame”.
Aunque muchas de estas acciones siguen pareciendo poco bajo la mirada de los pescadores que por ahora ven seriamente perjudicada su principal actividad y aumenta su decepción ante autoridades a las que consideran indiferentes a sus preocupaciones y hasta los han llegado a ver como aliados de quienes les causan problemas.
[EN EL PUNTO DE MIRA] ¿Qué es un influencer? Es un activista más que un intelectual. Escribe públicamente en medios escritos y virtuales notorios del país. Comenzó escribiendo en el boom de los blocks, allá por el año 2008. No escribe libros. Si los hace, son sus pares (otros influencers), quienes no lo leen con rigurosidad, sino los twittean para recomendarlo ante sus seguidores. Enseña (¿o forma influencers?) en el fundo Pando o San Marcos. Cuenta un compromiso político notorio a todas leguas, pero que negará por su “compromiso académico”: es antifujimorista y antiaprista militante.
El intelectual, por excelencia, pretendía escribir la historia del Perú o la historia de la literatura peruana o latinoamericana. Investigaba, era riguroso. Participaba del espacio público para formar conciencia crítica. El influencer, por estos tiempos de manifiestos de autosuperación personal, escribe textos sobre lo que ocurre tras bambalinas en los gobiernos. No va a examinar las relaciones de poder o los planes país; por el contrario, examina -por ejemplo- qué pasó en la relación marital entre Humala y Heredia. Participa del espacio público de acuerdo con las tendencias en Twitter, de la coyuntura y no de la historia.
El intelectual tenía compromiso político reconocido. Era aprista, socialcristiano, acciopopulista, conservador, de izquierda o de derecha. A partir de esa mirada, otorgaba o producía formas de ver la realidad. Hubo también sus intelectuales comprometidos con los principios más que con las ideologías. Los hubo. Hoy por hoy, el influencer va a negar cualquier militancia en honor a la “rigurosidad”, pero vasta con solo ver sus escritos públicos, uno se dará cuenta que posee subjetividad, activismo o militancia sus análisis. No milita en un partido político; milita en las redes sociales.
Dicho esto, quien escribe no es más que un amigo de la academia, un advenedizo en ese espacio, que lo que trata de hacer es poner sobre el tablero a este nuevo actor que salió con el boom de los blocks y que hoy por hoy pretende ser intelectual.
[INFORMES] Según dicen los historiadores, la noción de policía es antigua, aunque la palabra no la es. Y, aunque no sepamos los detalles concretos de cómo y cuándo nació la primera función policiaca, es lógico suponer que apenas los hombres descubrieron la manera de cultivar la tierra para obtener sus frutos, y, paralelamente, domesticar a los cuadrúpedos que compartían con ellos el territorio ubicado en el Mediterráneo oriental hace más de diez mil años, buscaron la forma de cuidarlos y evitar que los extranjeros se los robaran. Y así, crearon un cuerpo policial que protegiera sus fronteras y mantuviera el orden interno en sus tierras.
Como no existen testimonios de los pormenores de esa primera gran transformación de la humanidad, que consistió básicamente en dejar atrás el nomadismo y pasar al sedentarismo existente hasta nuestros días, varios escritores imaginaron ese enorme arco histórico de varios centenares de años, entre ellos el finlandés Mika Waltari en Sinuhé, el egipcio, el norteamericano Norman Mailer en Noches de la antigüedad y el israelí Yuval Noah Harari en Sapiens. Todos ellos coinciden en que el concepto de propiedad individual reemplazó poco a poco al de propiedad tribal, obligando a los más fuertes y a los más listos a crear fórmulas destinadas a imprimir en los súbditos las ideas de jerarquía, de territorialidad, de encargo divino y de obediencia a todos los anteriores.
