La culpa es de los empresarios poderosos, de la derecha congresal y de la prensa -a los que se ha sumado ahora la Fiscalía de la Nación-, que se resisten a aceptar que “el gobierno del pueblo” siga su curso normal y lo quieren sacar del poder ilegal e inconstitucionalmente.
Ese es el tenor central del mensaje a la Nación dado anoche por el presidente Castillo, luego del operativo fiscal efectuado en el propio Palacio de Gobierno, por un equipo de fiscales y la Diviac, para detener a su cuñada-hija Yenifer Paredes.
De hecho, estamos convencidos que el primer mandatario se está inventando ex profeso una narrativa para justificar sus malas andanzas como presunto jefe de una organización criminal montada en Palacio para desfalcar al Estado peruano y en la que se han visto involucradas personas de su propia familia.
Los hechos hablan por sí solos. Su desprolijidad y sentido de impunidad es tal que los sobrinos, la familia política, los allegados más cercanos, han actuado ilegalmente de modo rapidísimo y precoz, en jugosas tratativas irregulares teniendo de por medio contratos del Estado que normalmente debieran haber procedido con licitaciones transparentes, procesalmente bien llevadas y no asignadas a dedo y para beneficio de improvisados “empresarios” surgidos del favor palaciego.
El problema del discurso paranoico en política es que suele conducir a exabruptos o huidas hacia adelante, llegando, sus protagonistas, a convencerse del mismo y actuar en consecuencia.
Que no sorprendan, pues, anuncios desfachatados, populistas, intervencionistas por parte del gobierno en estas horas. Tratará de recuperar el favor del pueblo a través de la cruzada anunciada, en la que abundará, sin duda, en promesas demagógicas o decisiones heterodoxas, que solo acrecentarán la crisis de confianza que ya existe de manera abrumadora en el sector inversor. Y pueblo no tendrá, porque lo desaprueba más del 70% del país.
Este es, claramente, un gobierno muerto, extinto, sin capacidad de emprender reforma alguna, ni siquiera de desplegar alguna política pública decente, solo con su instinto de supervivencia intacto y una astucia delictiva vigente que lo ha llevado, por ejemplo, a cooptar mafiosamente a más de una decena de congresistas con favores, pagos o contratos a allegados, para asegurar su voto protector en un Congreso, en donde, por ende, no habrá salida de esta crisis (porque la otra ruta, la del adelanto de elecciones, tampoco motiva en absoluto a una oposición tan o más mediocre que el Ejecutivo).
Veremos, en consecuencia, en los días venideros, una puesta en escena palaciega, un sainete, dañino y perjudicial, pero inefectivo y penoso. La deriva del gobierno seguirá destruyendo el país.
