Unas cuantas autoridades de la provincia de Islay, del valle del Tambo en Arequipa, amenazaron al presidente Castillo con emprender movilizaciones, y el atarantado primer mandatario que tenemos cedió y les prometió que iba a evaluar los permisos de agua ya concedidos a la empresa minera Quellaveco.
Este proyecto implica una inversión impresionante de US$ 5,500 millones, la generación de 15 mil empleos directos e indirectos y, además, incrementar en un punto porcentual el PBI del país. Y sus planes de inversión han pasado todas las supervisiones ambientales y controles respectivos para asegurar que no amenaza los recursos hídricos de su zona de influencia. A despecho de ello, Pedro Castillo, sin medir las consecuencias, prácticamente suspende la operación hasta nuevo aviso.
Será peor que la pandemia, dijimos, cuando ganó Castillo la segunda vuelta. Va camino a serlo, destruyendo no solo la democracia institucional o los estándares mínimos de funcionamiento de un Estado capaz, sino también la posibilidad de una reactivación económica (imaginamos al ministro de Economía, Kurt Burneo, recalculando sus pronósticos para el próximo año si Quellaveco deja de operar).
Al respecto, además, hace bien la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, SNMPE, en recordar que el premier Aníbal Torres, en su discurso en Perumin 35 – Convención Minera, señaló que “los inversionistas nacionales y extranjeros tengan la plena seguridad de que sus inversiones en el Perú están seguras, que el gobierno les garantiza sus inversiones en este país”.
¿Cómo se condice ese discurso con la actitud mediocre del presidente Castillo, haciendo eco de conocidos grupos antimineros, a quienes no les preocupa el tema ecológico ambiental sino, simplemente, por razones ideológicas y políticas, impedir que el Perú sea, como corresponde, por las inmensas riquezas de su subsuelo, un país minero.
Gran parte de la consecución de una economía próspera y la posibilidad de edificar un Estado capaz de atender urgencias sociales (salud, educación, infraestructura popular, etc.), pasa por lograr tasas de crecimiento importantes, por encima del 5 o 6% anuales de modo sostenido. Eso no será posible si megainversiones como la de Quellaveco, encuentran piedras políticas que las refrenan, como las que el propio presidente de la República, ha colocado en el camino (hay que sumarle a ello que Las Bambas probablemente seguirá bajo acecho, dadas las autoridades políticas elegidas en su zona de acción). Vamos hacia atrás, con un gobierno no solo mediocre y corrupto sino, además, pusilánime.
