Se ha asentado el lugar común de que, antes de proceder a la decisión congresal de adelanto de elecciones, el Congreso debe emprender una serie de reformas políticas y electorales.
Para empezar, ya casi podemos descartar que algo semejante suceda. Ni vacancia, ni acusación constitucional, ni adelanto de elecciones previa reforma constitucional. El Legislativo está aconchabado con el Ejecutivo y ambos poderes han decidido, tácitamente (salvo que el afán del Ejecutivo por disolver el Congreso, vaya en serio y rompa este escenario), quedarse en sus puestos de comando hasta el 2026.
Pero supongamos que los parlamentarios se iluminan, entienden que la vacancia es imposible, pero que es intolerable dejar que Castillo siga destruyendo el Estado impunemente, con las terribles consecuencias sociales y económicas que ello va a generar, y se ponen los pantalones y deciden reformar la Constitución para adelantar las elecciones y que se vayan todos.
¿Se va a hacer a toda prisa la ansiada reforma política y electoral? ¿Se va a volver a convocar a una comisión de notables para que produzcan una propuesta? ¿Se va a hacer caso inmediato a tesis como las de la Coalición Ciudadana (muchas de ellas sin mayor sentido)?
Sí corresponde emprender esas reformas, pero deben hacerse con tiempo de maduración, con comisiones amplias de expertos que incluyan a los voceros políticos, sujetos pasivos de la reforma, para escuchar sus voces y pareceres. Eso no se puede hacer en tres o cuatro meses. Si no, se va a repetir el experimento vizcarrista, que terminó siendo un engendro distorsionado por los congresistas y el propio Ejecutivo, y que, además, ya en sus orígenes, tenía varias observaciones que atender.
Lo importante en estos momentos es sacar a Castillo del poder. Correspondería sobradamente la vacancia, por los vínculos directos del presidente con núcleos de corrupción de allegados y familiares, pero como hay un grupo de parlamentarios cooptados delictivamente por el gobierno, nunca se podrán juntar los 87 votos necesarios para proceder a ello.
Pero para una reforma constitucional, con 66 votos y referéndum posterior, en la cual se pregunte a la ciudadanía si está de acuerdo con que se vayan todos, sí hay factibilidad y el resultado va a ser abrumador a favor. Y resolvemos el problema mayor.
Ya habrá tiempo para procesar una reforma política. Hay muchas aristas al respecto que cabe discutir a profundidad y con tiempos largos. Es tarea de un mandato completo, no de meses apurados por coyunturas electorales críticas.
