Se ha presentado una demanda de amparo contra el Archivo General de la Nación (AGN), el Ministerio de Cultura y el Consorcio Transel. La acción legal tiene como objetivo detener el inminente traslado de valiosos documentos históricos desde la sede del AGN en el Palacio de Justicia a un almacén en el Callao, propiedad del consorcio.
El 12 de agosto, la noticia del contrato entre el AGN y el consorcio Transel por más de 12 millones de soles, destinado a realizar un traslado «temporal» de tres a cinco años, despertó alarma entre académicos, historiadores y ciudadanos. La documentación afectada, que incluye registros notariales, expedientes judiciales, y otros documentos de vital importancia para la ciudadanía, está programada para ser trasladada a un depósito ubicado en una zona industrial del Callao.
Es importante mencionar que este material es consultado diariamente por cientos de personas, y su resguardo es esencial para mantener los derechos de propiedad, herencia, nacionalización, entre otros.
La demanda presentada señala que el local al cual se pretende trasladar el archivo no cumple con las condiciones adecuadas para albergar documentos históricos.
Un informe de inspección del Ministerio de Cultura del 21 de mayo de 2024 ya había alertado sobre las deficiencias del espacio, y un informe posterior de la Contraloría General de la República advirtió sobre los riesgos físicos y legales del traslado. Entre estos riesgos, se encuentran irregularidades en la firma del contrato y la falta de saneamiento legal del local, que además está hipotecado por más de 8 millones de dólares.
La demanda de amparo no solo denuncia la falta de condiciones adecuadas para el traslado, sino que también subraya la violación de varios derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Entre estos derechos se encuentran:
- El Derecho a la Identidad Cultural de la Nación (Artículo 2.19): La pérdida o daño irreparable de estos documentos supondría un golpe notorio para la identidad cultural del Perú.
- La Conservación del Patrimonio Cultural de la Nación (Artículo 21): Este artículo obliga al Estado a proteger el patrimonio documental, una obligación que, según los demandantes, se estaría incumpliendo con el traslado.
- El Acceso a la Cultura y la Vida Cultural a través del Patrimonio Documental (Artículo 2.8, 2.17 y 21): Los demandantes argumentan que, de llevarse a cabo el traslado, no hay garantías de que los documentos sean accesibles al público en un futuro cercano, lo que afectaría los derechos de los ciudadanos a consultar archivos vitales para sus derechos civiles.
- El petitorio de la demanda es claro: exige que se detenga inmediatamente el traslado, se anule el contrato de arrendamiento y se inicien las gestiones para la construcción de una sede definitiva para el AGN, que cumpla con todos los requisitos necesarios para la conservación del patrimonio documental del país.
Los documentos que custodia el Archivo General de la Nación no son solo papeles antiguos almacenados en cajas. Son el testimonio vivo de la historia del Perú, desde los registros notariales que establecen derechos de propiedad hasta los expedientes judiciales que documentan la evolución del sistema legal del país. Este acervo representa la memoria de la nación, un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro de todos los peruanos.
El traslado de estos documentos a un depósito industrial sin las condiciones adecuadas no es una mera cuestión logística. Es un acto que podría resultar en la pérdida irreversible de información vital sobre la identidad y la historia del país. Como señalan los demandantes, ¿quién en su sano juicio confiaría sus pertenencias más valiosas a un espacio que no cumple con los requisitos mínimos de seguridad y conservación?
Al cierre de este informe, se espera que haya respuestas definitivas sobre el AGN. El Perú se enfrenta a un momento crítico en la preservación de su memoria histórica. La demanda de amparo presentada el 12 de agosto no solo busca detener un traslado que pone en peligro el patrimonio documental del país, sino que también llama la atención sobre la responsabilidad del Estado en la protección de su historia.
Es imperativo que el Poder Judicial, el Ministerio de Cultura y la ciudadanía en general reconozcan la gravedad de la situación y actúen en consecuencia para asegurar que el patrimonio documental del Perú no solo sea preservado, sino que también sea accesible para las generaciones futuras. En un país donde la historia y la identidad están tan intrínsecamente ligadas, proteger estos documentos es proteger a la nación misma.