Siglos después, como es lógico suponer, el concepto fue buscando la forma de transformarse en la palabra policía. Entre uno y otro fueron creándose cuerpos de seguridad en diferentes lugares de Europa, como la Santa Hermandad española de 1476, el Lieutenant Générál francés de 1667 y los alguaciles ingleses en la misma época. Pero el dato más cierto del ‘matrimonio’ entre el concepto y la palabra se dio en el siglo XVII francés, cuando París era la ciudad más grande y más peligrosa de Europa, momento en el cual las autoridades políticas deciden unificar todos los cuerpos de seguridad en uno solo y lo llaman Police. A partir de la Police francesa nacen la Police anglosajona, la Polizia italiana, la Polizei alemana y todas las demás policías europeas, que en escritura latina o cirílica son muy similares, reconociéndose rápidamente que la palabra fue posterior al concepto.
La propuesta de una policía rápida vista por el ex ministro del Interior Rubén Vargas Céspedes:
“Yo no creo que la creación de ese cuerpo policial mellaría el profesionalismo de la Policía; primero, porque el proyecto de ley tiene el mensaje subyacente de que nuestra Policía Nacional ha sido superada por el problema de la inseguridad: tenemos un desborde de la criminalidad organizada y de la criminalidad cotidiana del ‘raqueteo’ y del robo oportunista, enfrentando, a la vez, una situación en la que la Policía sufre un grave déficit de personal no sólo por el aumento de la criminalidad, sino porque -según información oficial documentada- anualmente pasan al retiro a su solicitud entre cuatro y cinco mil agentes policiales, es decir, en diez años han dejado la fuerza policial más de cincuenta mil agentes, generando un serio problema para atender el creciente avance de la criminalidad en sus diferentes versiones. Entonces, yo creo que debemos de evaluar medidas urgentes que permitan revertir dos cosas fundamentales: el serio problema de inseguridad pública en el que 90 por ciento de los peruanos coincidimos y, también, el tema de la victimización. Ahora bien, en el tema específico de esta propuesta, yo parto señalando que no es Made in Perú, pues en condiciones similares también se está trabajando una propuesta similar en Colombia. La Policía Nacional de Colombia tiene dentro de su estructura a un policía con un perfil muy parecido al que acá estamos empezando a discutir; lo mismo pasa en Chile, en Francia y en otros países, es decir, no estamos ante una figura nueva, sino que estamos ante un fenómeno mundial en el cual cada país involucrado está tomando decisiones parecidas en contextos similares al peruano, especialmente en Lima, una ciudad del tamaño y con la población de un país chico. Las experiencias internacionales nos dicen que la medida ha sido positiva, la participación de una Policía de las características planteadas por las autoridades nacionales ha sido positiva en los países citados y ha ayudado a revertir la percepción de inseguridad, sobre todo porque ese trabajo se ha concentrado en el trabajo conjunto con las municipalidades y en el trabajo preventivo; entonces, creo que debemos darle la bienvenida a la discusión de un tema tan importante y no rechazar pero se a esa posibilidad.
Uno de los problemas que podría poner en riesgo el proyecto de la Policía Comunitaria es lo siguiente: si no se tienen los adecuados filtros y las evaluaciones de integridad no son suficientes en el proceso de reclutamiento, podríamos -más bien- estar incubando un serio problema; si no se tiene el cuidado de invertir en los centros de formación de los suboficiales, entonces también podríamos tener serios problemas de formación, como hemos observado en el pasado. Esos son, qué duda cabe, dos problemas centrales.
Esta nueva Policía está destinada básicamente a trabajar en aspectos preventivos, en aspectos comunitarios, es decir, en las comisarías y en los municipios, no en la persecución de los crímenes eventuales o contra la criminalidad organizada. Estamos hablando de un cuerpo de prevención del delito, no de una policía especializada en perseguirlo y combatirlo”.
Así las cosas, veamos cuáles son los pro y cuáles los contra de la cien veces mencionada ‘policía rápida para combatir los delitos menores en el Perú del 2023’. Leamos:
El pasado viernes 28 de julio, durante la lectura de su extenso mensaje al Congreso, la presidenta Dina Boluarte anunció la presentación de un proyecto de ley para crear una nueva categoría dentro de la Policía Nacional, denominada tentativamente Policía de Orden y de Seguridad.
