La Iglesia católica está de capa caída. O mejor dicho, de mitra caída. Porque a nivel mundial la confianza en los obispos católicos está venida a menos, con honrosas excepciones. La responsabilidad recae sobre los mismos obispos que, buscando defender la imagen de una Iglesia santa e impoluta, han encubierto los casos de abusos sexuales que han ido saliendo a la luz de manera viral, cual enfermedad grave, pandémica, que en cualquier momento deviene en terminal. Si es que algunos de ellos no han sido también abusadores, no sólo sexuales, sino también de conciencia, negadores de derechos humanos reconocidos por la conciencia moral colectiva de nuestro tiempo —esa cojudez, diría un arzobispo opusdeísta de nefasta memoria—.
Alemania no es una excepción. Las recientes decisiones que el cardenal Rainer Maria Woelki, arzobispo de Colonia, ha ido tomando desde octubre de 2020 han generado una crisis de tales proporciones, que en febrero de este año las solicitudes online de citas para salirse oficialmente de la Iglesia católica colapsaron la página web del juzgado de primera instancia de Colonia. Pues, a diferencia de otros países, el Estado alemán tiene que llevar registro de quién se considera católico o de cualquier confesión cristiana y quién no, ya que ello va unido al pago de un impuesto que se descuenta de los ingresos personales y que está destinado al sostenimiento de las instituciones eclesiásticas. Quien no esté dispuesto a pagar este monto, tiene que declarar ante el Estado su desafiliación de la Iglesia a la que pertenece, la cual lo considerará a partir de entonces prácticamente como un excomulgado.
Todo comenzó cuando, en un supuesto arranque de transparencia, Woelki le encargó en el año 2018 a un bufete de abogados de Múnich la realización de un peritaje sobre abusos sexuales en perjuicio de menores cometidos en la arquidiócesis de Colonia, para lo cual se les permitó acceso a los archivos diocesanos a fin de investigar los casos correspondientes desde el año 1946.
Ya listo el informe del bufete Westpfahl Spilker y Wastl, el 30 de octubre de 2020, sin embargo, el cardenal Woelki anunció en conferencia de prensa que no lo iba a hacer público debido a que presentaba deficiencias metódicas considerables y que, por lo tanto, no serviría para sacar consecuencias judiciales tanto a nivel de justicia civil como de derecho eclesiástico. Los abogados de Múnich, por el contrario, rechazaron las críticas de Woelki y se manifestaron posteriormente dispuestos a publicar el informe a riesgo propio, más aun cuando un informe similar elaborado por ellos mismos fue publicado en noviembre de ese año en la diócesis de Aquisgrán.
Aparentemente, el contenido del informe sería explosivo, pues en vez de las 135 víctimas de abuso y los 87 perpetradores entre 1946 y 2015 reconocidos oficialmente por la arquidiócesis de Colonia en el año 2018, en realidad habrían unas 300 víctimas y unos 200 perpetradores, además de encontrar responsabilidad de encubrimiento grave por parte de actual arzobispo de Hamburgo, Stefan Hesse, entonces encargado de la sección de personal pastoral en Colonia, y Dominikus Schwaderlapp, actual obispo auxiliar de Colonia.
Woelki encargó la elaboración de un nuevo informe a otro bufete de abogados, que debería estar listo a más tardar el 18 de marzo de este año. Sin embargo, el descontento de los católicos alemanes ante lo que ellos consideran una falta de transparencia, con la consiguiente sospecha de hallarse ante un acto más de encubrimiento, se ha hecho sentir. El Consejo Diocesano de los Católicos de Colonia, el Comité Central de los Católicos Alemanes, la Asociación de Periodistas Católicos de Alemania, e incluso el arzobispo de Múnich, el cardenal Reinhard Marx, quien fuera presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, han criticado el bloqueo a la publicación del informe por parte del cardenal Woelki. Esta manera de proceder es «desastrosa para todos nosotros», en palabras de Marx.
El 6 de enero de 2021 Woelki ofreció a cada periodistas la posibilidad de echarle un vistazo al informe durante 20 minutos, bajo la condición de que firmaran un acuerdo de confidencialidad. Toda la prensa sin excepción rechazó esta amañada propuesta.
Las consecuencias han sido devastadoras. ¿Cuántos católicos que se toman en serio van a querer seguir aportando vía impuestos a una Iglesia que desampara moral, psicológica y judicialmente a las víctimas y protege a los perpetradores? Los representantes de la Iglesia han perdido toda su confianza.
Mientras tanto, el juzgado de primera instancia de Colonia ha tenido que elevar de 1000 a 1500 las citas disponibles al mes para hacer una declaración de abandono de la Iglesia. Hay muchos creyentes que en lo personal siguen manteniendo su fe cristiana, pero no están dispuestos a seguir colaborando con un sistema que se asemeja a la mafia en su proceder, con código de silencio incluido.
Este esquema, que también se ha verificado en el caso del Sodalicio, sigue en pie. Cuando un informe de abusos no es de satisfacción de la institución que lo encarga, entonces se manda hacer otro que dé la impresión de que se está haciendo algo para combatir los abusos, cuando lo que en realidad se está haciendo es ocultar sus verdaderas dimensiones.
Autor: Martin Scheuch
Fecha: 12/03/2012
