Hoy es el Día de los Muertos y lo celebran distintas iglesias y poblaciones a lo largo y ancho del planeta. Aquí en Latinoamérica, dominada por la Iglesia Católica, se celebra formalmente la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, un día destinado a rezar por nuestros fieles que se murieron verdaderamente arrepentidos pero que aún no pueden pasar al cielo (¡y ver a Dios!) porque se quedaron purificando en el purgatorio el impacto de sus pecados.
No sabemos si nuestros presidentes, dictadores y congresistas, nuestros jueces, militares y policías se arrepienten antes de morir. Cuando elucubramos mucho sobre qué pensó Alan García para quitarse la vida ante la llegada de la justicia a la puerta de su casa, no recuerdo a nadie haciendo mención del arrepentimiento. Pero este Día de los Arrepentidos, sí podemos afirmar que de acuerdo con la doctrina católica, por más que recemos por ellos, todos están condenados a llegar derecho al infierno, pues según el Papa Francisco, cuando se peca por corrupción, el mismísimo diablo dota de tanta seguridad al pecador que jamás siente la necesidad de pedir perdón (29 de enero de 1016).
Una de las posibles razones que impiden el arrepentimiento es que el corrupto ve con satisfacción cómo el beneficio de la corrupción enriquece y contenta a su narcisismo, mirando con orgullo cómo con esos ingresos ha florecido toda su familia, el partido, su gremio. Y entonces se declara inocente y empieza el largo proceso judicial que lo acompañará hasta poco antes de morir, jamás arrepentido.
En las últimas elecciones presidenciales de Brasil, tanto Luiz Inácio Lula da Silva como Jair Bolsonaro han sido acusados de corrupción. Lula, buscando que Brasil recibiera ganancias de los países vecinos y aumentara la riqueza nacional, fue acusado por el mismo Marcelo Odebrecht de haber formado parte de la red de sobornos. En abril de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de manera parcializada por la postura del Juez, impuso a Lula una pena de ocho años de prisión. Lula estuvo preso año y medio, pero fue liberado meses después, cuando la Corte Suprema falló en contra de su detención: su sentencia solo podía comenzar a cumplirse después de que el proceso hubiera pasado por todas las instancias. Además, se determinó que el Juzgado de Curitiba no tenía competencia para procesar y juzgar acciones que no habían ocurrido en su jurisdicción. Mientras tanto, desde la presidencia, Jair Bolsonaro nombró al Fiscal General, a pesar de que no era su competencia, para conseguir controlar las solicitudes de investigación. En particular aquellas en las que él y su hijo, mientras fueron congresistas, fueron acusados de retener parte del salario de su personal y haber comprado en efectivo más de 100 propiedades. Con su inocencia en juego, Bolsonaro ha conseguido imponer clasificaciones de confidencialidad por 100 años a datos de nombres de visitantes al palacio presidencial y a las comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lula Da Silva, durante campaña prometió: “En mi primer día de gobierno, revocaré esos secretos”. Para la Justicia Lula es inocente, explican los expertos legales, afirmación que aún no se puede emitir sobre Bolsonaro.
¿Qué hacer entonces con los gobernantes latinoamericanos? ¿Serviría de algo que se miraran corruptos y se arrepintieran? Porque si bien el arrepentimiento implica asumir voluntaria, sincera y responsablemente las consecuencias de sus acciones y dejar de cometerlas, algunos le exigen un cambio ideológico. Y así se hayan arrepentido, dice la Iglesia, quedan las reliquias de la corrupción y las penas que deben pagar a lo largo de su lentísimo y dantesco estado en el purgatorio, porque muchas oraciones para que salgan en días como estos, no recibirán.