Como todos sabemos, para que ese proyecto se transforme en ley debe transitar el camino que realizan las normas vigentes, es decir, debe ingresar a la Comisión de Orden Interno, recibir la opinión de la Comisión de Constitución y, posteriormente, con el visto bueno de Orden Interno, llegar al pleno, donde se debatirá y se pondrá a votación. En síntesis, contando con el apoyo político de la mayoría de los congresistas, en el mejor de los casos, tomará como mínimo más de dos meses para su eventual aprobación y, de darse esta, se necesitará un tiempo igual o mayor para su reglamentación. Sólo así, la Policía Nacional podría comenzar a reclutar a las mujeres y a los hombres que integrarían la primera promoción de ese cuerpo de seguridad. Vale decir que, a toda máquina, los primeros graduados saldrían a las calles entre mediados de 2024 y comienzos de 2025.
Como quiera que nuestro país está sufriendo de un altísimo nivel de inseguridad y que la fuerza policial tiene un déficit de alrededor de 50 mil efectivos, es indispensable que las autoridades solucionen en el menor tiempo posible la carencia de efectivos policiales y la falta de armamento, de movilidad y de avituallamiento de los cuerpos policiales existentes, además de encontrar la forma más rápida de conseguir que se cree y reglamente esa nueva policía que esté más cerca al ciudadano para protegerlo ”de la criminalidad cotidiana del ‘raqueteo’ y del robo oportunista”, según palabras del ex ministro Rubén Vargas Cespedes.
Revisando las opiniones de los expertos en seguridad ciudadana consultados acerca de la viabilidad de la propuesta presidencial, hay un consenso que esa nueva categoría policial permitiría incorporar a 6 mil nuevos efectivos debidamente capacitados y equipados cada año, los cuales trabajarían bajo la supervisión de policías experimentados y al lado de los miembros de los serenazgos distritales respectivos.
El proyecto presentado por la máxima autoridad del Ejecutivo ante el Congreso prevé que la formación de los policías de Orden y de Seguridad tendrá una instrucción de dos semestres en los cuales se les entrenará en defensa personal y manejo de armas de fuego, y se les capacitará en materia legal, todo ello de acuerdo a los manuales y a los protocolos vigentes. Para intentar que las nuevas incorporaciones no sean solamente los reemplazos apurados de los policías experimentados que piden su baja anualmente, ya que 6 mil ingresos contra 5 mil egresos al año ayudan poco o nada, el proyecto ha previsto que los reclutas que hayan tenido instrucción previa de dos años en las Fuerzas Armadas podrán convalidar cursos relacionados con destrezas y habilidades propias de un oficio con un gran componente físico en tan solo un semestre académico. Estos últimos tendrán la opción de postular posteriormente a las escuelas de oficiales y suboficiales para lograr eventuales ascensos. Y como sus funciones según las normas legales están en el ámbito de la protección ciudadana, podrán portar armas de fuego y detener a los delincuentes en flagrancia, mas no podrán realizar funciones de investigación ni de trabajo administrativo.
Características de los contratos de los nuevos policías.
Los integrantes de la Policía de Orden y Seguridad podrán acceder a un contrato inicial de tres años, con la opción de extenderlo por otros tres años adicionales. Con una remuneración mensual equivalente a S/ 2,153.84 soles esto incluye EsSalud, además recibirá S/ 300.00 soles en el mes de diciembre y S/ 300.00 soles por escolaridad.
Tentativamente se puede albergar a los aspirantes a la Policía de orden y Seguridad en las 10 escuelas de Suboficiales que ascendería a un costo por implementación de infraestructura de S/ 13´512,853.00 soles. Se debe tener en cuenta que para el 2025 el número de escuelas van a reducirse, esta medida forma parte del proceso de reorganización de las escuelas de educación superior técnico profesional de la PNP, tal como lo señala el Decreto Supremo Nº 018-2019-IN. Y que también prohíbe la creación de nuevas Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial.
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El ministro del Interior, Vicente Romero, anunció que entre octubre y noviembre de este año se hará el cambio de mil patrulleros para Lima, también se estarían sumando 2000 motos que serán entregadas por un convenio con la Municipalidad de Lima.
El titular del Interior ha pedido plazo de 1 año para ver resultados. Pero la mayoría de ex ministros del Interior coinciden que se debe recuperar la institucionalidad porque la Policía está en una situación crítica básicamente por corrupción, se debe priorizar el presupuesto en temas de logística, de infraestructura y de tecnología ya que es un punto clave para la lucha contra el crimen organizado
Existen iniciativas similares que han dado resultados positivos en otros países, esto no significa que en el Perú tengan los mismos efectos, teniendo en cuenta las graves falencias que aquejan a la Policía desde hace varias décadas.
Ajustes necesarios en materia policial y penal
Hace poco más de 100 años, el gobierno del presidente Augusto B. Leguía creó la Brigada de Investigación y Vigilancia que tenía como funciones la investigación de los delitos, la seguridad de los funcionarios y el apoyo a las labores de justicia. El cuerpo policial encargado de investigar y perseguir el delito perdió su independencia administrativa cuando el gobierno de Alan García decidió fusionarlo en 1988 con la Guardia Civil y la Guardia Republicana. En lugar de mejorar sus funciones, la nueva institución llamada Policía Nacional del Perú ingresó en un proceso de descomposición con muchas fricciones internas, debido a que los guardias civiles y los investigadores tenían funciones distintas y poco compatibles, y los guardias republicanos vieron limitadas sus funciones desde el comienzo de la fusión.
De otro lado, dada la estructuración de la sociedad peruana hasta la llegada del gobierno militar de 1968, la criminalidad rural estaba circunscrita al abigeato y la urbana a los esporádicos asaltos a los bancos y a los homicidios de alto perfil en las clases sociales más favorecidas. Por esas razones, ni la Policía estaba preparada para combatir el terrorismo que nació al acabarse el gobierno militar ni a perseguir los delitos derivados del crecimiento desmesurado de la población capitalina por la gigantesca migración interna. Paralelamente, los abogados que ejercían el derecho penal se vieron desbordados por la proliferación de los delitos de cuello y corbata. Con la misma lógica existente en todos los procesos comparativos entre la función privada y la pública, los abogados de diferente formación se reciclaron y los más listos entre ellos se volvieron penalistas, enriqueciéndose rápidamente, mientras los policías de investigaciones tuvieron que graduarse sobre la marcha cuando persiguieron y capturaron a los cabecillas de las dos organizaciones terroristas -Sendero Luminoso y el MRTA- más sanguinarias de América del Sur. Como ‘premio’ a semejante esfuerzo, los legisladores le quitaron a la Policía la función de investigar los delitos y se la dieron al Ministerio Público, generando muchos de los problemas que hoy lamentamos.
Recapitulando, la solución a los problemas de la criminalidad creciente tiene que ver no sólo con la escasez de policías, sino con la falta de legisladores inteligentes, con la carencia de fiscales y de jueces bien preparados y con la súper abundancia de abogados penalistas mal preparados y de malos periodistas al servicio de fiscales ansiosos de popularidad a cambio de falsas primicias.
Por ello, Marchán señaló que recién en diez días se podrían conocer más detalles de la investigación que lleva a cabo OEFA con la intención de conocer más detalles sobre esta sorpresiva presencia de petróleo en la costa peruana. “Hemos monitoreado una extensión de cuatro kilómetros de playa y tomado muestras de agua y arena en tres playas (Azul, Cavero y Delfines)”, explicó sobre las acciones tomadas hasta el momento.
Características de los contratos de los nuevos policías.
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